La Confederación Española de la Policía (CEP) presentó ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo una denuncia contra los diputados de IU Cayo Lara, José Luis Centella y Alberto Garzón a los que acusa de cometer un delito de injurias y calumnias contra la Policía por acusar a los agentes antidisturbios de provocar los incidentes registrados durante la protesta del 25-S frente al Congreso de los Diputados.
La denuncia acusa a estos tres dirigentes de haber responsabilizado a las Fuerzas de Seguridad 'de actuar premeditadamente para disolver ilegítimamente una manifestación causando conscientemente lesiones a los congregados, señalando al Cuerpo Nacional de Policía como único causante, instigador de todo'. La denuncia se presenta ante el Tribunal Supremo atendiendo a la calidad de aforados de los diputados en el Congreso.
DECLARACIONES
El sindicato policial se basa en las propias declaraciones públicas de los tres políticos, las cuales se adjuntan en la denuncia. Como ejemplo citan las palabras de coordinador federal de IU, Cayo Lara quien denunció que 'el normal funcionamiento de los diputados se vio molestado y perturbado por la Policía y nunca por los manifestantes'.
El texto también recoge otras declaraciones de Garzón: 'Hemos asistido a un exceso policial brutal en las calles que no atendía a ninguna lógica (...) empezaron a echar a todo el mundo a empujones de malas formas, La Castellana'.
Para la CEP estas declaraciones no se pueden amparar bajo la inmunidad ni la invocación al derecho de libertad de expresión y piden al Supremo que 'reciba declaración en calidad de imputados a los denunciados'.
DECLARACIONES
El sindicato policial se basa en las propias declaraciones públicas de los tres políticos, las cuales se adjuntan en la denuncia. Como ejemplo citan las palabras de coordinador federal de IU, Cayo Lara quien denunció que 'el normal funcionamiento de los diputados se vio molestado y perturbado por la Policía y nunca por los manifestantes'.
El texto también recoge otras declaraciones de Garzón: 'Hemos asistido a un exceso policial brutal en las calles que no atendía a ninguna lógica (...) empezaron a echar a todo el mundo a empujones de malas formas, La Castellana'.
Para la CEP estas declaraciones no se pueden amparar bajo la inmunidad ni la invocación al derecho de libertad de expresión y piden al Supremo que 'reciba declaración en calidad de imputados a los denunciados'.
