Fernández aseguró que un informe de la inspección puso de relieve que las medidas de refuerzo del juzgado "no han dado los frutos necesarios y esperados
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudiará la "opción" de destinar a un juez de adscripción territorial (JAT) al Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, que instruye causas como la 'Operación Pokemon', con el apoyo de la Xunta de Galicia, tras las quejas de la titular del mismo, Pilar de Lara Cifuentes. Así lo aseguró ayer en Ourense el vocal territorial del CGPJ, Juan Manuel Fernández Martínez, a preguntas de los medios sobre las quejas que la jueza instructora de la 'Pokemon' en relación a la retirada de personal de refuerzo.
Fernández aseguró que un informe de la inspección puso de relieve que las medidas de refuerzo del juzgado "no han dado los frutos necesarios y esperados,", lo que exige un "replanteamiento" de la situación". El refuerzo consistió en un juez y funcionarios para tramitar asuntos ordinarios y permitir que la magistrada titular pudiese centrarse en causas de especial complejidad. El actual equipo del CGPJ acordó en 2013 mantenerlo, pero, tras su revisión a finales de 2014, decidió "ponerle fin" ante la falta de resultados fructíferos.
El informe de inspección apunta como "opción " la adscripción a ese juzgado lucense de un JAT para reforzar la labor de los juzgados. "Se tratará de hacerlo en el menor tiempo posible pero, en este momento, no puedo decir con precisión cuánto tiempo será, pero es una preocupación y una necesidad y espero que sea en plazo breve", concluyó.
Según manifestó el vocal del CGPJ, la Xunta"colaborará" con los medios que sean necesarios "en apoyo a las medidas que se adopten en el CGPJ", según "conversaciones mantenidas en las últimas horas" con responsables autonómicos.
Fernández agradeció la política de la Xunta de impulsar la "modernización y mejoras de eficacia" en la Justicia. Y todo ello en un contexto y situación de dificultad económica "en la que hay que priorizar los recursos".
El vocal del CGPJ, a preguntas sobre la directriz explicada por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, de limitar la fase de instrucción de las macro causas a 18 meses, aludió al "grave problema" de la duración de los procesos de instrucción porque a los imputados "les ocasiona un lógico perjuicio, sin olvidar que estando amparados por la presunción de inocencia, en la opinión pública se les tiene como culpables".
Esos procesos largos de instrucción también "suponen una merma de la confianza ciudadana" en la Administración de Justicia "y parece equipararse con impunidad", añadió. En ese sentido, ha manifestado que fijar un plazo para la instrucción es "razonable". El CGPJ "ya hizo saber" al Ministerio de Justicia que para "que sea realidad y el plazo se pueda exigir" es "necesario" un contexto de modernidad y "contar con los medios y recursos necesario".
También ha aludido a la necesidad "expresada continuamente" por el CGPJ de un nuevo modelo de organización judicial "que permita ser más eficientes" y a la "espera de lo que impulse el Gobierno" después de que el diseño del anterior ministro de Justicia "no prosperase".
En cuanto a la dotación de nuevos órganos unipersonales en Ourense, descartó esta posibilidad a corto plazo por la coyuntura de crisis económica que "obliga a optimizar los recursos", de ahí que sólo se estén creando plazas en órganos colegiados. Además, enlazó este tema con el hecho de que la nueva organización judicial gira en torno a potenciar los tribunales de instancia. Aún así, recordó, los órganos más saturados se benefician de planes de refuerzo.
Fernández Martínez se reunió ayer con los jueces de la ciudad para intercambiar impresiones. En la Audiencia, abogaron por una plaza más en la sección Civil.
