Sólo cuatro comunidades -Baleares, Cantabria, Extremadura y Madrid carecen de Defensor del Pueblo treinta años después de que la Constitución regulara esta figura para toda España.
No obstante, el Defensor está vigente en el resto de las autonomías con denominaciones distintas y ha cumplido ya sus bodas de plata en Andalucía, primera región que la aprobó en la democracia, un año después de que en 1982 se nombrara al primer Defensor del Pueblo de España, Joaquín Ruiz-Giménez.
Murcia ha sido la última comunidad en dar luz verde a la creación de esta institución, acordada por unanimidad por su Asamblea el pasado 20 de noviembre. Doce días después, tomó posesión el que será durante cinco años el Defensor del Pueblo de la Región, José Pablo Ruiz Abellán.
A Cantabria no le corre ninguna prisa contar con esa figura, ya que a pesar de que han transcurrido diez años desde que se introdujo en la reforma del Estatuto, el Gobierno no tiene previsto impulsar su creación porque está satisfecho con la atención que dispensa a los cántabros el Defensor del Pueblo español.
Pese a que los socialistas madrileños preparan una propuesta para instaurar esta figura en la Comunidad, el Ejecutivo de Esperanza Aguirre no se ha mostrado partidario hasta la fecha de abordar la reforma del Estatuto para ello.
Baleares sí tiene previsto por ley contar con un Síndico de Agravios, recogido en su Estatuto desde 1993, pero aunque se han hecho sucesivos intentos en varias legislaturas, no se ha logrado llegar a un consenso dadas las circunstancias políticas.
Extremadura tiene intención de aprobarlo con motivo de la próxima reforma de su Estatuto de Autonomía, cuya propuesta será remitida a las Cortes Generales en el primer trimestre de 2009.
Veinticinco años ha cumplido el pasado día 1 el defensor andaluz, que a lo largo de su historia ha recibido más de 100.000 consultas, tramitado 90.000 quejas y remitido 45 informes especiales a la cámara autonómica.
Justicia de Aragón. Así se denomina a la tercera autoridad en esa comunidad, cuyo origen se remonta a los siglos XII y XIII como mediador en las pugnas entre el Rey y la nobleza, si bien Felipe V de Borbón la suprimió en 1711 y se recuperó en la democracia con el Estatuto de Autonomía.
1988 es la fecha de creación del Ararteko, el defensor vasco que, con un presupuesto para el año que viene de 4,7 millones, tramita anualmente algo más de 4.000 consultas y quejas, la mitad de ellas contra las administraciones locales.
Una nueva norma, actualmente en tramitación con un amplio consenso, regulará esta figura de forma más moderna.
También en la Edad Media tiene sus antecedentes el Síndic de Greuges de Cataluña, figura que se incorporó al Estatut en 1979 pero no se reguló hasta 1984.
La misma denominación tiene el defensor de la Comunidad Valenciana, quien desde 1993 ha recogido quejas (casi 1.900 en 2007) especialmente relacionadas con el urbanismo y la vivienda.
Galicia cuenta desde 1990 con el Valedor do Pobo, un puesto que desde julio de 2007 ocupa Benigno López, cuyo mandato ha estado marcado por polémicas políticas sobre la lengua gallega.
Castilla y León, por su parte, creó en 1995 el Procurador del Común, alto procurador de las Cortes regionales con sede en León y que recibe alrededor de 2.000 quejas anuales.
Reciente es el Defensor de Castilla-La Mancha, que, con apenas seis años y medio de vida, recibe más de 700 quejas anuales relacionadas, en su mayoría, con la sanidad, la justicia y medio ambiente.
Diputado del Común es el nombre que recibe esta figura creada en 1985 en Canarias y que tiene sus orígenes en los procuradores del común y los personeros de los siglos XVI y XVII, representantes directos de los vecinos en los cabildos.
El Defensor del Pueblo de Navarra, vigente desde 2000, ha aumentado considerablemente el número de quejas que recibe. Entre los informes que redacta, destaca uno que desató la polémica al abogar por una regularización de la prostitución.
La Procuradoría General de Asturias se puso en marcha en 2006 y a su frente está la ex consejera socialista María Antonia Fernández Felgueroso, que vela por los derechos y libertades de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración.
