El número de denuncias de violencia de género ascendió a 34.347 en el segundo trimestre del año, lo que supone un incremento del 5,7 por ciento respecto del tramo entre enero y marzo. Sin embargo, en este periodo aumentaron un 6,2 por ciento, hasta 4.016, los casos de mujeres que habiendo acudido a la Justicia, renunciaron a seguir con el proceso.
Así lo recoge el último informe del Observatorio de la Violencia Doméstica y de Género adscrito al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y presidido por Inmaculada Montalbán, del que se desprende que, en comparación con el mismo periodo de 2010, las denuncias se han incrementado en un 0,3 por ciento y las renuncias, un 0,03 por ciento, lo que a juicio de la institución, indica 'estabilidad'.
Para Montalbán, estos datos revelan, además, 'que en la sociedad española aún sigue existiendo una bolsa de maltrato que no termina de emerger'. En este sentido, ha destacado 'la importancia de actuar en el ámbito de la prevención del maltrato ya que los juzgados y tribunales intervienen cuando ya se ha cometido el delito contra las mujeres víctimas de esta lacra social'.
La estadística, elaborada con datos de los 103 Juzgados exclusivos de Violencia sobre la Mujer (JVM) y de los 358 juzgados con competencias compartidas, indica que, de media, entre abril y junio se presentaron 377,4 denuncias diarias, el 70,49 por ciento de las cuales fueron interpuestas por las propias víctimas.
En este sentido, el informe explica que el 11,26 por ciento de las denuncias nacieron de partes de lesiones y el 16,27%, como resultado de la intervención policial, y destaca que 'sólo el 0,97% de las denuncias fueron interpuestas por los familiares y el 1,02% como fruto de los servicios asistenciales'.
En cuanto al perfil de la víctima, en seis de cada diez casos (59%) la relación de pareja se mantenía en el momento de interponerse la denuncia, mientras que en el resto de casos (41%) ya se había extinguido.
Las extranjeras 'siguen siendo las más vulnerables' según el informe, ya que, una vez más, los datos arrojan una sobrerrepresentación de su presencia en las estadísticas: Son el 11,4 por ciento de la población femenina en España y el 36% de las denunciantes, con un total de 12.232 mujeres, así como suponen el 41 por ciento del total de renuncias a continuar con el procedimiento judicial.
Respecto a la respuesta judicial a las denuncias, los JVM, los Juzgados de lo Penal y las Audiencias Provinciales enjuiciaron entre abril y junio a 14.679 personas, de las que el 97% eran hombres (el 66% españoles), y dictaron en total 14.185 sentencias, con un 59,13 por ciento de condenas frente a un 40,87 por ciento de absoluciones.
En este periodo se solicitaron 10.639 órdenes de protección, lo que supone un incremento del 1,83 por ciento respecto del primer trimestre del año. El 84 por ciento se pidieron ante los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y el 16 por ciento en los Juzgados de Guardia. En total, el 67 por ciento (7.142) fueron acordadas.
Los órganos judiciales dictaron además 18.318 medidas penales derivadas de las órdenes de protección y otras medidas cautelares, como la orden de alejamiento (acordada en el 81,6%) o prohibición de comunicación (82,7%), así como ordenaron 5.078 medidas civiles y otras medidas cautelares mientras se resolvía el proceso.
De estas medidas civiles, el 28,5 por ciento fueron sobre prestación de alimentos, el 23,3% eran relativas a la atribución de vivienda, el 7,5 por ciento suspendía la guardia y custodia de los hijos, un 3,8 por ciento acordó la suspensión del régimen de visitas y un 0,2 por ciento, la suspensión de la patria potestad, según el informe.
MENOS CONDENAS EN LO PENAL QUE EN LOS JVM
Por juzgados, los especializados dictaron 4.971 sentencias con una ratio de condenas del 77 por ciento. En el ámbito civil vieron 5.057 asuntos, una 'baja proporción' respecto de los penales. En concreto, el 75 por ciento de los delitos instruidos fueron de lesiones (27.335 asuntos), seguido por los delitos contra la libertad -coacciones y amenazas-, con un nueve por ciento (3.278 asuntos) y quebrantamientos de medidas, que acaparó el 2,9 por ciento (1.059 casos).
No obstante, también se enjuiciaron delitos contra la integridad moral, que alcanzaron el 1,9 por ciento (705 asuntos); quebrantamientos de penas, (con un 1,6 por ciento y 597 casos), delitos contra la libertad e indemnidad sexual (0,8% y 283 casos), delitos contra los derechos y los deberes familiares (un 0,5%, 190 asuntos), y 22 casos de delitos de homicidio, consumados o intentados.
Por su parte, los Juzgados de lo Penal, que enjuician los delitos penados hasta con cinco años de cárcel, dictaron 9.112 sentencias sobre violencia de género que en algo más de la mitad de los casos (50,7%) fueron absolutorias. En las Audiencias Provinciales, donde se juzgan delitos con penas superiores a cinco años de cárcel, se dictaron 102 sentencias, la mayoría (78,4 por ciento) condenatorias.
