El Gobierno ha ordenado parar los desahucios. Existe la particularidad de que el pacto no será retroactivo. Y ¿qué va a suceder con esas 350.000 familias que han sido condenadas a la indigencia y la exclusión social? A ellos se vienen a unir las más de 300.000 que viven en infraviviendas, chabolas, pensines baratas o albergues. En la creencia de que debe abordarse una solución integral del problema, que lo sería en sintonía con el Objetivo 2015 en la UE (vivienda digna), señalamos:
1. La creación de comisiones mixtas, con presencia municipal, de los partidos y los usuarios, favorecería una aproximación a la banca que posibilite una salida negociada a la masiva situación de desahucios.
2. En una segunda etapa este proceso se completaría con un realojo digno de todos los afectados mediante la oferta de viviendas de protección oficial como alquiler social. Una medida que habría de hacerse extensiva a todos aquellos que viven en infraviviendas, en albergues, en pensiones baratas e incluso en instituciones penales, de menores, o médicas, con riesgo o en situación de calle (sin techo).
3. Finalmente, analizar con las asociaciones de promotores de viviendas, la aprobación de convenios de colaboración que fomenten el alquiler del stock de viviendas VPO, no vendibles a corto y medio plazo. Es nuestra creencia de que hay que promover leyes más justas que permitan garantizar el derecho constitucional a la vivienda digna pero con una garantía real de ese derecho.
2. En una segunda etapa este proceso se completaría con un realojo digno de todos los afectados mediante la oferta de viviendas de protección oficial como alquiler social. Una medida que habría de hacerse extensiva a todos aquellos que viven en infraviviendas, en albergues, en pensiones baratas e incluso en instituciones penales, de menores, o médicas, con riesgo o en situación de calle (sin techo).
3. Finalmente, analizar con las asociaciones de promotores de viviendas, la aprobación de convenios de colaboración que fomenten el alquiler del stock de viviendas VPO, no vendibles a corto y medio plazo. Es nuestra creencia de que hay que promover leyes más justas que permitan garantizar el derecho constitucional a la vivienda digna pero con una garantía real de ese derecho.