También en ese año tomó posesión la primera Defensora del Pueblo Riojano, María Bueyo Díez, quien ha recogido las quejas de los ciudadanos relacionadas, en su mayoría, con la aplicación de la Ley de Dependencia.
Murcia ha sido la última comunidad en dar luz verde a la creación de esta institución, acordada por unanimidad por su Asamblea el pasado 20 de noviembre. Doce días después, tomó posesión el que será durante cinco años el Defensor del Pueblo de la Región, José Pablo Ruiz Abellán.
A Cantabria no le corre ninguna prisa contar con esa figura, ya que a pesar de que han transcurrido diez años desde que se introdujo en la reforma del Estatuto, el Gobierno no tiene previsto impulsar su creación porque está satisfecho con la atención que dispensa a los cántabros el Defensor del Pueblo español.
Pese a que los socialistas madrileños preparan una propuesta para instaurar esta figura en la Comunidad, el Ejecutivo de Esperanza Aguirre no se ha mostrado partidario hasta la fecha de abordar la reforma del Estatuto para ello.
Baleares sí tiene previsto por ley contar con un Síndico de Agravios, recogido en su Estatuto desde 1993, pero aunque se han hecho sucesivos intentos en varias legislaturas, no se ha logrado llegar a un consenso dadas las circunstancias políticas.
Extremadura tiene intención de aprobarlo con motivo de la próxima reforma de su Estatuto de Autonomía, cuya propuesta será remitida a las Cortes Generales en el primer trimestre de 2009.
Veinticinco años ha cumplido el pasado día 1 el defensor andaluz, que a lo largo de su historia ha recibido más de 100.000 consultas, tramitado 90.000 quejas y remitido 45 informes especiales a la cámara autonómica.
Justicia de Aragón. Así se denomina a la tercera autoridad en esa comunidad, cuyo origen se remonta a los siglos XII y XIII como mediador en las pugnas entre el Rey y la nobleza, si bien Felipe V de Borbón la suprimió en 1711 y se recuperó en la democracia con el Estatuto de Autonomía.
1988 es la fecha de creación del Ararteko, el defensor vasco que, con un presupuesto para el año que viene de 4,7 millones, tramita anualmente algo más de 4.000 consultas y quejas, la mitad de ellas contra las administraciones locales.
Una nueva norma, actualmente en tramitación con un amplio consenso, regulará esta figura de forma más moderna.
También en la Edad Media tiene sus antecedentes el Síndic de Greuges de Cataluña, figura que se incorporó al Estatut en 1979 pero no se reguló hasta 1984.
La misma denominación tiene el defensor de la Comunidad Valenciana, quien desde 1993 ha recogido quejas (casi 1.900 en 2007) especialmente relacionadas con el urbanismo y la vivienda.
Galicia cuenta desde 1990 con el Valedor do Pobo, un puesto que desde julio de 2007 ocupa Benigno López, cuyo mandato ha estado marcado por polémicas políticas sobre la lengua gallega.
Castilla y León, por su parte, creó en 1995 el Procurador del Común, alto procurador de las Cortes regionales con sede en León y que recibe alrededor de 2.000 quejas anuales.
Reciente es el Defensor de Castilla-La Mancha, que, con apenas seis años y medio de vida, recibe más de 700 quejas anuales relacionadas, en su mayoría, con la sanidad, la justicia y medio ambiente.
Diputado del Común es el nombre que recibe esta figura creada en 1985 en Canarias y que tiene sus orígenes en los procuradores del común y los personeros de los siglos XVI y XVII, representantes directos de los vecinos en los cabildos.
El Defensor del Pueblo de Navarra, vigente desde 2000, ha aumentado considerablemente el número de quejas que recibe. Entre los informes que redacta, destaca uno que desató la polémica al abogar por una regularización de la prostitución.
La Procuradoría General de Asturias se puso en marcha en 2006 y a su frente está la ex consejera socialista María Antonia Fernández Felgueroso, que vela por los derechos y libertades de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración.
También en ese año tomó posesión la primera Defensora del Pueblo Riojano, María Bueyo Díez, quien ha recogido las quejas de los ciudadanos relacionadas, en su mayoría, con la aplicación de la Ley de Dependencia.
