A los juzgados llegaron 436 atestados pero salvo 15 casos el resto se archivó por no ser delictivos
La provincia registra una media de 7,4 accidentes laborales cada día. En el ejercicio de 2015, un total de 2.653 asalariados resultaron heridos leves en su puesto de trabajo y 47 revistieron gravedad. Diez personas perdieron la vida a causa de un accidente de trabajo. Respecto a 2014, las cifras han aumentado sustancialmente. Entonces, 2.487 trabajadores sufrieron heridas leves, 42 graves y cuatro fallecieron, según los datos de la estadística de accidentes de trabajo emitida por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Lo que se mantiene, eso sí, es el número de los casos que llegaron a la fiscalía relacionados con la siniestralidad laboral en la provincia. El porcentaje de los asuntos ingresados que se siguen tramitando por ser constitutivos de infracciones penales y, por tanto, llegan a juicio se sitúa en poco más del 3% -concretamente 3,4- del total de atestados.
Así lo recogen los datos facilitados a este diario por la fiscal delegada de siniestralidad laboral, Elena Fernández Rodríguez, quien destacó que las cifras del ministerio no se corresponden con las de la Fiscalía ourensana porque "en nuestra memoria no computan los accidentes in itínere ni los que ocurren fuera de las fronteras provinciales"; es decir, que el ministerio incluye en su estadística los siniestros de trabajadores de empresas ourensanas que realizan tareas en otras provincias. A la Fiscalía, en cambio, llegan los accidentes registrados en Ourense, independientemente de dónde tenga su sede la empresa.
Según los datos facilitados, el año pasado se incoaron 436 asuntos por siniestralidad laboral, de los que solo siguieron en tramitación por revestir "cierta relevancia e importancia" un total de 15: cinco por homicidio y 10 por lesiones. Preguntada por la razón de por qué ese bajo porcentaje en el número de asuntos que no se archiva, Elena Fernández destaca que responde al hecho de que "a la Fiscalía llegan todos los accidentes laborales en los que haya sido necesaria la intervención médica". Generalmente, el ministerio público recibe las comunicaciones que los facultativos remiten al juzgado cuando asisten a un trabajador que haya sufrido un accidente, iniciándose así las diligencias previas y tomando declaración de la víctima. Sus palabras son clave para determinar el futuro del asunto: la causa se archiva si el paciente deja claro que resultó herido por un descuido o causa inevitable. "Tienen la obligación de informar a la Fiscalía de todos los accidentes laborales, aunque sean leves, en los que hay asistencia médica", explica la fiscal. Pero es que al juzgado también llegan casos que no son propiamente lesiones laborales, "sino enfermedades profesionales que tampoco computan como accidente", añade Fernández, "de ahí la importante diferencia entre las causas que se incoan y las que se continúan tramitando".
La fiscal delegada destaca que de los casos que llegan a juicio con acusación del ministerio público, "prácticamente todos acaban en sentencia condenatoria". Eso sí, explica que "son penas que se acaban suspendiendo porque generalmente los acusados son delincuentes primarios –sin antecedentes". Pero las condenas no solo contemplan prisión; también indemnizaciones a los perjudicados. En este sentido, apostilla la fiscal delegada de siniestralidad laboral que “suele suceder como en los delitos en materia de tráfico: pagan las compañías aseguradoras”. En cuanto a la solicitud de las cantidades, el ministerio fiscal "suele guiarse por los varemos que se usan para tráfico", explica Fernández, añadiendo que "no es vinculante, sino orientativo tanto por parte de la fiscalía como por judicatura".
