La Asociación provincial de locales de reparación de coches ya contabilizó hasta 84 denuncias sólo en 2015, pero advierte de más casos
La Asociación de Talleres de Reparación de Vehículos de Ourense (Atave) ha trasladado a diversas instancias y organismos competentes su preocupación por la proliferación del intrusismo que está sufriendo el sector. Desde Atave reconocen que "es un problema antiguo, pero que con la crisis se agudizó", y que, junto a la disminución del trabajo debido a la disminución del poder adquisitivo de la ciudadanía, "se incrementaron los ilegales de una manera alarmante", según explica el presidente de la asociación, Manuel Álvarez Gil.
El mandatario de los profesionales de talleres mecánicos en la provincia señala que "hoy en día se considera que el 25% del trabajo se realiza en estos talleres clandestinos, según datos de ámbito nacional, pero en la provincia de Ourense puede ser incluso más, hasta un 30%".
Preguntado por el número de talleres clandestinos que puede haber en la provincia, Álvarez reconoce que "no se puede dar una cifra exacta, porque muchos trabajan a puerta cerrada", aunque sí tienen claro en Atave que en la ciudad el problema son los garajes, locales de lavados y engrases, y parkings que realizan operaciones de mantenimiento cuando no están autorizados para ello. "Más o menos puede haber unos 30, si tenemos en cuenta las denuncias recibidas", explica el presidente de la Asociación de Talleres de Ourense.
Proporcionalmente, existen más ilegales en la provincia, según los datos de Atave. En una proporción de uno cada cinco talleres legales, llegan a asegurar desde la asociación. "Por las denuncias efectuadas en lo que llevamos de año, conocemos 84 ilegales, pero hay mas", afirma Manuel Álvarez.
El problema viene de largo, y ya en 2013 hubo sendas reuniones a nivel gallego con el entonces delegado del Gobierno en Galicia (responsable de Inspección de Trabajo, Seprona y Policía Nacional), Samuel Juárez, y el vicepresidente de la Xunta (responsable de la Policía Autonómica), Alfonso Rueda. Este año también se produjo una reunión con el subdelegado del Gobierno en Ourense, Roberto Castro. "Nos dieron buenas palabras y su predisposición para resolver la situación, pero los problemas siguen reproduciéndose", señalan desde Atave.
Y es que no resulta fácil, según explicaron a los profesionales del sector miembros de la Guardia Civil, detener a los infractores, ya que la mayoría de ellos, sobre todo en la provincia, trabajan desde los bajos de sus domicilios particulares -en los que no pueden entrar las Fuerzas del Orden, según apuntan en Atave-.
Atave: cae la seguridad vial con tantos ‘alegales'
Manuel Álvarez Gil recuerda que los talleres de reparación de vehículos mueven más de 2.000 trabajadores en la provincia de Ourense, en lo que a asalariados se refiere, a los que hay que añadir en torno a 1.000 autónomos.
En Atave reconocen que el problema principal es "la competencia desleal que suponen para nosotros, las empresas legalmente establecidas que pagamos a tocateja nuestros impuestos y demás obligaciones", pero quieren recordar que estos alegales "no respetan los derechos de los consumidores, por la ausencia de garantías en sus reparaciones".
Por otra parte, la falta de referencia en los recambios con los que trabajan puede tener consecuencias negativas en la seguridad vial. Y por último, "la nula gestión de los residuos peligrosos que generan parece que tampoco les importa a las Administraciones", señala Álvarez Gil.
El Concello se compromete a apoyar al colectivo
El concejal de Facenda en el Concello de Ourense, José Ángel Vázquez Barquero, reconoció que "es una preocupación que, efectivamente, nos han trasladado" y explicó que "se referían básicamente a gente que está actuando de manera alegal".
Matizando que "el Concello de Ourense no tiene muchas competencias en la gestión de este problema", Vázquez Barquero sí se comprometió a "ayudar y colaborar para que esas instancias que sí tienen competencias actúen".
En cuanto a la actuación de la Policía Local, el responsable de Facenda señaló que "los agentes, por supuesto, en el momento en que tengan alguna notificación en este sentido, actuarán en consecuencia".
El colectivo ve cómo la competencia desleal de un número creciente de talleres alegales desarrolla su labor con impunidad, por lo que reclaman "la actuación de la Xunta, el Concello y la Subdelegación del Gobierno".
