En España está abierto un crudo debate parlamentario sobre posibles cambios de relevancia política en el Código Penal, especialmente por la reforma del delito de malversación impulsada por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), beneficiosa para varios dirigentes independentistas encausados por el llamado procés y el referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre de 2017.
Sobre el papel, ERC no se propone la rebaja de penas en casos de corrupción, pero otros partidos o bien tienen dudas –caso del PSOE y Unidas Podemos– o están radicalmente en contra, como el PP. Hay temor a que haya corruptos que se beneficien con el nuevo texto.
¿Podría afectar esta reforma del Código Penal a mucha gente si se hace mal? ¿Tendría incluso consecuencias económicas y no solo políticas y sociales? Hay datos que hablan de miles de casos de corrupción en lo que va de siglo, de modo que estalla un caso cada dos días.
El estudio titulado “La corrupción política en España: un análisis descriptivo (2000-2020)”, de José Abreu, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, desvela 3.743 casos de corrupción de todos los niveles territoriales, localizados principalmente en tres comunidades: Andalucía, Comunidad Valenciana y Galicia. Todos ellos, desvelados en prensa, terminaron en imputación.
Según este documento de trabajo publicado por el Institut de Recerca en Economia Aplicada Regional i Pública de la Universidad de Barcelona, el PP concentra el 40,5% de los procedimientos y el PSOE, el 38,3%, de modo que entre ambos representan el 75,8% de la corrupción política en España. Se trata de procedimientos por prácticas corruptas, que suelen estar relacionadas con el urbanismo (32,3% de los casos), la sustracción de fondos públicos (20,7%) o el amaño de licitaciones (15,9%). La mayoría de los casos de corrupción política se da nivel local.
José Abreu lo tiene claro: “La corrupción es un fenómeno antagónico al desarrollo económico, político y social de cualquier región. Más si cabe cuando quienes la perpetran son los dirigentes encargados de la gobernanza y la gestión del devenir y los fondos de un país, región o localidad. Por tanto, es lógico que en sociedades corruptas se genere un sentimiento de desafección institucional.”
La corrupción desacredita la política y alarma a la sociedad, pero también causa daños económicos importantes. “En España la corrupción política se ha convertido en uno de los principales problemas, por el elevado número de casos revelados en los últimos tiempos (y su significancia), además de por el daño económico que implica”, concluye el autor del mencionado estudio universitario.
La base de datos que incorpora el informe no tenía precedentes con tanto nivel de detalle y es fruto de dos hemerotecas digitales –MyNews y Factiva–, atendiendo a una serie de criterios objetivos, detallados en el propio trabajo. La mayoría de las causas tienen lugar en el ámbito municipal (85,2%), con 1.498 localidades implicadas en algún procedimiento. El PP lidera el ranking, con 1.516 procedimientos por corrupción (40,5%), seguido por el PSOE, que aglutina 1.434 causas (38,3%).
Las limitaciones del trabajo de José Abreu, “debido a la dificultad de obtener la información y la falta de transparencia”, se han visto mitigadas, en parte, por la reciente base de datos de corrupción del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
@J_L_Gomez
