El Consejo de Ministros aprueba medidas de recorte educativo para que los 'alumnos respondan al esfuerzo de los ciudadanos'
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes dos decretos que plasman las medidas de ajuste en Sanidad y Educación anunciadas durante la semana y con las que se pretende ahorrar 10.000 millones de euros. Por un lado, el Gobierno ha dado luz verde a la desfinanciación de algunos fármacos y ha cambiado la Ley de Extranjería para evitar el turismo sanitario. Y por otro lado, ha introducido nuevas medidas en enseñanza universitaria y no universitaria buscando que los estudiantes respondan al 'esfuerzo que hace el conjunto de los ciudadanos'.
La ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que el Gobierno va a abordar un cambio en la Ley de Extranjería para evitar que familiares de residentes extranjeros legales vengan a España 'exclusivamente' a recibir atención sanitaria.
En este sentido, ha explicado que se clarificarán trámites para que el empadronamiento no sea el único 'requisito' para recibir asistencia sanitaria. Así, se van a establecer unos requerimientos de modo que, se va a tener en cuenta, 'las personas que de verdad viven en España'.
Y es que teniendo en cuenta el informe del Tribunal de Cuentas, con los datos del 2009, cifra en más de 700.000 personas las que están utilizando los servicios sanitarios de manera indebida, lo que supuso ese año un gasto de 917 millones de euros.
Lo cierto es que el ahorro que el Gobierno espera conseguir son unos 1.500 millones de euros, que se conseguirían de los casi 1.000 millones de euros que cuesta la asistencia sanitaria a los europeos y, aproximadamente, otros 500 millones de euros que es el gasto que supone la asistencia sanitaria a los inmigrantes que traen a familiares sin derecho a prestación.
Aún así, toda persona que no cumpla estos requisitos, 'tendrá derecho exactamente en las mismas condiciones que nosotros tenemos en sus países', aunque, ha querido dejar claro que no se le negará la asistencia sanitaria básica, porque 'todas las personas tienen derecho a la asistencia sanitaria básica en España'.
El artículo 12 de la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España, modificada en el año 2009, reconoce que 'los extranjeros empadronados en el municipio en el que tengan su domicilio habitual' tienen derecho a la asistencia sanitaria 'en las mismas condiciones que los españoles'.
De este modo, con la reforma se pretende garantizar la universalidad de la sanidad y, al mismo tiempo, pone fin a los abusos en las prestaciones sanitarias y el uso fraudulento por parte de ciudadanos extranjeros de los servicios de salud'. Para ello, se adapta de forma correcta la normativa europea, que permite la libre circulación, pero prohíbe explícitamente desplazarse a otro estado miembro con el único objetivo de recibir asistencia sanitaria.
'TODOS DEBEMOS COLABORAR CON LOS QUE LO ESTÁN PASANDO PEOR'
Además, el Consejo de Ministros ha dado luz verde al Real Decreto ley de reformas para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) que, además de incorporar la reforma del copago farmacéutico para los ciudadanos, también incluye la desfinanciación de medicamentos con 'menor valor terapéutico' y la obligación de que los laboratorios farmacéuticos modifiquen 'de una vez por todas' los envases de las medicinas para ajustarlos a la duración de los tratamientos.
Así lo ha anunciado Ana Mato. Además, ha advertido que 'todos tenemos que colaborar con los que lo están pasando peor', al tiempo que ha pedido a la industria farmacéutica un esfuerzo 'igual que se le pide a los ciudadanos'.
Lo cierto es que con este paquete de medidas, que ya recibió el visto bueno de las comunidades en el Consejo Interterritorial de esta semana, se pretende conseguir un ahorro total de más de 7.000 millones de euros 'no sólo para salir de esta crisis, sino para garantizar nuestro sistema en el futuro'.
La ministra ha insistido en que el nuevo copago farmacéutico es 'justo' y 'equitativo' ya que se ha tenido en cuenta la edad y la renta de los ciudadanos, partiendo de la base de que 'todos ya colaboramos a través de nuestros impuestos en la financiación de nuestra sanidad'.
Por otro lado, el Consejo de Ministros ha aprobado también este viernes el Real Decreto Ley de Medidas Urgentes de Racionalización del Gasto Público en el ámbito educativo, que modifican la Ley Orgánica de Universidades (LOU) y la Ley Orgánica de Educación (LOE), para introducir nuevas medidas en enseñanza universitaria y no universitaria con el objetivo de recortar 3.000 millones de euros buscando que los estudiantes respondan al 'esfuerzo que hace el conjunto de los ciudadanos'.
El titular de Educación, José Ignacio Wert, ha señalado que las iniciativas aprobadas con este decreto responden a las peticiones de las comunidades autónomas para alcanzar el objetivo de déficit y 'hacer más eficiente el gasto educativo'. Según ha dicho, el Gobierno modifica algunos aspectos de las leyes educativas para dar una 'mayor flexibilidad' a las autonomías.
