García Ortiz se enfrenta este jueves a las peticiones de dimisión de la Junta de Fiscales

Fuentes fiscales consultadas por Europa Press precisan que la reunión ha arrancado a las 10:00 horas de este jueves con cuatro de sus miembros conectados por vía telemática. En total, son 34 los fiscales que se sientan a la mesa con García Ortiz para escuchar de su boca su decisión de quedarse en el cargo tras el auto de ayer del Supremo.

Una sala de cinco magistrados, con Susana Polo como ponente y Manuel Marchena como presidente, acordó por unanimidad abrir causa contra García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos, el que le achaca Alberto González Amador --la pareja de Díaz Ayuso-- por una nota de prensa enviada el 14 de marzo por la Fiscalía de Madrid donde se revelaban emails de las negociaciones para llegar a un acuerdo con el fiscal del caso, Julián Salto.

El jefe del Ministerio Público ha respondido anunciando que seguirá en el cargo por estar convencido de que "es lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo, y de que en puridad refuerza la independencia de la Fiscalía".

Al mismo tiempo se ha mostrado consciente de que esta medida inédita afectará al trabajo de los fiscales, por lo que ha convocado para esta mañana una Junta de Fiscales de Sala y para esta tarde al Consejo Fiscal, "a fin de hacerles partícipes de esta decisión, proporcionar las explicaciones oportunas y escuchar cuanto tengan a bien manifestar".

En la Junta de Fiscales de Sala participarán 16 fiscales asociados a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que perteneció García Ortiz; 9 de la Asociación de Fiscales (AF); y 11 no asociados. Sin embargo, en ocasiones anteriores la aritmética de bloques no ha funcionado, adoptándose decisiones transversales, con movimiento sobre todo de los no asociados.

Y, precisamente por la defensa de la institución, el fiscal general está convencido de la necesidad de seguir en el cargo. Las citadas fuentes destacan que la conducta ahora investigada consistió en reivindicar el papel del Ministerio Público frente a la difusión de un "bulo". No se trata de un delito de prevaricación, recalcan.

Asimismo, ponen el foco en el precedente que sentaría la dimisión de un fiscal general por estos motivos. Así, señalan lo "fácil" que sería remover a cualquier fiscal --por ejemplo, anticorrupción-- con la mera difusión de informaciones falsas, sin que el Ministerio Público tuviera la capacidad de desmontarlas.

Por otro lado, desde la Junta de Fiscales de Sala se advierte ya de que será un encuentro "tenso", en el que varios reclamarán a García Ortiz que deje el cargo al considerar "incompatible" que sea fiscal general y esté investigado.

No obstante, se espera igualmente que García Ortiz encuentre apoyos en una Junta de Fiscales de Sala donde se sientan, entre otros, quien fuera su antecesora, Dolores Delgado.

También hay fiscales que asisten expectantes al cónclave sin tener claro cuál es el propósito del mismo, ya que será un mero intercambio de opiniones. Y es que cuando todos aquellos que hayan querido tomen la palabra el encuentro concluirá sin votación alguna.

La mayoría del Consejo Fiscal

Por la tarde, García Ortiz comunicará su decisión al Consejo Fiscal. Aquí las fuentes también auguran una reunión de alto voltaje en el órgano consultivo, integrado actualmente por 6 vocales de la AF, 2 de la UPF y uno de la APIF, más las dos vocales natas --la teniente fiscal María Ángeles Sánchez-Conde y la fiscal inspectora María Antonia Sanz Gaite--.

hacen hincapié en que la continuidad de García Ortiz dará lugar a un sinfín de situaciones complejas en el seno de la Fiscalía, empezando por que es el superior de jerárquico del fiscal que tenga que defender la postura de la institución. Sánchez-Conde fue la encargada de contestar a la exposición razonada que ha avocado a la imputación. La `número dos` defendió que no hubo delito porque era "imprescindible" desmentir un "bulo".

"No podemos echarle"

Con todo, los críticos con García Ortiz admiten que el margen de maniobra es limitado porque ni la Constitución, ni la ley, ni el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) prevén el escenario actual --"porque es inconcebible"--, por lo que asumen que el fiscal general se mantendrá firme en su decisión inicial. "No podemos echarle", aseguran.

El Supremo, en el auto en el que acuerda la imputación, señala que "en este momento inicial de formación de la causa", al menos indiciariamente, "sí existe una carga de lesividad que afecta al posible perjuicio al derecho de defensa de González Amador, como consecuencia de la revelación del correo existente entre su letrado y el fiscal de Delitos Económicos".

No era un derecho sino un "deber"

Por contra, entre quienes reivindican la actuación de García Ortiz se interpreta que el TS no ve indicios de revelación de secretos en la publicación de la nota de prensa, sino en el origen de la filtración de los mencionados `emails`.

En esta línea se ha pronunciado el portavoz de la UPF, Félix Martín, en un comunicado. "Bajo nuestra consideración, usted, no solo tiene el derecho, sino tiene el deber de continuar y defender en los tribunales, no solo su actuación profesional, sino la actuación de todos los compañeros, y la facultad que debemos tener los fiscales, siempre, de poder informar a la opinión publica para desmentir informaciones que no son veraces", ha declarado.