El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) pidió en un documento dirigido al Gobierno, que modifique normativas para conseguir que el ordenamiento jurídico español se adapte a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Las principales adaptaciones están dirigidas al Ministerio de Sanidad y Política Social, pero también se realizan propuestas para los Ministerios de Justicia, Educación, Interior, Vivienda, Presidencia y Trabajo e Inmigración.
Algunas de las modificaciones que se plantean a Sanidad y Política Social son las relativas a la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal (Liondau) para aprobar un nuevo baremo de la discapacidad, extender la protección jurídica contra la discriminación a las situaciones de discapacidad de hecho, presentes y futuras o rebajar los límites temporales máximos para hacer exigibles las condiciones de accesibilidad, explicó la organización.
En cuanto al Ministerio de Justicia, el CERMI cree necesario cambiar el Código Civil para suprimir el supuesto de aborto eugenésico y la esterilización involuntaria por causa de discapacidad y mejorar la protección penal de las personas con discapacidad, entre otros casos. También se propone cambiar las leyes para garantizar la participación de las personas con discapacidad en la Justicia y suprimir la discriminación vigente para participar como miembros del Jurado o la imposibilidad para actuar como testigos en determinados actos notariales.
En lo referente al Ministerio de Educación, pretenden que se refuerce el principio de educación inclusiva y la obligatoriedad para las Administraciones educativas de proporcionar apoyos efectivos al alumnado con discapacidad.
Por otro lado, las medidas propuestas para el Ministerio de Interior están encaminadas a modificar la ley electoral para que garantice el acceso de las personas con discapacidad a los procesos electorales y a la vida política sin discriminaciones y que cambie las normas de acceso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que contienen elementos discriminatorios contra personas con discapacidad, según recoge el documento.
En materia de Vivienda, el CERMI propone también que se reforme la Ley de Propiedad Horizontal para que el coste de las actuaciones de accesibilidad en las comunidades de propietarios sean asumidos íntegramente por éstas, y la Ley de Integración Social de las Personas con Discapacidad (Lismi) para elevar la cuota de reserva de viviendas para personas con discapacidad y extenderla a proyectos colectivos de vida independiente desarrollados por entidades del tercer sector.
Por último, al Ministerio de Trabajo e Inmigración el CERMI propone extender el principio de igualdad de trato y no discriminación en la ocupación y en el empleo a la formación de todo tipo, al empleo público y a las profesiones que tiene como requisito previo la colegiación obligatoria. De esta forma, pide la modificación de la Ley reguladora del Consejo Económico y Social para dar entrada a las organizaciones de personas con discapacidad y sus familias.
En cuanto al Ministerio de Justicia, el CERMI cree necesario cambiar el Código Civil para suprimir el supuesto de aborto eugenésico y la esterilización involuntaria por causa de discapacidad y mejorar la protección penal de las personas con discapacidad, entre otros casos. También se propone cambiar las leyes para garantizar la participación de las personas con discapacidad en la Justicia y suprimir la discriminación vigente para participar como miembros del Jurado o la imposibilidad para actuar como testigos en determinados actos notariales.
En lo referente al Ministerio de Educación, pretenden que se refuerce el principio de educación inclusiva y la obligatoriedad para las Administraciones educativas de proporcionar apoyos efectivos al alumnado con discapacidad.
Por otro lado, las medidas propuestas para el Ministerio de Interior están encaminadas a modificar la ley electoral para que garantice el acceso de las personas con discapacidad a los procesos electorales y a la vida política sin discriminaciones y que cambie las normas de acceso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que contienen elementos discriminatorios contra personas con discapacidad, según recoge el documento.
En materia de Vivienda, el CERMI propone también que se reforme la Ley de Propiedad Horizontal para que el coste de las actuaciones de accesibilidad en las comunidades de propietarios sean asumidos íntegramente por éstas, y la Ley de Integración Social de las Personas con Discapacidad (Lismi) para elevar la cuota de reserva de viviendas para personas con discapacidad y extenderla a proyectos colectivos de vida independiente desarrollados por entidades del tercer sector.
Por último, al Ministerio de Trabajo e Inmigración el CERMI propone extender el principio de igualdad de trato y no discriminación en la ocupación y en el empleo a la formación de todo tipo, al empleo público y a las profesiones que tiene como requisito previo la colegiación obligatoria. De esta forma, pide la modificación de la Ley reguladora del Consejo Económico y Social para dar entrada a las organizaciones de personas con discapacidad y sus familias.