Además, Wert ha enumerado los cambios en educación no universitaria, como la medida temporal que permite a las comunidades autónomas aumentar en un 20 por ciento el número máximo de alumnos por clase previsto en la LOE: 25 en Primaria y 30 en Secundaria.
Para los profesores, el Gobierno establece un mínimo de 25 horas lectivas en Educación Infantil y Primaria y de 20 horas en las restantes enseñanzas, sin perjuicio de las reducciones que correspondan por ejercicio de funciones de dirección o coordinación del centro. En cuanto a los ciclos de Formación Profesional de 2.000 horas que se iban a implantar el curso que viene, el Ejecutivo ha decidido aplazarlos al curso 2013-2014.
'CONJUGAR LA OFERTA DE FORMA EFICIENTE'
Además, el Ejecutivo elimina la obligatoriedad de ofertar al menos dos modalidades de Bachillerato en los términos previstos en la LOE. Según el ministro, esta obligatoriedad carecía de 'sentido práctico' en los casos en los que no hubiera suficiente demanda y ha incidido en que no se trata de limitar las modalidades de selección por parte del alumnado, sino de 'conjugar la oferta de forma eficiente'.
En cuanto a las modificaciones de la Ley Orgánica de Universidades, el Gobierno ha establecido medidas de racionalización del gasto que afecta a las enseñanzas universitarias que desarrollarán las comunidades en diálogo con las comunidades autónomas. En este sentido, Wert ha señalado que se establecen 'mínimos de eficiencia' para evitar, por ejemplo, que cuatro universidades de una misma comunidad impartan un título, que en total están matriculados 23 alumnos.
El coste de la primera matrícula cubrirá a partir del curso que viene entre el 15 y el 25 por ciento del coste real en los títulos de grado y Másteres habilitantes para el ejercicio de una profesión. La segunda matrícula cubrirá entre el 30 y el 40 por ciento del coste real; tercera entre el 65 y el 75 por ciento; y la cuarta matrícula entre el 90 y el cien por cien del coste real de las enseñanzas.
Para el resto de Másteres, los no habilitantes para el ejercicio de una profesión, la primera matrícula cubrirá entre el 40 y el 50 por ciento y entre el 65 y el 75 por ciento de los costes a partir de la segunda matrícula.
Otra de las medidas se refiere a la matrícula de los alumnos extranjeros procedentes de países de fuera de la Unión Europea sin permiso de residencia, que, a partir del curso que viene, salvo que haya acuerdos de reciprocidad con sus países de origen, tendrán que abonar el 100% del coste de su plaza universitaria.
La ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que el Gobierno va a abordar un cambio en la Ley de Extranjería para evitar que familiares de residentes extranjeros legales vengan a España 'exclusivamente' a recibir atención sanitaria.
En este sentido, ha explicado que se clarificarán trámites para que el empadronamiento no sea el único 'requisito' para recibir asistencia sanitaria. Así, se van a establecer unos requerimientos de modo que, se va a tener en cuenta, 'las personas que de verdad viven en España'.
Y es que teniendo en cuenta el informe del Tribunal de Cuentas, con los datos del 2009, cifra en más de 700.000 personas las que están utilizando los servicios sanitarios de manera indebida, lo que supuso ese año un gasto de 917 millones de euros.
Lo cierto es que el ahorro que el Gobierno espera conseguir son unos 1.500 millones de euros, que se conseguirían de los casi 1.000 millones de euros que cuesta la asistencia sanitaria a los europeos y, aproximadamente, otros 500 millones de euros que es el gasto que supone la asistencia sanitaria a los inmigrantes que traen a familiares sin derecho a prestación.
Aún así, toda persona que no cumpla estos requisitos, 'tendrá derecho exactamente en las mismas condiciones que nosotros tenemos en sus países', aunque, ha querido dejar claro que no se le negará la asistencia sanitaria básica, porque 'todas las personas tienen derecho a la asistencia sanitaria básica en España'.
El artículo 12 de la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España, modificada en el año 2009, reconoce que 'los extranjeros empadronados en el municipio en el que tengan su domicilio habitual' tienen derecho a la asistencia sanitaria 'en las mismas condiciones que los españoles'.
De este modo, con la reforma se pretende garantizar la universalidad de la sanidad y, al mismo tiempo, pone fin a los abusos en las prestaciones sanitarias y el uso fraudulento por parte de ciudadanos extranjeros de los servicios de salud'. Para ello, se adapta de forma correcta la normativa europea, que permite la libre circulación, pero prohíbe explícitamente desplazarse a otro estado miembro con el único objetivo de recibir asistencia sanitaria.
