La asociación FACUA-Consumidores en Acción ha rechazado hoy la tasa por receta médica que aplicará la Generalitat de Cataluña al entender que implica 'un auténtico gravamen sobre la enfermedad' y que, además, 'discrimina y castiga a los más débiles'.
En un comunicado, FACUA ha advertido de que cada catalán tendrá que pagar hasta 61 euros al año por recetas médicas, por lo que la tasa supone 'una ruptura de la cohesión del sistema sanitario español y la asunción de unas competencias 'que no le corresponden' al Gobierno catalán, ya que establecerá 'barreras de acceso a la prestación farmacéutica en perjuicio de los usuarios'.
Ha señalado que tendrán inconvenientes para acceder a las prestaciones sanitarias aquellas personas con más problemas de salud, así como los colectivos que precisan de una atención continuada.
Asimismo, ha recordado que el presidente de FACUA, Paco Sánchez Legrán, solicitó en diciembre a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, que adoptara las disposiciones oportunas y se interpusieran los recursos necesarios para que se paralizara esta medida y no se llevara a cabo.
En este sentido, ha apuntado que la ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, y la de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, 'recogen que la competencia para establecer el precio y la participación en el pago a satisfacer por los enfermos por los medicamentos y productos sanitarios es del Gobierno'.
Ha señalado que tendrán inconvenientes para acceder a las prestaciones sanitarias aquellas personas con más problemas de salud, así como los colectivos que precisan de una atención continuada.
Asimismo, ha recordado que el presidente de FACUA, Paco Sánchez Legrán, solicitó en diciembre a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, que adoptara las disposiciones oportunas y se interpusieran los recursos necesarios para que se paralizara esta medida y no se llevara a cabo.
En este sentido, ha apuntado que la ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, y la de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, 'recogen que la competencia para establecer el precio y la participación en el pago a satisfacer por los enfermos por los medicamentos y productos sanitarios es del Gobierno'.
