Respondiendo a la caótica sedición vivida en un Parlamento catalán de sainete y añeja asonada, la maquinaria del Estado se ha puesto en marcha con su cachazudo ademán de Tiranosaurio Rex recién despertado de la siesta que se despereza y estira hasta obtener el grado de movilidad y potencia para convertirse en una terrible máquina. Cuando lo hace, tiembla el misterio pero necesita un periodo de acondicionamiento para iniciar la marcha. En movimiento y adquirida la velocidad de crucero, tanto el trote del Tiranosaurio como el de las instituciones de un Estado de Derecho firme y democrático producen escalofrío, y eso es precisamente lo que ha empezado a contar.
El presidente del Gobierno ha alcanzado los apoyos necesarios para poner a contribución de su respuesta al independentismo catalán todas las prerrogativas que una situación de fuerza mayor le concede, y no parece que el presidente Rajoy tenga necesidad de pararse en nada. Cuenta con el firme respaldo del líder del mayor partido de la oposición –Pedro Sánchez pasó por la Moncloa para consolidar ese apoyo al presidente sin aditivos ni colorantes- de un Albert Rivera que está en primera línea de oposición a los secesionistas de su tierra natal, y cuenta también con la ayuda del resto de la Cámara incluyendo Podemos, hasta el punto de que solo un partido que ha dado muestras de una miopía crónica y también dramática como el IU de Lara ayer y hoy de Garzón, se ha quedado fuera por propia iniciativa. IU no se entera de nada.
Pero además, el Consejo de Estado acaba de hacer público el dictamen que sustenta y confirma la actuación del presidente, la Fiscalía General de la Audiencia Nacional y su titular Javier Zaragoza ordenan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con inclusión de los Mossos d’Esquadra, que le notifiquen cualquier hecho que pueda ser tomado como delito de sedición, y el Tribunal Constitucional espera el recurso de la Abogacía del Estado para declarar nula la sesión del Parlamento independentista. La Corona refrenda estas actuaciones –no olvidemos que don Felipe es el jefe del Estado y a él se le reconoce expresamente la obligación de acatar y hacer acatar el mandato constitucional- y el propio sindicato de la policía autónoma catalana ha declarado que su obligación es obedecer a sus superiores pero siempre que cumplan la ley. No se puede pedir más. Hay consenso y capacidad democrática para actuar. Pues a ello. Y no pasa nada.
