La solicitud de indemnizaciones de particulares y empresas por la anulación definitiva del Plan Xeral de 2003 asciende ya a 109.296.882 euros. La junta de gobierno local dio ayer inicio a la tramitación de las 16 últimas reclamaciones de responsabilidad criminal, que elevan a 33 las tramitadas desde los servicios jurídicos de la Concejalía de Urbanismo como consecuencia de la alteración de las condiciones urbanísticas derivada de la nulidad judicial.
Particulares y empresas demandan cantidades que van de los 20.000 euros a los 40 millones, si bien desde el departamento municipal de Urbanismo se señala que las cantidades son 'susceptibles de sufrir un incremento na fase de proba do procedemento administrativo', aunque también pueden verse minimizadas considerablemente e incluso finalizar en un proceso judicial en el Contencioso-Administrativo.
Los reclamantes justifican sus solicitudes de indemnización en los perjuicios que, a su juicio, le ocasiona la nulidad del planeamiento aprobado por el gobierno de Manuel Cabezas, que supone una alteración de las condiciones urbanísticas -principalmente, que solares calificados como urbanos en este planeamiento pasen a ser ahora, con el de 1986 vigente, rústicos-. Esta variación implica, asimismo, la imposibilidad que tienen ahora los propietarios de ejercer la facultad de participar en actuaciones de nueva urbanización.
Por otro lado, los reclamantes incluyen los gastos derivados de la actividad empresarial, los costes y financiación realizados para promocionar las actuaciones de urbanización, que ahora resultan inútiles ante la pérdida de vigencia del Plan de 2003.
En todo caso, el propio Concello destaca que la Lei do Solo considera 'indemnizable a perda de facultade de participar nos desenvolvementos urbanísticos', si bien recuerda que la jurisprudencia reitera la existencia de 'solidariedade entre administracións na responsabilidade polas alteracións por cambios de ordenación urbanística ou pola nulidade de instrumentos de planeamento', toda vez que este documento fue aprobado definitivamente por la Xunta. Además de estas reclamaciones, tanto la Xunta como el Concello tienen que defender la ordenación urbanística provisional, contra la que se han presentado ya diversos recursos por la inclusión de determinados ámbitos privados.
Los reclamantes justifican sus solicitudes de indemnización en los perjuicios que, a su juicio, le ocasiona la nulidad del planeamiento aprobado por el gobierno de Manuel Cabezas, que supone una alteración de las condiciones urbanísticas -principalmente, que solares calificados como urbanos en este planeamiento pasen a ser ahora, con el de 1986 vigente, rústicos-. Esta variación implica, asimismo, la imposibilidad que tienen ahora los propietarios de ejercer la facultad de participar en actuaciones de nueva urbanización.
Por otro lado, los reclamantes incluyen los gastos derivados de la actividad empresarial, los costes y financiación realizados para promocionar las actuaciones de urbanización, que ahora resultan inútiles ante la pérdida de vigencia del Plan de 2003.
En todo caso, el propio Concello destaca que la Lei do Solo considera 'indemnizable a perda de facultade de participar nos desenvolvementos urbanísticos', si bien recuerda que la jurisprudencia reitera la existencia de 'solidariedade entre administracións na responsabilidade polas alteracións por cambios de ordenación urbanística ou pola nulidade de instrumentos de planeamento', toda vez que este documento fue aprobado definitivamente por la Xunta. Además de estas reclamaciones, tanto la Xunta como el Concello tienen que defender la ordenación urbanística provisional, contra la que se han presentado ya diversos recursos por la inclusión de determinados ámbitos privados.
