La Justicia norirlandesa consideró ayer que ningún tribunal de la provincia tiene competencias para anular la libertad condicional del ex preso etarra José Ignacio de Juana Chaos, ahora en paradero desconocido, pero dejó abierta la puerta a su detención por las fuerzas del orden. La Fiscalía norirlandesa había pedido revocar las condiciones de libertad vigilada al Alto Tribunal de Belfast, encargado de tramitar el recurso de apelación presentado por la defensa contra la extradición a España de De Juana, ordenada el pasado marzo por el juzgado de primera instancia del magistrado Thomas Burgess.
La Fiscalía, que representa en este caso los intereses de la Justicia española en Irlanda del Norte, pidió que se anulara la libertad condicional de De Juana porque éste la había incumplido al no presentarse ante la policía y encontrarse en situación de paradero desconocido. Después de estudiar durante las últimas semanas la legislación vigente, los tres jueces que componen el tribunal de apelaciones dieron ayer la razón a la defensa del ex preso, que alegó irregularidades en la Ley de Extradición británica de 2003.
Según expertos judiciales consultados, en virtud de esta ley 'el Alto tribunal de Apelaciones puede otorgar libertad condicional a un sujeto, pero no puede revocar o anularla si ya ha sido procesada en otro tribunal'. Tampoco lo puede hacer ahora Burgess, quien impuso a De Juana las condiciones de libertad vigilada (fichar en comisaría y respetar un toque de queda en su domicilio) al comienzo del proceso de extradición, en noviembre de 2008, en contra de la opinión de la Policía norirlandesa (PSNI), que alertó del riesgo de fuga.
Según expertos judiciales consultados, en virtud de esta ley 'el Alto tribunal de Apelaciones puede otorgar libertad condicional a un sujeto, pero no puede revocar o anularla si ya ha sido procesada en otro tribunal'. Tampoco lo puede hacer ahora Burgess, quien impuso a De Juana las condiciones de libertad vigilada (fichar en comisaría y respetar un toque de queda en su domicilio) al comienzo del proceso de extradición, en noviembre de 2008, en contra de la opinión de la Policía norirlandesa (PSNI), que alertó del riesgo de fuga.
