El exinterventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez Martínez afirmó ayer que todo el Consejo de Gobierno andaluz conocía las irregularidades que su departamento recogía en sus sucesivos informes sobre el sistema de pago de los ERE falsos.
Abogados personados en la causa indicaron a los periodistas en un receso de la declaración que el exinterventor aseguró que es 'absolutamente impensable' que el actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán, consejero de Hacienda entre el 2004 y el 2009, no conociese las irregularidades porque eran 'llamativas'. Se trataba de una 'patología presupuestaria singular' centrada en una sola Dirección General de la Consejería de Empleo, que el consejero de Hacienda tenía que conocer aunque no estuviera informado de los 'detalles', precisó.
Según los letrados, también la juez Mercedes Alaya dió por sentado que el actual presidente conocía los informes en los que le advertían de las irregularidades en el pago de las ayudas, en un interrogatorio en el que comenzó preguntando por el consejero de Hacienda y finalmente nombró a José Antonio Griñán con su nombre y apellido.
Gómez Martínez declaró que no despachó este asunto con Griñán pero sí con la entonces viceconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, ahora titular del departamento, con la que 'mantuvo dos o tres reuniones' para explicarle el desfase presupuestario.
DESEQUILIBRIO PRESUPUESTO
Los reparos de la Intervención 'eran de notorio conocimiento de todo el Consejo de Gobierno', dijo Gómez Martínez, quien citó varios hechos significativos como que en abril del 2003 el Gobierno de la Junta ordenó analizar los expedientes de las transferencias de financiación y en el año 2005 la Intervención informó de un desfase de 93 millones de euros que suponía un desequilibrio de todo el presupuesto de la Junta.
Cuando en 2010 las llamadas transferencias de financiación para pagar las ayudas se sustituyeron por la encomienda de gestión el sistema no mejoró porque seguía sin tener fiscalización previa, añadió el imputado. En otro momento de su declaración, precisó que en 2009 'informó de que el 45 por ciento de las transferencias de financiación tenían un uso indebido'.
La juez le preguntó por qué la Intervención no hizo los llamados informes de actuación, que habrían paralizado los pagos, a lo que Gómez Martínez respondió que la ley no le obligaba a ello al no suponer un 'menoscabo de fondos públicos' y además 'habrían acabado en un cajón', igual que sus anteriores advertencias.
Gómez Martínez, según los citados abogados, comenzó ratificando lo que manifestó a la Guardia Civil y su carta titulada 'Divinas palabras' que dirigió al presidente del parlamento andaluz en 2012, tras comparecer en la comisión de investigación, y donde culpó a los responsables políticos de 'cebar la corrupta partida de los ERE' pese a que podrían 'haber terminado con el nido de corrupción en 24 horas si hubieran tenido voluntad'.
No obstante, según los citados abogados, su declaración fue moderada en sus términos y toda la jornada de la mañana se centró en discusiones de Derecho Administrativo con Alaya. También aseguró que no recibió presiones políticas para no alertar sobre las irregularidades en el proceso de las ayudas.
Por otro lado, la juez imputó a Gómez Martínez los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Gómez Martínez fue encausado el pasado 28 de junio en el mismo auto en el que fueron imputados otros 19 altos cargos de la Junta, entre ellos, la ex ministra Magdalena Álvarez, por propiciar 'el dispendio de fondos públicos' en el desarrollo de sus responsabilidades.
Según los letrados, también la juez Mercedes Alaya dió por sentado que el actual presidente conocía los informes en los que le advertían de las irregularidades en el pago de las ayudas, en un interrogatorio en el que comenzó preguntando por el consejero de Hacienda y finalmente nombró a José Antonio Griñán con su nombre y apellido.
Gómez Martínez declaró que no despachó este asunto con Griñán pero sí con la entonces viceconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, ahora titular del departamento, con la que 'mantuvo dos o tres reuniones' para explicarle el desfase presupuestario.
DESEQUILIBRIO PRESUPUESTO
Los reparos de la Intervención 'eran de notorio conocimiento de todo el Consejo de Gobierno', dijo Gómez Martínez, quien citó varios hechos significativos como que en abril del 2003 el Gobierno de la Junta ordenó analizar los expedientes de las transferencias de financiación y en el año 2005 la Intervención informó de un desfase de 93 millones de euros que suponía un desequilibrio de todo el presupuesto de la Junta.
Cuando en 2010 las llamadas transferencias de financiación para pagar las ayudas se sustituyeron por la encomienda de gestión el sistema no mejoró porque seguía sin tener fiscalización previa, añadió el imputado. En otro momento de su declaración, precisó que en 2009 'informó de que el 45 por ciento de las transferencias de financiación tenían un uso indebido'.
La juez le preguntó por qué la Intervención no hizo los llamados informes de actuación, que habrían paralizado los pagos, a lo que Gómez Martínez respondió que la ley no le obligaba a ello al no suponer un 'menoscabo de fondos públicos' y además 'habrían acabado en un cajón', igual que sus anteriores advertencias.
Gómez Martínez, según los citados abogados, comenzó ratificando lo que manifestó a la Guardia Civil y su carta titulada 'Divinas palabras' que dirigió al presidente del parlamento andaluz en 2012, tras comparecer en la comisión de investigación, y donde culpó a los responsables políticos de 'cebar la corrupta partida de los ERE' pese a que podrían 'haber terminado con el nido de corrupción en 24 horas si hubieran tenido voluntad'.
No obstante, según los citados abogados, su declaración fue moderada en sus términos y toda la jornada de la mañana se centró en discusiones de Derecho Administrativo con Alaya. También aseguró que no recibió presiones políticas para no alertar sobre las irregularidades en el proceso de las ayudas.
Por otro lado, la juez imputó a Gómez Martínez los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Gómez Martínez fue encausado el pasado 28 de junio en el mismo auto en el que fueron imputados otros 19 altos cargos de la Junta, entre ellos, la ex ministra Magdalena Álvarez, por propiciar 'el dispendio de fondos públicos' en el desarrollo de sus responsabilidades.
