Los Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (Gestha) -una organización de profesionales de este servicio público- sostiene que el actual sistema de recaudación de la Agencia Tributaria perjudica a colectivos como los desempleados, divorciados y empresas en quiebra, circunstancia que perjudica a 15.600 ourensanos, según los datos de este colectivo.
Los técnicos alegan que la Hacienda Pública, en lugar de adaptar las vías de recaudación a la crisis (para luchar contra la economía sumergida y los grandes defraudadores), presiona a colectivos más perjudicados en su economía, con medidas que califican de 'disparatadas', y que va a pedir que se modifiquen.
Los técnicos de Hacienda explican que los 14.784 desempleados ourensanos que percibieron prestaciones por desempleo durante 2009 están obligados a realizar la declaración de la renta si tienen unos ingresos superiores a 11.200 euros, cuando para la mayoría de declarantes (que tengan un solo pagador) están fijados en 22.000 euros.
Mientras, con respecto a los casos de divorcio -737 el año pasado en Ourense-, el cónyuge que se queda la vivienda paga a su ex pareja la mitad correspondiente y éste debe pagar entre un 19% y 21% en concepto de ganancia patrimonial.
Esto se repite en casos de personas que pierden su vivienda por no poder pagar la hipoteca (si bien Gestha no dispone de datos del número de afectados a nivel provincial), ya que si el precio por el que se vende en la subasta resulta mayor que el escriturado, también considera que hay una ganancia patrimonial y le exigirá entre un 19 y 21%.
Mientras, en el caso de las empresas que entran en proceso concursal -85 en Ourense el año pasado- tienen que tributar en caso de llegar a un acuerdo con sus acreedores y les imputa un 'beneficio a distribuir en varios ejercicios', que tributará en el Impuesto de Sociedades. Esto se produce también si el deudor entrega un bien para hacer frente al pago de una deuda.
aplicar la ley
Desde la Agencia Tributaria, se muestran en desacuerdo con los datos de Gestha, asegurando que 'lo disparatado es que piensen que no hay que aplicar la ley en estos casos'. Así, alegan que en el caso de los parados simplemente se trata de hacer la liquidación de lo ya ingresado -y la mayoría salen a devolver-, mientras que en los otros casos en los que se produce un beneficio, hay que tributar sobre él. 'No se puede hacer arbitrariamente la vista gorda sobre determinados colectivos', alegan.
Asimismo, la Agencia Tributaria niega que no se esté investigando el fraude, alegando que las inspecciones realizadas el año pasado dieron como resultado el descubrimiento de una deuda media de 175.000 euros en los casos en los que se detectaron irregularidades.
Los técnicos de Hacienda explican que los 14.784 desempleados ourensanos que percibieron prestaciones por desempleo durante 2009 están obligados a realizar la declaración de la renta si tienen unos ingresos superiores a 11.200 euros, cuando para la mayoría de declarantes (que tengan un solo pagador) están fijados en 22.000 euros.
Mientras, con respecto a los casos de divorcio -737 el año pasado en Ourense-, el cónyuge que se queda la vivienda paga a su ex pareja la mitad correspondiente y éste debe pagar entre un 19% y 21% en concepto de ganancia patrimonial.
Esto se repite en casos de personas que pierden su vivienda por no poder pagar la hipoteca (si bien Gestha no dispone de datos del número de afectados a nivel provincial), ya que si el precio por el que se vende en la subasta resulta mayor que el escriturado, también considera que hay una ganancia patrimonial y le exigirá entre un 19 y 21%.
Mientras, en el caso de las empresas que entran en proceso concursal -85 en Ourense el año pasado- tienen que tributar en caso de llegar a un acuerdo con sus acreedores y les imputa un 'beneficio a distribuir en varios ejercicios', que tributará en el Impuesto de Sociedades. Esto se produce también si el deudor entrega un bien para hacer frente al pago de una deuda.
aplicar la ley
Desde la Agencia Tributaria, se muestran en desacuerdo con los datos de Gestha, asegurando que 'lo disparatado es que piensen que no hay que aplicar la ley en estos casos'. Así, alegan que en el caso de los parados simplemente se trata de hacer la liquidación de lo ya ingresado -y la mayoría salen a devolver-, mientras que en los otros casos en los que se produce un beneficio, hay que tributar sobre él. 'No se puede hacer arbitrariamente la vista gorda sobre determinados colectivos', alegan.
Asimismo, la Agencia Tributaria niega que no se esté investigando el fraude, alegando que las inspecciones realizadas el año pasado dieron como resultado el descubrimiento de una deuda media de 175.000 euros en los casos en los que se detectaron irregularidades.
