Soto ya denunció un posible delito de malversación de fondos públicos en "vertiente agravada por cuantía y daño público", por 1,6 millones de euros
La responsable de Urbanismo del Ayuntamiento de Ourense, Áurea Soto, ha pedido hoy por vía penal la imputación del ex alcalde de Ourense Manuel Cabezas, y de dos ediles, por la cesión del 10% del aprovechamiento urbanístico en la capital orensana.
Así lo ha anunciado esta mañana la titular de Urbanismo, quien ha avanzado en una comparecencia de prensa la remisión al juzgado de cuatro cajas de documentación en las que se incluyen los 15 expedientes de compensación de convenios urbanísticos relativos a la cesión del 10% de aprovechamiento que debía de haber recibido el Ayuntamiento.
Por estos hechos, la titular de Urbanismo ha requerido esta "solicitud de investigación" al titular del Juzgado de Instrucción número uno, en concreto la citación en calidad de imputados del exalcalde popular Manuel Cabezas, así como de los que fueron concejales de Urbanismo, Díaz Salcedo y Ricardo Campo Labrador, y del entonces secretario municipal Mariano Rodríguez.
"En aquel momento se emitió un informe diciendo que no era conforme a la legalidad", firmado por dos arquitectos municipales, ha detallado Soto, quien ha señalado que este hecho se trasladó a la Junta de Gobierno Local y posteriormente de compensación al apreciar "alguna irregularidad".
Según un informe realizado por los técnicos municipales, el Ayuntamiento habría dejado de percibir ese 10% de aprovechamiento, que asciende a algo más de 1,6 millones de euros, motivo por el cual ha solicitado la comparecencia del exregidor como responsables, tras señalar que "nos parecía un exceso llamar a la Junta de gobierno local de esos 12 años".
Entonces, el funcionario acusó a Cabezas de haber participado en pelotazos urbanísticos posteriormente denunciados por el ex regidor quien acusó al secretario de delito de calumnias e injurias.
"Independientemente de que se presenten querellas", Soto ha vinculado ámbitos municipales por los que se ha dejado de percibir dicho aprovechamiento, entre ellos, la residencia universitaria, incluida en el área de reparto del campus.
"Un edificio destinado a residencia universitaria y espacios verdes", que al haberse hecho de forma anticipada "adelanta la urbanización depositado en un aval" y que fue denunciado por el promotor que ha llevado al ayuntamiento a la vía penal, en este caso, por no contar con licencia de ocupación.
En septiembre, la concejala denunció en el juzgado la gestión urbanística de la ciudad, durante el gobierno del PP, por supuesta malversación de fondos públicos derivada de la exención del pago de cesiones urbanísticas.
En la misma pedía que "se investigue lo que ha sido el urbanismo y la manera de actuar" del gobierno del PP al frente del gobierno municipal, en el periodo comprendido entre 1997 y 2002 y donde Manuel Cabezas eximió al sector de la construcción del pago de las cesiones urbanísticas, lo que supuso, dijo, la "pérdida cuantificada de 1,6 millones de euros" para las arcas municipales.
El ejecutivo socialista entiende que el gobierno de Cabezas obvió la ley que impone la cesión del 10% del aprovechamiento urbanístico en los suelos urbanos no consolidados y que habría provocado la judicialización de los asuntos urbanísticos de la ciudad.
