SECTOR PRIMARIO

El PSOE reclama medidas ante el “catastrazo" rural

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photo_camera Raúl Fernández y Pablo García durante la sesión informativa en la sede provincial del PSdeG.

Piden a las instituciones ourensanos "dar la cara" por el sector primario

La ejecutiva provincial del PSdeG de Ourense organizó ayer en su sede de la ciudad una jornada informativa junto a portavoces de la provincia afectados por la reforma catastral del gobierno del Partido Popular en la que alertó de los efectos de esta medida sobre el sector primario ourensano, pues aumenta impuestos como el IBI, Patrimonio, Transmisiones, Sucesiones...

La ponencia corrió a cargo del portavoz de Agricultura y Ganadería del PSdeG en el Parlamento, Pablo García, que estuvo acompañado por el secretario provincial de los socialistas, Raúl Fernández, y por el diputado provincial Francisco Fraga.

García reclamó la necesidad de que las explotaciones agrarias y ganaderas "sigan teniendo las exenciones más amplias posibles para que no se le imputen a los propietarios multas de las que no son responsables en la mayoría de los casos". Explica García que la reforma incorpora construcciones que estaban en suelo rústico como hórreos o establos que hasta ahora estaban exentas de tributación.

Raúl Fernández solicita, ante esto, que las instituciones ourensanas y, "sobre todo, el presidente de la Diputación, den la cara por el sector primario de la provincia". Apuntó el socialista que Ourense debe apostar por esas personas que se están viendo obligadas a abandonar la provincia por la falta de oportunidades.

Entre las peticiones del PSdeG, se encuentra también solicitar una moratoria al ministerio de Hacienda hasta que estén suficientemente valoradas las peculiaridades e idiosincrasia de los distintos concellos de la provincia.

Alertan los socialistas sobre la importancia de "demostrar" la naturaleza rústica de los bienes de las explotaciones, especialmente si están situados en zona urbana. Apuntan que los concellos son "los que tienen potestad" para que la tabla de valoración sea lo más ajustada posible a la realidad, con bonificaciones que pueden llegar hasta el 95%.

La reforma catastral impulsada por Hacienda nació para incrementar la seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario y simplificar la tramitación administrativa. Sindicatos como Unións Agrarias ya han alertado sobre los efectos que la ley está teniendo en la provincia. Los socialistas entienden la reforma "también como una amnistía catastral".

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