La junta municipal de gobierno concedió ayer licencia de ocupación a la empresa Siresa Noroeste, la misma que gestiona la residencia universitaria del Campus y que, pese a estar abierta desde hace más de 10 años, tan sólo contaba con permiso de obra.
Pero la concesión de la licencia, que la concejala de Urbanismo, Aurea Soto, justifica en el cumplimiento de la legalidad y en la defensa de los equipamientos públicos, ha vuelto a generar controversia con uno de los propietarios de los terrenos, el promotor de Casas Orense, dueño de parte del suelo del área de reparto en la que se construyó este recinto, donde Concello y Universidad quieren desarrollar la reordeación del Campus.
Su abogado, Antonio Feijóo, anunciaba ayer mismo que pedirá una copia de todo el expediente para acudir a la vía penal contra los miembros de la junta de gobierno y los técnicos que informaron favorablemente esa licencia.
En el trasfondo de este asunto está el pleito que promotor y Concello mantienen por el destino del suelo en el área universitaria, donde el gobierno local mantiene paralizado un proyecto de compensación y ha dado el uso residencial a la parte posterior del espacio universitario, no hacia la fachada de la avenida Otero Pedrayo, donde pretende el promotor. Así las cosas, Antonio Feijóo hace hincapié en la 'irregularidad' que supone la licencia de ocupación cuando la obra de urbanización no está ejecutada, lo que podría ser constitutivo, dice, de un delito de prevaricación, por constituir una ilegalidad flagrante.
Su abogado, Antonio Feijóo, anunciaba ayer mismo que pedirá una copia de todo el expediente para acudir a la vía penal contra los miembros de la junta de gobierno y los técnicos que informaron favorablemente esa licencia.
En el trasfondo de este asunto está el pleito que promotor y Concello mantienen por el destino del suelo en el área universitaria, donde el gobierno local mantiene paralizado un proyecto de compensación y ha dado el uso residencial a la parte posterior del espacio universitario, no hacia la fachada de la avenida Otero Pedrayo, donde pretende el promotor. Así las cosas, Antonio Feijóo hace hincapié en la 'irregularidad' que supone la licencia de ocupación cuando la obra de urbanización no está ejecutada, lo que podría ser constitutivo, dice, de un delito de prevaricación, por constituir una ilegalidad flagrante.
