El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, se dirigió ayer al Tribunal Constitucional para negar que los Presupuestos Generales del Estado de 2013 incumplan estatutos de autonomía e invitó a las comunidades autonómas a reducir gasto innecesario y centrarse en mantener la sociedad del bienestar.
'Deben centrarse en educación, sanidad y servicios sociales y el resto en estos momentos sobra', recalcó Beteta en declaraciones a los medios tras reunirse con miembros del grupo popular en el Congreso de los Diputados para hablar sobre los Presupuestos Generales del Estado de 2013, que se registraron el sábado en la Cámara Baja.
Antes de su intervención, el portavoz del partido en la comisión de presupuestos, Antonio Gallego, recordó que las cuentas del Estado 'están lastradas por la herencia nefasta' recibida por el actual Gobierno. Así, apuntó que la deuda se dobló en los últimos cinco años hasta destinar 40.000 millones de euros para pagar los intereses, lo que supone, según Gallego, aportar uno de cada cuatro euros a este apartado. 'Son unos presupuestos creados en un contexto de crisis, que tienen como objetivo la reducción del déficit y lograr ganarse la confianza de socios europeos', concluyó.
REDUCIR EMPRESAS PÚBLICAS
Preguntado por las críticas de algunas comunidades por rebajar las transferencias en un 12%, Beteta subrayó que comprende que 'cuando el traje se vuelve estrecho todo el mundo quiere que sea más ancho', pero en el actual contexto de crisis lo que deben hacer, manifestó, es ejecutar sus planes económico-financieros y reducir empresas públicas. Al respecto, recordó que el Ministerio de Hacienda está realizando un seguimiento y 'una monitorización permanente de la norma'.
En lo que se refiere a las disposiciones adicionales de los estatutos de autonomía 'se respetan en los términos en los cuales los interpretó el Tribunal Constitucional', señaló Beteta, en el sentido de que 'es competencia de las cortes generales concretar según la situación económica cuales son las cantidades' que corresponden. 'En atención a esa priorización de las pensiones, la sanidad, la educación y los servicios sociales, hubo que reducir la inversión, y en consecuencia no procedía anotar las cantidades que algunas comunidades reclaman', añadió.
Lo que quiso dejar claro es que las comunidades autonómas 'ven garantizada su financiación corriente' a través de los Presupuestos y en las entregas a cuenta, 'que se pagarán en tiempo y forma tanto en la liquidación de hace dos años como a través de esos mecanismos extraordinarios de financiación como el fondo de liquidez autonómica'.
El secretario de Estado -que destacó que el presupuesto de 2013 es 'serio, riguroso y creíble'- subrayó asimismo que en atención a que ocho de cada diez euros del gasto autonómico van dirigidos a servicios básicos su reducción fue mucho menor a la que por ejemplo se aplicó al gasto ministerial (8,9 %).
Antes de su intervención, el portavoz del partido en la comisión de presupuestos, Antonio Gallego, recordó que las cuentas del Estado 'están lastradas por la herencia nefasta' recibida por el actual Gobierno. Así, apuntó que la deuda se dobló en los últimos cinco años hasta destinar 40.000 millones de euros para pagar los intereses, lo que supone, según Gallego, aportar uno de cada cuatro euros a este apartado. 'Son unos presupuestos creados en un contexto de crisis, que tienen como objetivo la reducción del déficit y lograr ganarse la confianza de socios europeos', concluyó.
REDUCIR EMPRESAS PÚBLICAS
Preguntado por las críticas de algunas comunidades por rebajar las transferencias en un 12%, Beteta subrayó que comprende que 'cuando el traje se vuelve estrecho todo el mundo quiere que sea más ancho', pero en el actual contexto de crisis lo que deben hacer, manifestó, es ejecutar sus planes económico-financieros y reducir empresas públicas. Al respecto, recordó que el Ministerio de Hacienda está realizando un seguimiento y 'una monitorización permanente de la norma'.
En lo que se refiere a las disposiciones adicionales de los estatutos de autonomía 'se respetan en los términos en los cuales los interpretó el Tribunal Constitucional', señaló Beteta, en el sentido de que 'es competencia de las cortes generales concretar según la situación económica cuales son las cantidades' que corresponden. 'En atención a esa priorización de las pensiones, la sanidad, la educación y los servicios sociales, hubo que reducir la inversión, y en consecuencia no procedía anotar las cantidades que algunas comunidades reclaman', añadió.
Lo que quiso dejar claro es que las comunidades autonómas 'ven garantizada su financiación corriente' a través de los Presupuestos y en las entregas a cuenta, 'que se pagarán en tiempo y forma tanto en la liquidación de hace dos años como a través de esos mecanismos extraordinarios de financiación como el fondo de liquidez autonómica'.
El secretario de Estado -que destacó que el presupuesto de 2013 es 'serio, riguroso y creíble'- subrayó asimismo que en atención a que ocho de cada diez euros del gasto autonómico van dirigidos a servicios básicos su reducción fue mucho menor a la que por ejemplo se aplicó al gasto ministerial (8,9 %).
