La evaluación por parte de la empresa de los riesgos psicosociales asociados al puesto de trabajo es la principal herramienta para prevenir el síndrome del trabajador quemado, una situación que los sindicatos consideran un "fracaso" organizativo y que en España no se considera una enfermedad profesional. "Los síndromes de estrés crónico no dejan de ser un fracaso, porque no ha habido capacidad para abordar correctamente desde el punto de vista organizativo y desde el punto de vista individual las exigencias del puesto de trabajo", explica el secretario de Salud Laboral de CCOO, Pedro Linares.
El síndrome del "trabajador quemado" es una afección que la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó como fenómeno ligado al trabajo. En la undécima revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE 11) realizada en mayo, la OMS ha definido en más detalle este síndrome, que no clasifica propiamente como enfermedad, sino que lo encuadra como "fenómeno ocupacional" dentro del capítulo de factores que influyen en la salud.
Relación directa
Según los sindicatos, el que la OMS reconozca la relación directa de este síndrome con el trabajo abre la puerta a que se pueda considerar una enfermedad profesional en el sistema español, si bien desde el ámbito de las mutuas (entidades colaboradoras de la Seguridad Social encargadas de gestionar las bajas por motivos laborales) lo ven difícil. La dificultad estriba en que el listado de enfermedades profesionales -que actualmente no incluye ninguna psíquica- requiere identificar el agente causante, algo que en el síndrome del trabajador quemado puede estar en una deficiente organización del trabajo, un alto nivel de exigencia individual o en el tipo de actividad que se realiza, entre otras cosas.
En opinión de Linares es muy complicado determinar qué incidencia tiene este síndrome en España al no existir cifras oficiales, pero señala que tiene una mayor presencia en el ámbito de la asistencia a personas, especialmente en el sanitario, donde los niveles podrían estar por encima de un 15%. El reconocimiento de esta afección como enfermedad profesional beneficiaría al afectado porque desde el primer día de baja cobra el 75 % de la base de cotización, mientras que si está de baja por enfermedad común no cobra durante tres días y entre el cuatro y el décimo quinto solo percibe el 60% de la base reguladora.
Además, se podría llevar un registro de las bajas producidas por este síndrome y crear un protocolo de prevención específico, así como un sistema de alerta que penalizase a la empresas con un mayor número de bajas por este motivo, según explica el psicólogo Iñaki Piñuel, especializado en tratar el estrés y la ansiedad provocados por las condiciones de trabajo.
Sin embargo, en las mutuas ven más factible que el reconocimiento de este síndrome como contingencia profesional se haga por la vía del accidente laboral. "Sabemos que se puede estar quemado por el trabajo, pero resulta difícil definir en qué actividades o qué elementos, sustancias o formas de trabajo lo provocan", explica el subdirector general de gestión de la mutua Asepeyo, Jorge Vilanova, en referencia a la rigidez del listado de enfermedades profesionales.
Según Vilanova, la legislación ya prevé que las enfermedades se puedan declarar como accidente laboral siempre que la causa sea el propio trabajo, aunque reconoce que hasta ahora solo se ha logrado por vía judicial, ya que en casi todos los casos las dolencias psíquicas se diagnostican como enfermedad común dentro del sistema sanitario público.
A su juicio, el papel de la empresa en la prevención comienza con la evaluación de riesgos, obligatoria por ley, en la que hay que "determinar dónde hay un riesgo psicosocial y poder actuar para disminuirlos y eliminarlos".
El estrés laboral crónico afecta hasta el 40% de las personas
Frente la visión de las mutuas, la secretaria de Salud Laboral de UGT, Ana García de la Torre, reclama la ampliación del cuadro de enfermedades profesionales para que incluya los riesgos psicosociales "que de nuevos tienen poco". Lo ve fundamental para poder activar mecanismos que mejoren la protección de los trabajadores, "porque lo que no se ve, no se previene", y disminuir así los costes asociados a la falta de prevención de los riesgos psicosociales, que UGT estima en entre 545 y 810 millones de euros anuales, de acuerdo con un estudio realizado por la central sindical correspondiente al año 2010.
El psicólogo Iñaki Piñuel calcula que el estrés crónico asociado al trabajo tiene una incidencia entre los trabajadores de hasta un 40 por ciento, por lo que ve fundamental la creación de medidores de estrés en las empresas que permitan evaluar la exposición de los empleados de la misma manera que se hace con agentes físicos, químicos o biológicos susceptibles de causar enfermedades. Desde una perspectiva médica, alerta de que el estrés crónico tiene consecuencias irreversibles para la salud, generando daños en el hipocampo, en la memoria a corto plazo y en la capacidad de atención que pueden no mejorar ni con un cambio de trabajo.
