Los expertos lo tienen claro: el único recurso legal que puede utilizar el Concello para cambiar el proyecto de compensación de la Finca Santamarina pasa por una modificación puntual del PXOM, puesto que este trámite sólo está a expensas de una ratificación ya que no habido alegaciones contra él.
Las supuestas cartas ocultas a las que hizo referencia el alcalde de Ourense, Francisco Rodríguez, para dar a entender los posibles mecanismos legales que facultarían al Concello a presionar a la constructora Flager para variar el proyecto de compensación de la Finca Santamarina, son una incógnita. No obstante, juristas de la administración local consultados por este periódico advierten que no existen tales mecanismos, argumentando que el proyecto de la empresa se ajusta al Plan Xeral que está en vigor y sobre el que no se ha dado ningún recurso en la AR-39E, área de reparto que corresponde a la parcela. De hecho, estos juristas advierten que el Concello podría estar incurriendo en una ilegalidad al no respetar el cauce legal del proceso, sólo pendiente de su aprobación definitiva.
Eso sí, dan como única vía posible una modificación del propio PXOM, aunque alertan del grave perjuicio ecónomico que pondría suponer para el Concello.
Sin embargo, esta opción cuenta con viabilidad, tal y como señala el abogado Xosé Luis Brea, en función de la ius variandi, la potestad de la administración para realizar modificaciones en la legislación por el bien común. De hecho, precisa que la modificación puntual del PXOM tendría que contar con el beneplácito de la Consellería de Política Territorial, y que el Concello podría argumentar la necedidad de más suelo dotacional: Nese suposto, e postos nun litixio xudicial coa empresa, sería moi difícil que un tribunal botase abaixo unha petición de máis infraestructuras para o uso da comunidade, precisa Brea.
Sin embargo, otros juristas como José Ignacio Losada ven en la maniobra del Concello un chantaje hacia la empresa, para que ceda en algunas pretensiones municipales y poder venderlas así hacia la opinión pública. De hecho, analiza que la constructora es fuerte y tiene tras de sí a grandes grupos como El Corte Inglés, que tienen interés en ejecutar el proyecto y en no retrasarlo más por culpa de un nuevo pleito judicial.
Este abogado recuerda que el proyecto de compensación, una vez incluido en el PXOM y con la sentencia que avala la operación de venta (sin que se produjesen recursos), legalmente, tendría que recibir inmediata licencia por parte del Concello, porque no tienen base jurídica para pedir más cesiones, ya que en su día no se hizo.
El PP ve chantaje en la postura municipal
El portavoz del grupo municipal del PP, Enrique Nóvoa, considera que la postura de Francisco Rodríguez sobre la futura urbanización de la Finca Santamarina está muy cerca del chantaje. Argumenta que existe una sentencia firme que desbloquea un proyecto que tendría que haber empezado a caminar hace siete años, y señala que existe un PXOM, herramienta jurídica y urbanística que fija las condiciones sobre las que se puede llevar a cabo el proyecto. Por todo ello, advierte que si el documento cumple con esas condiciones, no veo que existan argumentos legales para pedir nuevas contrapartidas a cambio de dar unos permisos que la ley ya le otorga a la empresa.
Sin embargo, Nóvoa concluye que cabe otra opción: Es posible que el alcalde quiera hacer un paripé de negociación con el fin de rentabilizar como méritos suyos las dotaciones que se prevén en Mariñamansa, como son un polideportivo, un parque diez veces mayor que el de San Lázaro y viales que racionalicen la circulación en el entorno del Complexo Hospitalario. Por último, el líder local del PP sostiene que el regidor está llevando el asunto a terrenos muy peligrosos, ya que su postura carece de respaldo legal, alertando de un posible precedente de inseguridad jurídica para cualquier ciudadano.
Eso sí, dan como única vía posible una modificación del propio PXOM, aunque alertan del grave perjuicio ecónomico que pondría suponer para el Concello.
Sin embargo, esta opción cuenta con viabilidad, tal y como señala el abogado Xosé Luis Brea, en función de la ius variandi, la potestad de la administración para realizar modificaciones en la legislación por el bien común. De hecho, precisa que la modificación puntual del PXOM tendría que contar con el beneplácito de la Consellería de Política Territorial, y que el Concello podría argumentar la necedidad de más suelo dotacional: Nese suposto, e postos nun litixio xudicial coa empresa, sería moi difícil que un tribunal botase abaixo unha petición de máis infraestructuras para o uso da comunidade, precisa Brea.
Sin embargo, otros juristas como José Ignacio Losada ven en la maniobra del Concello un chantaje hacia la empresa, para que ceda en algunas pretensiones municipales y poder venderlas así hacia la opinión pública. De hecho, analiza que la constructora es fuerte y tiene tras de sí a grandes grupos como El Corte Inglés, que tienen interés en ejecutar el proyecto y en no retrasarlo más por culpa de un nuevo pleito judicial.
Este abogado recuerda que el proyecto de compensación, una vez incluido en el PXOM y con la sentencia que avala la operación de venta (sin que se produjesen recursos), legalmente, tendría que recibir inmediata licencia por parte del Concello, porque no tienen base jurídica para pedir más cesiones, ya que en su día no se hizo.
El PP ve chantaje en la postura municipal
El portavoz del grupo municipal del PP, Enrique Nóvoa, considera que la postura de Francisco Rodríguez sobre la futura urbanización de la Finca Santamarina está muy cerca del chantaje. Argumenta que existe una sentencia firme que desbloquea un proyecto que tendría que haber empezado a caminar hace siete años, y señala que existe un PXOM, herramienta jurídica y urbanística que fija las condiciones sobre las que se puede llevar a cabo el proyecto. Por todo ello, advierte que si el documento cumple con esas condiciones, no veo que existan argumentos legales para pedir nuevas contrapartidas a cambio de dar unos permisos que la ley ya le otorga a la empresa.
Sin embargo, Nóvoa concluye que cabe otra opción: Es posible que el alcalde quiera hacer un paripé de negociación con el fin de rentabilizar como méritos suyos las dotaciones que se prevén en Mariñamansa, como son un polideportivo, un parque diez veces mayor que el de San Lázaro y viales que racionalicen la circulación en el entorno del Complexo Hospitalario. Por último, el líder local del PP sostiene que el regidor está llevando el asunto a terrenos muy peligrosos, ya que su postura carece de respaldo legal, alertando de un posible precedente de inseguridad jurídica para cualquier ciudadano.
