El problema de modificar una postura sobre un tema es hacerlo sin explicar los argumentos reales que han provocado esa transformación. Así es imposible no pensar que en realidad lo único que ha variado es el interés, y por eso recordar cómo cada vez que Pedro Sánchez realiza uno de sus giros copernicanos se escuda en el “progreso” y el “bien de España” -curiosamente siempre alineados con su estrategia- certifica que si Keynes decía “cuando los hechos cambian, yo cambio” el presidente del Gobierno se va moviendo arrinconado por sus socios o para intentar maximizar los beneficios, en una sucesión de objetivos cortoplacistas facilitados por ser un político de principios gaseosos. Esto, hay que reconocérselo, sí lo mantiene desde sus inicios: él se presentó a las primarias socialistas del 2014 como el candidato centrista, alertó contra los populistas -“el final del populismo es la Venezuela de Chávez”, analizaba- pero se negó a facilitar el gobierno de Rajoy, intentó gobernar con Ciudadanos y luego con Podemos, después en 2019 decía que no podría dormir tranquilo con Iglesias en el Gobierno, aseguró que nunca pactaría con independentistas y solo unos días después ya tejía ese gobierno bautizado como Frankestein por Rubalcaba -orillado por Sánchez de forma indigna para laminar cualquier resistencia interna en el PSOE-. Aquí lo importante es la supervivencia en el poder y por eso llegado el momento Sánchez atropellará al viejo Sánchez, vestirá la nueva postura con grandilocuencia, alguna cita de Azaña u Ortega y Gasset y prepará otro trampantojo. Se aprecia en la “campaña” de los indultos: tras pedir durante años anular la figura del perdón por motivos políticos, apoyó el 155, prometió el cumplimiento íntegro de las penas, evitó el asunto en las autonómicas catalanas de hace cuatro meses y ha acabado sacando de la cárcel a sus aliados parlamentarios justo el día antes de bajar el IVA de la luz y certificar el fin de las mascarillas al aire libres, dos días antes de hacerse efectiva la ley de la eutanasia y a las puertas del primer fin de semana veraniego.
Su mejor definición la dio la vicepresidenta Carmen Calvo: cuestionada por cómo Sánchez ya no veía un delito de rebelión en los hechos del 1 de octubre del 2017, no tuvo rubor en señalar entre risas condescendientes que una postura era la del Sánchez candidato y otra la del presidente del Gobierno. Estos desdoblamientos de personalidad los ha ido generando en casi cualquier eje central de la vida pública y si no fuese por la gravedad de la situación causarían hilaridad. El hombre que llegó al poder tras la moción de censura diciendo que convocaría elecciones “lo antes posible” ya tenía como objetivo cuatro meses después “acabar la legislatura”. El candidato que criticaba el “capitalismo de amiguetes” del PP dispara en 2021 el gasto en asesores mientras enchufa a sus colegas en las cúpulas de empresas públicas. El líder de la oposición que en 2016 reclamaba a Rajoy elecciones por no poder aprobar los presupuestos estuvo dos años y medio gobernando con las viejas cuentas de Montoro. El responsable socialista que firmaba códigos éticos, garantizaba transparencia y afeaba al PP gobernar saltándose al Congreso bate ahora récords de opacidad y decretazos. Incluso la barrera de Bildu ya ha sido franqueada: genera estupefacción ver el enfado de Sánchez con el periodista en esa entrevista en la televisión navarra del 2015: “Perdone, le estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar. Si quiere se lo digo cinco veces, o veinte. Con Bildu no vamos a pactar y si quiere se lo repito otra vez”.
Sin negar el evidente interés porque Cataluña recupere la normalidad perdida en la locura secesionista, no hay ni una garantía de que los indultos a los líderes del “procés” vayan a reencauzar la situación. En el escenario más optimista son, como los definió Javier Cercas, un “acto de fe” y quizás por eso han sido apoyados por los obispos catalanes. Pero es imprescindible recordar que un Gobierno debe avanzar en la equidad y no en situar la supuesta búsqueda de la concordia por encima de la Constitución. No se halla ningún fruto saludable en un proceso construido a costa del beneficio colectivo y en el que Sánchez ha puesto el Estado al servicio de los que quieren romperlo. El siguiente capítulo de la opereta será ver cómo el Govern reclama el martes en esa mesa bilateral más prebendas, más dinero, más inversiones, más traspasos de infraestructuras. Después, el PNV sacará su buena tajada. Y todo en un contexto de crisis económica y ante la mirada de gallegos, castellanos, asturianos o extremeños, con sus demandas cronificadas -olvidadas- en nombre de la solidaridad con los privilegiados.
Además del enésimo ejemplo de la patrimonialización sanchista del poder, la triste semana que hoy termina mide hasta qué punto tan inconcebible está llegando el subasteo territorial y las dolorosas consecuencias de tener un presidente incoherente, sin credibilidad ni escrúpulos para desmontar su palabra o las instituciones. Sobra decir que España no se merece esto.
