El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes el anteproyecto de Ley de Función Pública, que incluye medidas como un nuevo sistema de acceso al empleo público que tenga en cuenta las capacidades con posibilidad de una pérdida del puesto de trabajo, aunque no la plaza, y dos nuevos complementos salariales en función de la carrera profesional y el desempeño.
La nueva Ley, que ha despertado las quejas de los distintos sindicatos de funcionarios a nivel nacional, expone que ante resultados negativos de esas evaluaciones, el funcionario tendrá distintas consecuencias a nivel laboral. Una de las más importantes es que no se valorará la experiencia correspondiente en los procesos de selección y provisión a los que concurra o la remoción del puesto obtenido por concurso.
Si esa remoción tuviese lugar, el funcionario sería destinado a un puesto orgánico de manera provisional, siempre acorde con el progreso de su carrera profesional que tenga consolidado y siempre en la misma localidad.
Dos nuevos complementos salariales para funcionarios
La nueva Ley de Función Pública incluirá los complementos salariales de carrera y de desempeño.
El de carrera retribuirá la progresión durante la trayectoria. Es un complemento igual para todos los funcionarios de los mismos grupos o subgrupos.
El de desempeño estará vinculado a la superación de las evaluaciones continuas obligatorias.
Los sindicatos la ven "claramente mejorable"
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha anunciado este miércoles que presentará alegaciones al anteproyecto de ley de Función Pública, aprobado en el Consejo de Ministros de este martes, al considerar que "carece de concreción y de las debidas garantías".
El sindicato considera que el texto debería ser más preciso en algunas aspectos como la movilidad, el teletrabajo o la evaluación del desempeño y cree que "es muy mejorable desde el punto de vista técnico", según ha informado en un comunicado.
CSIF presentará las alegaciones al anteproyecto durante su negociación, en el trámite de audiencia pública y, si fuera necesario, también en el trámite parlamentario.
El sindicato cuestiona la evaluación de desempeño que recoge el texto y rechaza que el Gobierno quiera "de manera unilateral" que los funcionarios puedan ser apartados de sus puestos de trabajo si no superan esas evaluaciones.
