La TVG distribuye discrecionalmente otros diez millones cada año entre los medios

A los aproximadamente 30 millones de euros en los que se mueve anualmente el dinero público que la Xunta inyecta en los medios de comunicación privados, hay que sumar los que reciben de otro organismo público, la CRTVG.
De este modo, a las ayudas recibidas de la Xunta, bien de forma directa o mediante agencias, hay que sumar otro cuantioso reparto, también de forma discrecional, que ronda los 10 millones de euros anuales.

La televisión pública se convierte de este modo en una vía de inyección indirecta de dinero en algunas de las principales empresas gallegas de comunicación y de nuevo con criterios discrecionales marcados por el presidente de turno, en este caso, Alberto Núñez Feijóo, que pasó, cuando estaba en la oposición, de quejarse de este uso 'discrecional y despilfarrador' del dinero público a valerse de él como nadie había hecho hasta ahora para salvaguardar su imagen y su controvertida gestión, condicionando las informaciones periodísticas.

El propio funcionamiento y financiación de la Televisión de Galicia, a la que la Xunta de Feijóo inyecta anualmente 120 millones de euros, es un ejemplo de la estrategia de Comunicación que el ahora presidente ha instaurado en Galicia.

El propio Feijóo, antes de llegar al gobierno, solía quejarse amargamente de la CRTVG por lo que suponía de derroche de fondos públicos al servicio de los intereses partidistas del gobierno.

En cuanto accedió a la presidencia no sólo hizo suyo ese modelo sino que lo reforzó y ya ha anunciado que de seguir gobernando consolidará una fórmula con la que se garantiza una plataforma de comunicación enteramente a su servicio, aunque de un elevado coste económico, social y empresarial, puesto que ejerce como desestabilizador del sector privado.
El presidente que intenta forjarse desde que accedió a la Xunta una imagen de político eficiente y austero mantiene un desorbitado gasto en una empresa sobredimensionada mientras recorta recursos en educación, sanidad y servicios sociales, con el pretexto de contener el déficit.

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