Los proveedores de ayuntamientos con facturas pendientes de cobro pueden confirmar a partir de hoy su adhesión al plan de pagos puesto en marcha por el Gobierno con el objetivo de comenzar a cobrar sus deudas en mayo, según informó el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Para ello, podrán optar entre conectarse telemáticamente a la base de datos de la Agencia Tributaria o acudir directamente a los ayuntamientos que les adeudan dinero para hacer la misma gestión en formato papel, para lo que tienen de plazo hasta el 22 y el 20 de abril, respectivamente. En ambos casos, cada proveedor deberá aportar un número de cuenta corriente.
Posteriormente, entre los días 23 de abril y 8 de mayo las entidades locales podrían introducir modificaciones para corregir errores, indicar las facturas conflictivas, las que se han pagado a los contratistas y las que están sujetas a procedimientos de embargo o de concurso de acreedores. A estos efectos se recogerán en la aplicación los identificadores correspondientes a cada una de estas situaciones.
Conocidas tras los envíos anteriores las facturas que entran en la primera fase de la operación se contrastaría con el importe máximo disponible en el mecanismo de financiación, y se aplicarían los criterios de prelación de las obligaciones pendientes de pago según su antigüedad, condición pyme o municipalización de la factura.
Del mismo modo, conocido el importe total de las obligaciones pendientes de pago, los plenos de las entidades locales en el período que se determine (primera quincena del mes de mayo) deberán aprobar la formalización de las operaciones de crédito correspondientes, siempre que hubieren obtenido una valoración favorable de sus planes de ajuste por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
El plan de pagos del Gobierno se establece a través de un préstamo de 35.000 millones de euros a diez años (financiado por la banca y el instituto de Crédito Oficial) con dos de carencia y un tipo de interés cercano al 5%, de los que un total de 20.000 millones de euros serán para cubrir las deudas de los ayuntamientos y el resto para las comunidades.
Posteriormente, entre los días 23 de abril y 8 de mayo las entidades locales podrían introducir modificaciones para corregir errores, indicar las facturas conflictivas, las que se han pagado a los contratistas y las que están sujetas a procedimientos de embargo o de concurso de acreedores. A estos efectos se recogerán en la aplicación los identificadores correspondientes a cada una de estas situaciones.
Conocidas tras los envíos anteriores las facturas que entran en la primera fase de la operación se contrastaría con el importe máximo disponible en el mecanismo de financiación, y se aplicarían los criterios de prelación de las obligaciones pendientes de pago según su antigüedad, condición pyme o municipalización de la factura.
Del mismo modo, conocido el importe total de las obligaciones pendientes de pago, los plenos de las entidades locales en el período que se determine (primera quincena del mes de mayo) deberán aprobar la formalización de las operaciones de crédito correspondientes, siempre que hubieren obtenido una valoración favorable de sus planes de ajuste por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
El plan de pagos del Gobierno se establece a través de un préstamo de 35.000 millones de euros a diez años (financiado por la banca y el instituto de Crédito Oficial) con dos de carencia y un tipo de interés cercano al 5%, de los que un total de 20.000 millones de euros serán para cubrir las deudas de los ayuntamientos y el resto para las comunidades.
