En España, igual que en otras regiones del mundo, se producen discriminaciones y delitos de odio de forma reiterada, que al año superan las 4.000, contra personas o colectivos estigmatizados: inmigrantes, gitanos, gentes sin hogar, homosexuales y otros ciudadanos por motivos de diversidad religiosa y social.
Los objetivos de estos ataques, de los que no se conocen las cifras exactas dado que sólo se denuncia aproximadamente el 4%, son además de las personas, las mezquitas, las viviendas gitanas, los comercios magrebíes, las sinagogas, la sedes de organizaciones de izquierda e incluso aficionados de fútbol, ongs antirracistas y periodistas, según un informe del Movimiento contra la Intolerancia
Así se lo trasladaron ayer los presidentes del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, y de la Red Europea contra los Crímenes de Odio, Valentín González, a la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, a quien le entregaron el Informe Raxen-2012, que recoge la citada situación. Además, le pidieron que interceda para que España cuente con un registro de estos delitos como el que tienen casi todos los países europeos (menos cinco).
Según el informe, existen grupos racistas y xenófobos en todas las comunidades autónomas, además de más de 1.500 webs y sites xenófobos, decenas de conciertos de música racista y neofascista (detectados 26) y más de 10.000 ultras y neonazis. También tiene documentados más de 80 homicidios por odio desde 1991.
COHESIÓN Y DIVERSIDAD
El informe alerta de que actualmente se están creando grupos organizados que convocan manifestaciones y realizan, sistemáticamente, propaganda contra la inmigración y la diversidad, 'poniendo en peligro la cohesión y la convivencia en la sociedad democrática'. Internet se ha convertido, además, 'en un espacio privilegiado' para propagar el odio, la discriminación y la violencia por motivos de racismo e intolerancia, así como para extender la xenofobia por todo el mundo.
Ante esta situación, y para el caso concreto de España, González e Ibarra han trasladado a Becerril la necesidad de reformar el Código Penal para combatir todos los delitos de odio y dar cumplimiento, así, a la Decisión Marco Europea de Derecho Penal. La Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), el Consejo de Europa y la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea han sido 'contundentes' con los gobiernos llamándoles a una 'acción decisiva frente al racismo y la xenofobia', por lo que, los autores del informe consideran necesaria una Ley de Protección de las Víctimas de la discriminación y los delitos de odio.
No obstante, hasta que esta Ley sea un hecho, el informe destaca la necesidad de adoptar medidas para reducir este tipo de delitos. Así, piden que se reconozca la especificidad del 'delito de odio' y que se ponga en marcha el 'apoyo integral' a las víctimas de delitos de intolerancia y crímenes de odio (protección a testigos y adecuación de atestados y procedimientos judiciales que den garantía de actuación eficaz a víctimas y ciudadanos ante esos delitos). Otras de las medidas serían el cierre de webs y la aplicación de la legislación penal prevista para quienes por internet, inciten al odio.
Así se lo trasladaron ayer los presidentes del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, y de la Red Europea contra los Crímenes de Odio, Valentín González, a la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, a quien le entregaron el Informe Raxen-2012, que recoge la citada situación. Además, le pidieron que interceda para que España cuente con un registro de estos delitos como el que tienen casi todos los países europeos (menos cinco).
Según el informe, existen grupos racistas y xenófobos en todas las comunidades autónomas, además de más de 1.500 webs y sites xenófobos, decenas de conciertos de música racista y neofascista (detectados 26) y más de 10.000 ultras y neonazis. También tiene documentados más de 80 homicidios por odio desde 1991.
COHESIÓN Y DIVERSIDAD
El informe alerta de que actualmente se están creando grupos organizados que convocan manifestaciones y realizan, sistemáticamente, propaganda contra la inmigración y la diversidad, 'poniendo en peligro la cohesión y la convivencia en la sociedad democrática'. Internet se ha convertido, además, 'en un espacio privilegiado' para propagar el odio, la discriminación y la violencia por motivos de racismo e intolerancia, así como para extender la xenofobia por todo el mundo.
Ante esta situación, y para el caso concreto de España, González e Ibarra han trasladado a Becerril la necesidad de reformar el Código Penal para combatir todos los delitos de odio y dar cumplimiento, así, a la Decisión Marco Europea de Derecho Penal. La Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), el Consejo de Europa y la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea han sido 'contundentes' con los gobiernos llamándoles a una 'acción decisiva frente al racismo y la xenofobia', por lo que, los autores del informe consideran necesaria una Ley de Protección de las Víctimas de la discriminación y los delitos de odio.
No obstante, hasta que esta Ley sea un hecho, el informe destaca la necesidad de adoptar medidas para reducir este tipo de delitos. Así, piden que se reconozca la especificidad del 'delito de odio' y que se ponga en marcha el 'apoyo integral' a las víctimas de delitos de intolerancia y crímenes de odio (protección a testigos y adecuación de atestados y procedimientos judiciales que den garantía de actuación eficaz a víctimas y ciudadanos ante esos delitos). Otras de las medidas serían el cierre de webs y la aplicación de la legislación penal prevista para quienes por internet, inciten al odio.