'TODOS DEBEMOS COLABORAR CON LOS QUE LO ESTÁN PASANDO PEOR'
Además, el Consejo de Ministros ha dado luz verde al Real Decreto ley de reformas para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) que, además de incorporar la reforma del copago farmacéutico para los ciudadanos, también incluye la desfinanciación de medicamentos con 'menor valor terapéutico' y la obligación de que los laboratorios farmacéuticos modifiquen 'de una vez por todas' los envases de las medicinas para ajustarlos a la duración de los tratamientos.
Así lo ha anunciado Ana Mato. Además, ha advertido que 'todos tenemos que colaborar con los que lo están pasando peor', al tiempo que ha pedido a la industria farmacéutica un esfuerzo 'igual que se le pide a los ciudadanos'.
Lo cierto es que con este paquete de medidas, que ya recibió el visto bueno de las comunidades en el Consejo Interterritorial de esta semana, se pretende conseguir un ahorro total de más de 7.000 millones de euros 'no sólo para salir de esta crisis, sino para garantizar nuestro sistema en el futuro'.
La ministra ha insistido en que el nuevo copago farmacéutico es 'justo' y 'equitativo' ya que se ha tenido en cuenta la edad y la renta de los ciudadanos, partiendo de la base de que 'todos ya colaboramos a través de nuestros impuestos en la financiación de nuestra sanidad'.
Por otro lado, el Consejo de Ministros ha aprobado también este viernes el Real Decreto Ley de Medidas Urgentes de Racionalización del Gasto Público en el ámbito educativo, que modifican la Ley Orgánica de Universidades (LOU) y la Ley Orgánica de Educación (LOE), para introducir nuevas medidas en enseñanza universitaria y no universitaria con el objetivo de recortar 3.000 millones de euros buscando que los estudiantes respondan al 'esfuerzo que hace el conjunto de los ciudadanos'.
El titular de Educación, José Ignacio Wert, ha señalado que las iniciativas aprobadas con este decreto responden a las peticiones de las comunidades autónomas para alcanzar el objetivo de déficit y 'hacer más eficiente el gasto educativo'. Según ha dicho, el Gobierno modifica algunos aspectos de las leyes educativas para dar una 'mayor flexibilidad' a las autonomías.
Además, Wert ha enumerado los cambios en educación no universitaria, como la medida temporal que permite a las comunidades autónomas aumentar en un 20 por ciento el número máximo de alumnos por clase previsto en la LOE: 25 en Primaria y 30 en Secundaria.
Para los profesores, el Gobierno establece un mínimo de 25 horas lectivas en Educación Infantil y Primaria y de 20 horas en las restantes enseñanzas, sin perjuicio de las reducciones que correspondan por ejercicio de funciones de dirección o coordinación del centro. En cuanto a los ciclos de Formación Profesional de 2.000 horas que se iban a implantar el curso que viene, el Ejecutivo ha decidido aplazarlos al curso 2013-2014.
'CONJUGAR LA OFERTA DE FORMA EFICIENTE'
Además, el Ejecutivo elimina la obligatoriedad de ofertar al menos dos modalidades de Bachillerato en los términos previstos en la LOE. Según el ministro, esta obligatoriedad carecía de 'sentido práctico' en los casos en los que no hubiera suficiente demanda y ha incidido en que no se trata de limitar las modalidades de selección por parte del alumnado, sino de 'conjugar la oferta de forma eficiente'.
En cuanto a las modificaciones de la Ley Orgánica de Universidades, el Gobierno ha establecido medidas de racionalización del gasto que afecta a las enseñanzas universitarias que desarrollarán las comunidades en diálogo con las comunidades autónomas. En este sentido, Wert ha señalado que se establecen 'mínimos de eficiencia' para evitar, por ejemplo, que cuatro universidades de una misma comunidad impartan un título, que en total están matriculados 23 alumnos.
El coste de la primera matrícula cubrirá a partir del curso que viene entre el 15 y el 25 por ciento del coste real en los títulos de grado y Másteres habilitantes para el ejercicio de una profesión. La segunda matrícula cubrirá entre el 30 y el 40 por ciento del coste real; tercera entre el 65 y el 75 por ciento; y la cuarta matrícula entre el 90 y el cien por cien del coste real de las enseñanzas.
Para el resto de Másteres, los no habilitantes para el ejercicio de una profesión, la primera matrícula cubrirá entre el 40 y el 50 por ciento y entre el 65 y el 75 por ciento de los costes a partir de la segunda matrícula.
Otra de las medidas se refiere a la matrícula de los alumnos extranjeros procedentes de países de fuera de la Unión Europea sin permiso de residencia, que, a partir del curso que viene, salvo que haya acuerdos de reciprocidad con sus países de origen, tendrán que abonar el 100% del coste de su plaza universitaria.
