El ministro de Justicia se ha metido en un jardín del que ha intentado salir cuanto antes, consciente de que había provocado un debate peligroso que conviene muy poco al gobierno y al PP, más aun cuando se celebran elecciones dentro de cuatro semanas. Sorprende en un Rafael Catalá que ha dado muestras sobradas de sentido común desde que sustituyó hace seis o siete meses a un Gallardón que entraba en todos los charcos, hasta el punto de que la principal tarea de Catalá ha sido deshacer lo que Gallardón había puesto en marcha o llevaba camino de poner en marcha.
El ministro ni siquiera ha sido respaldado por la fiscala general del Estado, que ha declarado que los medios de comunicación tienen la obligación de informar, y que para regular la información ya están las leyes, a las que puede recurrir quien se sienta perjudicado por determinadas informaciones. Catalá ha abierto un debate que se ha planteado en más de una ocasión y que parecía definitivamente cerrado, pero sobre el que vale la pena reflexionar. No respecto al papel que deben jugar los medios de comunicación ante las investigaciones judiciales que tienen carácter secreto, sino respecto a la responsabilidad de los jueces y fiscales que, sin el menor respeto a la confidencialidad con que se debe trabajar en un sumario declarado secreto, filtran esos sumarios, o parte de ellos, a los medios con los que pretenden quedar bien. O, lo que es más grave, filtran lo que consideran que perjudica a un adversario, un partido con el que no simpatizan, o un personaje al que “tienen ganas”. Ganas de destruirlo.
Las leyes recogen el castigo al profesional de la administración de Justicia que revela secretos. Sin embargo los casos en los que se ha sancionado a quienes han hecho llegar determinados datos a un medio de comunicación se pueden contar con los dedos de la mano y sobran varios. Lo que es sorprendente cuando no hay semana en la que no se publique alguna información sobre un sumario o una investigación que tienen carácter de secreto. La última, las cintas que recogen las declaraciones ante el juez de los implicados en la llamada operación Púnica, un caso de corrupción que afecta a destacados dirigentes del PP madrileño.
Los medios de comunicación tienen el compromiso con sus clientes de informar todo lo que les llegue, además del compromiso de verificar que lo que publican o emiten se corresponde con hechos verificados, reales. El compromiso de jueces y fiscales por su parte es velar por el secreto de las investigaciones secretas, como la propia calificación determina. Ahí es donde tendría que actuar el Consejo General del Poder Judicial; ahí es dónde tendría que poner el acento en ministro de Justicia. Que ha rectificado, lo que le honra, pero ha abierto una polémica gratuita en el peor momento.