Para Inmaculada Montalban, las estadísticas indican 'la necesidad de continuar en el proceso de especialización de los juzgados penales en violencia de género a fin de unificar criterios interpretativos de la legislación y cumplir con las recomendaciones del Parlamento Europeo que, en su informe de abril pasado, resalta la eficacia de la especialización de todos los operadores jurídicos en este tipo de delitos'.
Para Montalbán, estos datos revelan, además, 'que en la sociedad española aún sigue existiendo una bolsa de maltrato que no termina de emerger'. En este sentido, ha destacado 'la importancia de actuar en el ámbito de la prevención del maltrato ya que los juzgados y tribunales intervienen cuando ya se ha cometido el delito contra las mujeres víctimas de esta lacra social'.
La estadística, elaborada con datos de los 103 Juzgados exclusivos de Violencia sobre la Mujer (JVM) y de los 358 juzgados con competencias compartidas, indica que, de media, entre abril y junio se presentaron 377,4 denuncias diarias, el 70,49 por ciento de las cuales fueron interpuestas por las propias víctimas.
En este sentido, el informe explica que el 11,26 por ciento de las denuncias nacieron de partes de lesiones y el 16,27%, como resultado de la intervención policial, y destaca que 'sólo el 0,97% de las denuncias fueron interpuestas por los familiares y el 1,02% como fruto de los servicios asistenciales'.
En cuanto al perfil de la víctima, en seis de cada diez casos (59%) la relación de pareja se mantenía en el momento de interponerse la denuncia, mientras que en el resto de casos (41%) ya se había extinguido.
Las extranjeras 'siguen siendo las más vulnerables' según el informe, ya que, una vez más, los datos arrojan una sobrerrepresentación de su presencia en las estadísticas: Son el 11,4 por ciento de la población femenina en España y el 36% de las denunciantes, con un total de 12.232 mujeres, así como suponen el 41 por ciento del total de renuncias a continuar con el procedimiento judicial.
Respecto a la respuesta judicial a las denuncias, los JVM, los Juzgados de lo Penal y las Audiencias Provinciales enjuiciaron entre abril y junio a 14.679 personas, de las que el 97% eran hombres (el 66% españoles), y dictaron en total 14.185 sentencias, con un 59,13 por ciento de condenas frente a un 40,87 por ciento de absoluciones.
En este periodo se solicitaron 10.639 órdenes de protección, lo que supone un incremento del 1,83 por ciento respecto del primer trimestre del año. El 84 por ciento se pidieron ante los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y el 16 por ciento en los Juzgados de Guardia. En total, el 67 por ciento (7.142) fueron acordadas.
Los órganos judiciales dictaron además 18.318 medidas penales derivadas de las órdenes de protección y otras medidas cautelares, como la orden de alejamiento (acordada en el 81,6%) o prohibición de comunicación (82,7%), así como ordenaron 5.078 medidas civiles y otras medidas cautelares mientras se resolvía el proceso.
De estas medidas civiles, el 28,5 por ciento fueron sobre prestación de alimentos, el 23,3% eran relativas a la atribución de vivienda, el 7,5 por ciento suspendía la guardia y custodia de los hijos, un 3,8 por ciento acordó la suspensión del régimen de visitas y un 0,2 por ciento, la suspensión de la patria potestad, según el informe.
MENOS CONDENAS EN LO PENAL QUE EN LOS JVM
Por juzgados, los especializados dictaron 4.971 sentencias con una ratio de condenas del 77 por ciento. En el ámbito civil vieron 5.057 asuntos, una 'baja proporción' respecto de los penales. En concreto, el 75 por ciento de los delitos instruidos fueron de lesiones (27.335 asuntos), seguido por los delitos contra la libertad -coacciones y amenazas-, con un nueve por ciento (3.278 asuntos) y quebrantamientos de medidas, que acaparó el 2,9 por ciento (1.059 casos).
No obstante, también se enjuiciaron delitos contra la integridad moral, que alcanzaron el 1,9 por ciento (705 asuntos); quebrantamientos de penas, (con un 1,6 por ciento y 597 casos), delitos contra la libertad e indemnidad sexual (0,8% y 283 casos), delitos contra los derechos y los deberes familiares (un 0,5%, 190 asuntos), y 22 casos de delitos de homicidio, consumados o intentados.
Por su parte, los Juzgados de lo Penal, que enjuician los delitos penados hasta con cinco años de cárcel, dictaron 9.112 sentencias sobre violencia de género que en algo más de la mitad de los casos (50,7%) fueron absolutorias. En las Audiencias Provinciales, donde se juzgan delitos con penas superiores a cinco años de cárcel, se dictaron 102 sentencias, la mayoría (78,4 por ciento) condenatorias.
Para Inmaculada Montalban, las estadísticas indican 'la necesidad de continuar en el proceso de especialización de los juzgados penales en violencia de género a fin de unificar criterios interpretativos de la legislación y cumplir con las recomendaciones del Parlamento Europeo que, en su informe de abril pasado, resalta la eficacia de la especialización de todos los operadores jurídicos en este tipo de delitos'.
