La junta de compensación del suelo urbanizable 20 Fonsillón-A Farixa, en donde Eroski preveía la construcción de su centro comercial y una urbanización residencial, reclama al Concello de Ourense 11.382.913 euros por la anulación judicial de sus proyectos de desarrollo (urbanización y compensación), en sentencias derivadas de la nulidad del Plan Xeral de 2003 en el que se sustentaban.
La reclamación patrimonial de los propietarios del ámbito -Eroski es el mayoritario- se produce a pesar de que éste se encuentra incluido en la ordenación urbanística provisional y de que la junta de compensación no ha reactivado la tramitación de estos documentos urbanísticos (proyectos y licencias), posiblemente ante la crisis económica actual y la inseguridad jurídica derivada de la situación urbanística actual, pendiente de la aprobación de un nuevo planeamiento.
Al margen de la junta de compensación, cuya reclamación aún debe resolver la administración local y después el Consello Consultivo de Galicia, la sociedad Desarrollos Comerciales, de Ocio e Inmobiliarios de Ourense -la promotora de Eroski- había presentado ya otra reclamación de 1,2 millones de euros por no poder continuar con las obras de urbanización iniciadas, en un documento en el que valoraba en 4,3 millones de euros los gastos inútiles realizados hasta la fecha y el daño emergente por no poder continuar el proyecto. El Concello ya desestimó esta petición, que ha recurrido la empresa.
Esta reclamación patrimonial es una de las 124 registradas en el Concello durante 2013. Según Servizos Xerais, la gran mayoría de ellas se encuentran todavía en tramitación, debido al atasco que ha producido en los servicios municipales la avalancha y complejidad técnica de las reclamaciones recibidas tras la anulación del PXOM.
MÁS RECLAMACIONES
Así, y aunque por número destaquen las reclamaciones derivadas de caídas en la vía pública, desde este departamento municipal se considera que el año pasado fue el del Plan Xeral de 2003, pues a lo largo de esos 365 días se resolvieron en vía administrativa la totalidad de las derivadas de su anulación. Fueron 40 reclamaciones, 80 informes -provisional y definitivo en cada expediente- y 2.528.812 euros reconocidos, de los 85.800.466 reclamados por particulares y empresas.
Aunque muchas se encuentran pendientes de la resolución del Consello Consultivo, incluyendo también reclamaciones al margen del planeamiento, el Concello resolvió 62 con carácter definitivo, de las que únicamente estimó ocho. El total reconocido fue de 2.537.572 euros, aunque no todo el dinero procedió de las arcas municipales, sino que, según explican desde Servizos Xerais, gran parte se abona por el seguro o por las empresas concesionarias del servicio o de obras cuando son éstas las responsables de los daños.
La complejidad de los expedientes ha ocasionado un incremento en el tiempo de resolución de los mismos, llegando a los 12 meses de media.
