La Xunta acaba de abrir un expediente sancionador a los propietarios de las viviendas con orden de derribo en Pereiro y Vilamartín por obrar ilegalmente. Las multas, aún sin cuantificar, pueden llegar al millón de euros. Por su parte, los afectados han denunciado en Política Territorial más de 500 construciones presuntamente ilegales.
Desesperados porque no ven visos de solución. Así se encuentran los propietarios de las viviendas de Pereiro de Aguiar y Vilamartín cuyas edificaciones están amenazas de derribo por estar construidas en suelo no urbanizable (suelo de protección de cauce e interés paisajístico en el primero de ellos y rústico ordinario en el segundo).
Con independencia de la orden de demolición nacida de los expedientes de reposición de legalidad incoados por la Xunta y las multas que están recibiendo por no haber procedido al derribo (cada afectado ya recibió dos sanciones económicas cada una de ellas por cuantías de entre 4.000 y 10.000 euros), ahora Política Territorial les acaba de abrir también un expediente administrativo por haber obrado de forma ilegal. Esta nueva situación se traduce en una importante sanción económica, todavía sin cuantificar, pero que puede oscilar entre los 60.000 y el millón de euros.
El abogado de los afectados, José Luis Brea, ya ha iniciado la vía judicial contra esta medida que aunque reconoce que es totalmente legal entiende que é un exceso. El letrado ha presentado recurso contra este expediente en los juzgados de Ourense (Contencioso-administrativo), pero en los últimos días le ha llegado notificación de que es competencia de A Coruña.
Esta sanción llega justo después de que el letrado de los afectados, que han constituidos sus respectivas asociaciones de vecinos contra os derribos de vivendas, denunciase ante la Consellería de Política Territorial (en representación de sus clientes) más de 500 construcciones presuntamente ilegales existentes en ambos municipios por hallarse en la misma situación que las expedientadas por la Xunta. Esta medida (o todos o ninguno), que se encuentra en trámite administrativo, surge como una forma de presión ante la Administración evitando que se utilicen estas demoliciones para dar ejemplo, pero no con intención de solventar el problema porque si no tendrán que derribar centenares de casas, miles en Galicia, aseguran los afectados que se sienten cabezas de turco de una realidad que no es exclusiva de estas viviendas. Para Brea Sanmartín resulta curioso que xusto no momento en que se presentan as denuncias contra as obras presuntamente ilegais se abran os expedientes de sanción ós meus clientes.
Tanto en Pereiro de Aguiar como en Vilamartín, los afectados tienen sus esperanzas puestas en los respectivos planeamientos urbanísticos, pero aseguran estar hartos de buenas palabras.
Con independencia de la orden de demolición nacida de los expedientes de reposición de legalidad incoados por la Xunta y las multas que están recibiendo por no haber procedido al derribo (cada afectado ya recibió dos sanciones económicas cada una de ellas por cuantías de entre 4.000 y 10.000 euros), ahora Política Territorial les acaba de abrir también un expediente administrativo por haber obrado de forma ilegal. Esta nueva situación se traduce en una importante sanción económica, todavía sin cuantificar, pero que puede oscilar entre los 60.000 y el millón de euros.
El abogado de los afectados, José Luis Brea, ya ha iniciado la vía judicial contra esta medida que aunque reconoce que es totalmente legal entiende que é un exceso. El letrado ha presentado recurso contra este expediente en los juzgados de Ourense (Contencioso-administrativo), pero en los últimos días le ha llegado notificación de que es competencia de A Coruña.
Esta sanción llega justo después de que el letrado de los afectados, que han constituidos sus respectivas asociaciones de vecinos contra os derribos de vivendas, denunciase ante la Consellería de Política Territorial (en representación de sus clientes) más de 500 construcciones presuntamente ilegales existentes en ambos municipios por hallarse en la misma situación que las expedientadas por la Xunta. Esta medida (o todos o ninguno), que se encuentra en trámite administrativo, surge como una forma de presión ante la Administración evitando que se utilicen estas demoliciones para dar ejemplo, pero no con intención de solventar el problema porque si no tendrán que derribar centenares de casas, miles en Galicia, aseguran los afectados que se sienten cabezas de turco de una realidad que no es exclusiva de estas viviendas. Para Brea Sanmartín resulta curioso que xusto no momento en que se presentan as denuncias contra as obras presuntamente ilegais se abran os expedientes de sanción ós meus clientes.
Tanto en Pereiro de Aguiar como en Vilamartín, los afectados tienen sus esperanzas puestas en los respectivos planeamientos urbanísticos, pero aseguran estar hartos de buenas palabras.
