La presencia de la sociedad civil y sus pretensiones están cada vez más presentes en la vida cotidiana de un país que comienza a rearmarse económicamente pero que necesita hacerlo también y en la misma medida, en cuestiones éticas.
Los ciudadanos han aprendido la capacidad, hasta ahora apenas tenida en cuenta de la protesta al aire libre, fortalecida en estos tiempos por la ayuda antes inexistente de las redes sociales, y muy pocos son los actos de legislación decididos por los estamentos del poder que se libran de la cuestión de los ciudadanos.
El hecho no es bueno ni malo en sí, pero expresa un cambio notable en los sistemas de participación que la sociedad requiere en estos inicios del milenio y que debería obligar a los representantes políticos a ponerse a la altura de las exigencias expresadas por aquellos a los que sirven. Por ejemplo, las cifras que ofrece a día de hoy Bankia y la facilidad con la que el Estado acaba de colocar un 7’5 % de las acciones que hubo de tomar cuando intervino la entidad enchufando veintidós mil millones que paliaran su desastre, demuestra que el panorama financiero mejora, pero resulta imprescindible acompañarlo por un rearme moral que debería pasar por cumplir con los estafados por las preferentes, y someter a quienes despilfarraron el patrimonio de la caja y llevaron a cabo una gestión tan lamentable y tan culpable a la acción de la Justicia con la severidad y el rigor que este incalificable desmán compartido merece.
En todo caso, también la sociedad civil debe reflexionar sobre las circunstancias y escenarios que se seleccionan para escenificar esas protestas, de modo que consigamos confluir las exigencias sociales y el compromiso institucional al que el país y sus normas se deben. Otro ejemplo valdría para ilustrar este aspecto. No es tolerable y está penalmente sancionado en el texto constitucional violar el espacio del Congreso y más aún cuando está en sesión, a pesar de que amordazar el viejo león fundido con los cañones de la guerra de África que guarda sus puertas tiene más de anecdotario infantil que de violación del principio jurídico. Pero Greenpeace lo sabe y sabe que esta payasada ni guarda cometido alguno ni es sensata y es además sancionable. Si esta organización es castigada, el cuerpo social debe admitirlo porque así lo exige el principio de respeto a la ley y el reconocimiento de las responsabilidades que cada cuál ha de cumplir. Como dice Ancelotti, la clave está en el equilibrio.
