Los políticos en muchas ocasiones ponen en práctica estrategias con las que asustar a los ciudadanos para que se tranquilicen los mercados. Se desarrollan así políticas oscurantistas y despectivas con los intereses de los ciudadanos. España es uno de los cinco países de la Comunidad Europea que no regula el derecho de los ciudadanos a acceder a la información de los poderes públicos. Era un compromiso anunciado por Zapatero en 2004. Varias ONG han presionado en este sentido, pero nos quedaremos a la espera.
Además de sus programas, los políticos, han de ser juzgados por la voluntad política para resolver los problemas que genera el desarrollo de una sociedad progresista, moderna con calidad democrática. Pueden servirnos también para configurar nuestra elección, aquellos proyectos descabalgados de la acción política. La transparencia es una condición irrecusable para la democracia. La libertad de información es un valor tutelado por los tribunales al amparo de la Constitución. La opacidad no es un valor que la democracia haya de promocionar.
Conjugar la 'confidencialidad' y la 'seguridad' no deben ser barreras insalvables, aunque sean de difícil acomodo. Sin un apoyo legal no podemos acceder a contratos oscuros de la administración. Si las administraciones públicas se resisten a poner en entredicho los principios de burocratización, algunas empresas han visto su regeneración con la introducción de principios desburocratizadores.
Conjugar la 'confidencialidad' y la 'seguridad' no deben ser barreras insalvables, aunque sean de difícil acomodo. Sin un apoyo legal no podemos acceder a contratos oscuros de la administración. Si las administraciones públicas se resisten a poner en entredicho los principios de burocratización, algunas empresas han visto su regeneración con la introducción de principios desburocratizadores.
