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TRIBUNALES
La declaración de los dos cargos de la Consellería de Facenda imputados en un presunto caso de "coacciones inmobiliarias" quedó ayer suspendida, ya que el juez que instruye la causa, Luis Doval, secundó la huelga.
La declaración de los dos cargos de la Xunta, Mª. del Perpetuo Socorro Martín Hierro, secreataria xeral técnica y de Patrimonio de Facenda, y Pablo Jacobo Moure Parrilla, subdirector de Patrimonio del mismo departamento, quedará postergada para la segunda semana de diciembre, ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Ourense.
Esta suspensión provocará que se invierta el orden de las declaraciones. Así, la víctima y denunciante, una mujer nonagenaria que vive en el edificio propiedad de la Xunta; y el testigo, otro vecino del inmueble, declararán antes que los dos imputados.
Los cargos de la Xunta abandonaron el Pazo de Xustiza sin realizar declaraciones, si bien uno de los letrados se limitó a decir que "non hai caso" y que lo que se plantea es "absurdo", poniendo en cuestión las versiones que se han dado hasta ahora y sosteniendo que hay "mentiras", sin querer dar nombres.
El caso se inició a raíz de una querella del fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, en la que acusaba a dos cargos del Gobierno gallego de extralimitarse en sus funciones para "desalojar" a los vecinos del edificio público situado en la extinta Cámara de la Propiedad Urbana, en el número 1 de la avenida de La Habana.
En su escrito, el fiscal aprecia que estas dos personas adoptaron "medidas de presión no legítimas" con "dejación consciente de sus obligaciones".
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