La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, será investigada en Francia por su papel en la millonaria indemnización acordada al empresario Bernard Tapie en 2008, cuando era ministra de Economía, según decidió ayer la Corte de Justicia de la República (CJR) francesa.
Apenas un mes después de haber asumido en Washington el cargo que dejó vacante su compatriota Dominique Strauss-Kahn, acusado de agresión sexual por una empleada de hotel, Lagarde se ve envuelta en un asunto turbio que amenaza con ensuciar su reputación. A través de su abogado, Yves Repiquet, la ex ministra aseguró que este caso no afectará a su labor al frente de la institución financiera internacional, y volvió a declarar su inocencia.
'Ahora tenemos la oportunidad de disipar las dudas vertidas contra mi clienta', afirmó el letrado nada más conocer la apertura de la investigación. El abogado indicó que Lagarde podrá dedicarse 'plenamente' a su trabajo al frente del FMI, cuyo consejo de administración conocía que la ex ministra podía ser investigada en este caso.
La oposición socialista no opina lo mismo y cree quela investigación muestra que fue un error proponer a Lagarde como directora del FMI, institución que ahora 'está debilitada', indicó su portavoz parlamentario, Jean-Marc Ayrault.
El diputado socialista señaló que el caso salpica al presidente, Nicolas Sarkozy, que no podía ser ajeno a la actuación de su ministra de Economía. 'Sarkozy no podrá permanecer silencioso, deberá explicar por qué se favoreció a Tapie', aseguró.
Lagarde será acusada de un delito de 'complicidad en falsificación' y de 'complicidad en el desvío de bienes públicos', según anunció la Fiscalía del Tribunal Supremo, delitos por los que puede ser condenada a una pena máxima de diez años de cárcel y 10.000 euros de multa.
Inicialmente, la Fiscalía acusó a Lagarde de un delito de abuso de autoridad, cuya pena máxima es muy inferior. La CJR autorizó la apertura de una investigación sobre la presunta influencia ejercida por Lagarde en la atribución de una indemnización de 285 millones de euros al empresario Bernard Tapie por la venta de Adidas, una de sus empresas embargadas a mediados de la década de los 90.
La entonces ministra de Economía de Francia decidió que el monto de esa indemnización fuera fijado por una comisión de arbitraje privada y no por los tribunales.
Diputados sorprendidos
Varios diputados socialistas, sorprendidos por el elevado monto que el Estado debía pagar a Tapie, acudieron a la Justicia para denunciar el procedimiento decidido por Lagarde. La Fiscalía del Tribunal Supremo hizo suya el 10 de mayo la denuncia y pidió la apertura de una investigación a la CJR, la única instancia capaz de juzgar a aforados y a ministros por actos cometidos en el transcurso de sus funciones. Este Tribunal deberá nombrar una comisión de instrucción compuesta de tres magistrados.
'Ahora tenemos la oportunidad de disipar las dudas vertidas contra mi clienta', afirmó el letrado nada más conocer la apertura de la investigación. El abogado indicó que Lagarde podrá dedicarse 'plenamente' a su trabajo al frente del FMI, cuyo consejo de administración conocía que la ex ministra podía ser investigada en este caso.
La oposición socialista no opina lo mismo y cree quela investigación muestra que fue un error proponer a Lagarde como directora del FMI, institución que ahora 'está debilitada', indicó su portavoz parlamentario, Jean-Marc Ayrault.
El diputado socialista señaló que el caso salpica al presidente, Nicolas Sarkozy, que no podía ser ajeno a la actuación de su ministra de Economía. 'Sarkozy no podrá permanecer silencioso, deberá explicar por qué se favoreció a Tapie', aseguró.
Lagarde será acusada de un delito de 'complicidad en falsificación' y de 'complicidad en el desvío de bienes públicos', según anunció la Fiscalía del Tribunal Supremo, delitos por los que puede ser condenada a una pena máxima de diez años de cárcel y 10.000 euros de multa.
Inicialmente, la Fiscalía acusó a Lagarde de un delito de abuso de autoridad, cuya pena máxima es muy inferior. La CJR autorizó la apertura de una investigación sobre la presunta influencia ejercida por Lagarde en la atribución de una indemnización de 285 millones de euros al empresario Bernard Tapie por la venta de Adidas, una de sus empresas embargadas a mediados de la década de los 90.
La entonces ministra de Economía de Francia decidió que el monto de esa indemnización fuera fijado por una comisión de arbitraje privada y no por los tribunales.
Diputados sorprendidos
Varios diputados socialistas, sorprendidos por el elevado monto que el Estado debía pagar a Tapie, acudieron a la Justicia para denunciar el procedimiento decidido por Lagarde. La Fiscalía del Tribunal Supremo hizo suya el 10 de mayo la denuncia y pidió la apertura de una investigación a la CJR, la única instancia capaz de juzgar a aforados y a ministros por actos cometidos en el transcurso de sus funciones. Este Tribunal deberá nombrar una comisión de instrucción compuesta de tres magistrados.
