La Concejalía de Urbanismo de Ourense busca la fórmula jurídica -incluso modificando puntualmente el planeamiento de 1987- para que la previsible anulación definitiva del PXOM -no se descarta que pueda producirse en un plazo de 9-12 meses- no paralice la disposición de suelo para dotaciones, los planes especiales para empresas y termalismo o la integración del AVE en la ciudad que, por cierto, no aparece en el Plan. Mientras, ultima el pliego de bases para sacar a concurso la redacción de uno nuevo.
Los expertos consultados por el Concello de Ourense sostienen que la anulación del Plan de Urbanismo de 2003 será una realidad definitiva en 12 meses o en tres años -el tiempo que tarde depende sólo de que el Supremo admita o no a trámite los recursos de casación acordados-. Así lo asegura la concejala de Urbanismo, Áurea Soto, que por ello urge fórmulas para evitar el bloqueo urbanístico de la ciudad, al tiempo que prepara el pliego de condiciones para sacar a concurso la redacción de un nuevo planeamiento.
En el primer caso, y siempre en colaboración con la Xunta, recalca, se plantea incluso la posibilidad de abordar reformas puntuales del Plan de 1987 para activar una serie de espacios e iniciativas que su departamento ha considerado como prioritarios. Estos son: la disponibilidad de suelos para dotaciones públicas, la integración del AVE en la ciudad, el desarrollo de las diferentes áreas empresariales, el plan especial de termalismo y la zona por donde se ha de marcar, a su juicio, el crecimiento natural de la ciudad, que no es otra que el entorno de la ronda bulevar hacia el sur y hacia Barbadás. En el peor de los casos, si el Supremo no admite a trámite los recursos, hay que tener preparadas ya unas normas transitorias o modificaciones puntuales que mantengan estas prioridades activadas y que, además, serán blindadas, es decir, sobre las que no haya riesgo de interposición de demandas que causasen más perjuicios.
En el segundo caso, la concejalía de Urbanismo ultima ya el pliego de condiciones que ha de regir la adjudicación de un nuevo planeamiento, un pliego que quiere tener terminado en un mes, si es posible. Urge, señala, porque un nuevo PXOM tarda años en materializarse, más incluso que lo que tarde en resolver el Supremo aunque admita a trámite los recursos.
Por cierto que a ese nuevo Plan, cuya terminología ha de medirse también para no quedar expuesto a denuncias, se incorporará lo que esté ejecutado o con una gestión urbanística muy avanzada, siempre coordinándolo con la nueva normativa, que exige informes medioambientales para asegurar las posibilida des de abastecimiento de agua y saneamiento de los proyectos. Lo que hay ahora, señala, no resistiría un informe de este tipo -cuando en 2003 se aprobó el Plan ahora anulado el informe de impacto ambiental no era obligatorio y no se hizo-.
En el primer caso, y siempre en colaboración con la Xunta, recalca, se plantea incluso la posibilidad de abordar reformas puntuales del Plan de 1987 para activar una serie de espacios e iniciativas que su departamento ha considerado como prioritarios. Estos son: la disponibilidad de suelos para dotaciones públicas, la integración del AVE en la ciudad, el desarrollo de las diferentes áreas empresariales, el plan especial de termalismo y la zona por donde se ha de marcar, a su juicio, el crecimiento natural de la ciudad, que no es otra que el entorno de la ronda bulevar hacia el sur y hacia Barbadás. En el peor de los casos, si el Supremo no admite a trámite los recursos, hay que tener preparadas ya unas normas transitorias o modificaciones puntuales que mantengan estas prioridades activadas y que, además, serán blindadas, es decir, sobre las que no haya riesgo de interposición de demandas que causasen más perjuicios.
En el segundo caso, la concejalía de Urbanismo ultima ya el pliego de condiciones que ha de regir la adjudicación de un nuevo planeamiento, un pliego que quiere tener terminado en un mes, si es posible. Urge, señala, porque un nuevo PXOM tarda años en materializarse, más incluso que lo que tarde en resolver el Supremo aunque admita a trámite los recursos.
Por cierto que a ese nuevo Plan, cuya terminología ha de medirse también para no quedar expuesto a denuncias, se incorporará lo que esté ejecutado o con una gestión urbanística muy avanzada, siempre coordinándolo con la nueva normativa, que exige informes medioambientales para asegurar las posibilida des de abastecimiento de agua y saneamiento de los proyectos. Lo que hay ahora, señala, no resistiría un informe de este tipo -cuando en 2003 se aprobó el Plan ahora anulado el informe de impacto ambiental no era obligatorio y no se hizo-.
