El fiscal coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, anunció ayer que dará una 'orden inminente' a la Policía Judicial para que investigue a los centros de reconocimiento que expiden documentos a conductores a cambio de dinero sin comprobar si están en condiciones de coger el volante. Así lo dijo Vargas en una rueda de prensa en la que ha analizado el contenido de la Memoria de la Fiscalía de Seguridad Vial correspondiente a 2009, en la que se alerta del aumento de lo que ha llamado 'centros clandestinos' que no cumplen la legalidad, causando así 'riesgos intolerables' en las carreteras.
'Hay una cifra negra difícil de determinar de accidentes y delitos cometidos por personas con enfermedades impeditivas o con el permiso de conducción expedido o renovado sin tener las facultades mínimas para la conducción que suponemos relevante', señala la Memoria. Aunque Vargas no facilitó una cifra del número centros en los que se han detectado irregularidades, el presidente de la Asociación Española de Centros Médicos y Psicotécnicos, José Ignacio Landaluce, calcula que alrededor un 5 por ciento de los 2.000 que existen en España no cumplen lo exigido legalmente.
POR LA VÍA PENAL
La Fiscalía de Seguridad Vial está decidida a impulsar la vía penal para investigar a esa 'minoría' de centros que, según Bartolomé Vargas, deshonra a un sector profesional y cualificado. Así,, anunció una respuesta moderada y prudente, pero 'decidida', al considerar que pueden estar cometiendo un delito de falsedad documental, castigado con penas de prisión de 6 meses a 3 años y multa de 6 a 12 meses.
El fiscal llegó a un acuerdo con la Dirección General de Tráfico para que le remita las infracciones más graves para iniciar los procedimientos penales y, desde ayer, ordenó a la Policía Judicial investigar estos hechos. Vargas explicó que se trata de centros que no tienen los facultativos exigidos ni el instrumental adecuado, en los que en ocasiones no hay ni reconocimiento.
POR LA VÍA PENAL
La Fiscalía de Seguridad Vial está decidida a impulsar la vía penal para investigar a esa 'minoría' de centros que, según Bartolomé Vargas, deshonra a un sector profesional y cualificado. Así,, anunció una respuesta moderada y prudente, pero 'decidida', al considerar que pueden estar cometiendo un delito de falsedad documental, castigado con penas de prisión de 6 meses a 3 años y multa de 6 a 12 meses.
El fiscal llegó a un acuerdo con la Dirección General de Tráfico para que le remita las infracciones más graves para iniciar los procedimientos penales y, desde ayer, ordenó a la Policía Judicial investigar estos hechos. Vargas explicó que se trata de centros que no tienen los facultativos exigidos ni el instrumental adecuado, en los que en ocasiones no hay ni reconocimiento.
