Cuando hace más de dos años el entonces secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, resumió las conclusiones de la “Declaración de Granada”, con la que los socialistas, incluido el PSC, daban forma a su propuesta de nuevo pacto territorial, con la afirmación de que el texto aprobado se basaba en el reconocimiento del “derecho a la diferencia pero no a la diferencia de derechos”, en cuanto a los hechos diferenciales y singularidades de distinto tipo para determinados territorios y, como segunda pata, en la necesidad de una financiación “justa y equilibrada“ que en aquel momento el primer secretario de los socialistas catalanes, Pere Navarro, entendía que también incluía el principio de ordinalidad, pero que no contenía referencia de ningún tipo a un hipotético pacto fiscal para Cataluña.
Recordar estos aspectos es necesario cuando algunos barones socialistas comienzan a rasgarse las vestiduras porque el grupo de expertos convocados por Pedro Sánchez para estudiar la reforma constitucional apunte que se han de reconocer las singularidades de algunos territorios -como ya recoge la Constitución de 1978 que distingue entre regiones y nacionalidades-, porque de esa circunstancia no se sigue una diferencia de derechos en función del lugar de nacimiento.
Por ese mottivo no deja de ser curioso que sean los propios dirigentes territoriales socialistas quienes echen leña al fuego en un debate territorial sobre el que existe el consenso básico en sus filas acerca de la necesidad de federalizar el modelo territorial con todas sus consecuencias, para cerrar “de una santa vez” -en palabras del expresidente del Consejo de Estado, Francisco Rubio Llorente-, la organización territorial del Estado, que tiene uno de sus puntales en la delimitación y distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Los socialistas no pueden por una parte reconocer la singularidad de Cataluña y por otra alertar de que no van a admitir un trato especial cuando se estudia esa posibilidad que es básica para cerrar este asunto para varias generaciones, y que ni mucho menos significa abrir la reforma constitucional para contentar a un nacionalismo irredento que no aceptará nada que no sea la independencia.
Las reticencias de los barones socialistas están más justificadas cuando adoptan la posición de ‘prevengan’ si de la reforma del sistema de financiación autonómica derivaran privilegios fiscales para Cataluña, tras el globo sonda lanzado por miembros de la actual dirección socialista que lo pincharon inmediatamente, pero que ha generado tensiones inoportunas y que se salen del marco fijado por la Declaración de Granada, cuando el problema se puede resolver por otros cauces. Una vez más se trataría de compaginar dos realidades, la solidaridad con un tratamiento fiscal adecuado, que no pasa por un pacto fiscal generador de desigualdades, sino por avanzar en la ordinalidad para que aquellas comunidades autónomas que aportan más al fondo común –y Cataluña no es la primera- no se vean perjudicadas en la recepción de los fondos que les correspondan.
En la incipiente posición del PP en favor de la reforma constitucional no hay referencias al reconocimiento de las singularidades.
