En total, 10 grupos se han encargado de investigar los expedientes de regulación de empleo (ERE) andaluces de los últimos 10 años.
Su conclusión es que el 96,94 por ciento de los 5.982 casos estudiados se ajusta a la legalidad, con sólo 72 personas 'ajenas' a las compañías con las que aparecen vinculadas y 111 ligadas a 'discordancias administrativas'. Sin embargo, la jueza Alaya, en su investigación paralela, detectó más intrusos, y así lo hizo saber en un auto emitido el 11 de marzo. La instructora sostiene que la Junta señala a tres intrusos de ocho en Saldauto, dos de 11 en Surcolor y uno de cinco en Hitemasa, y pide las pertinentes explicaciones.
Mercedes Alaya, jueza de Instrucción número 6 de Sevilla, manifiesta en el auto del 11 de marzo que 'de la documentación reclamada, tan sólo se ha recibido la unida a la denuncia de la Junta'. También pide a la Administración autonómica que explique por qué señala menos intrusos de los que ella ha detectado.
En relación 'a la empresa Saldauto', la Junta apunta hacia 'tres intrusos', dice el texto. En cambio, 'salvo que exista otra documentación que demuestre lo contrario', a la jueza le consta que 'el número de intrusos indiciariamente se elevaría a ocho'.
En el caso de Surcolor, 'se señala a dos falsos trabajadores, cuando en realidad (...) son once'. Respecto a Hitemasa, 'únicamente señala a Estrella Blanco'. No obstante, Alaya explica que, 'en virtud del atestado policial', hay más personas incluidas en el ERE a pesar de que nunca trabajaron en la compañía.
Se trata de César Jesús Braña, ex gobernador civil de Cádiz, cuyas prestaciones recibieron sus herederos legales cuando falleció; Juan Lanzas, ex sindicalista de UGT, y su esposa, Patrocinio Sierra. La instructora también señala a María de las Nieves Ruiz, esposa del dirigente de UGT de Jaén Rafael Mesa, y a Josefa Martínez, esposa del dirigente del mismo sindicato Luis García de los Reyes.
En resumen, la institución señala a tres intrusos de ocho en Saldauto, dos de 11 en Surcolor y uno de cinco en Hitemasa. Además, la jueza pedirá explicaciones sobre 'por qué incluye como intruso en Germans a Luis Vera Calzado'. Según sostiene, 'consta como trabajador de dicha empresa desde el 1 de junio de 1979'.
Aparte de eso, el auto recoge que, en la documentación, 'destaca otro dato que contrasta'. Francisco Javier Guerrero el que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social, aprobó una póliza para varias empresas y se comprometió a pagar 'casi 10 millones de euros'. Más tarde, dijo que efectuaría dos pagas de 1.981.000 euros a Bonpunt, para una póliza de 18 trabajadores. Los compromisos tuvieron lugar en abril de 2008 y febrero de 2009.
También en abril de 2009, 'se compromete al pago de 292.548 euros para 34 asegurados' de Cydeplast, mientras que 'en Springer Arteferro compromete la suma de 2.015.247 euros, más 796.978 euros posteriormente, para un colectivo de 12 trabajadores'. Con estos datos, Alaya pide a la Policía información 'sobre las razones que pueden motivar la diferencia económica en tales prestaciones en relación al número de trabajadores beneficiarios'.
ORGANIGRAMAS DE LAS INSTITUCIONES
La jueza de Instrucción reclama el organigrama de la Consejería de Empleo desde el año 1999 hasta la actualidad, incluidos 'los nombres de los titulares'. Pide lo mismo en el caso de la Viceconsejería, de todas las direcciones generales, asesores directos o indirectos, agencias e institutos dependientes de la Consejería y delegaciones provinciales.
También pide el organigrama de la Consejería de Economía y Hacienda desde el año 1999 y el de la Intervención General de la Junta. Asimismo, la Administración tiene que presentar el esquema de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, y de Presidencia.
Alaya solicita información 'sobre la dependencia, jerárquica o por delegación, de las referidas consejerías de las vicepresidencias del Gobierno'. Además, pide el nombre de sus titulares, 'fecha de toma de posesión y cese' y 'la composición del Consejo de Gobierno de la Junta en las fechas indicadas'. La institución tendrá que agregar a esos datos el nombre de los responsables del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), también desde 1999 hasta ahora.
De la investigación de los ERE de Mercasevilla y los de la Junta 'se deduce' que podría existir una trama 'que tendría por objeto la utilización fraudulenta de ERE'. Alaya dice que el procedimiento se habría llevado a cabo a través de 'planes de prejubilación anticipada mediante pólizas de rentas colectiva'. En este punto, alude a 'la inclusión (...) de personas que nunca habían trabajado en las empresas, con la intervención de éstas y con el indiciario conocimiento de la autoridad laboral'.
Dados los puntos en común, la instructora cree que el asunto 'deberá conocerse en un solo proceso'. En él, acuerda formar piezas separadas por cada una de las empresas investigadas y en las que 'se han detectado irregularidades según la denuncia de la Junta'.
MIENTRAS, LA JUNTA SE JACTA DE QUE SÓLO HA ENCONTRADO UN 1,20 POR CIENTO DE INTRUSOS
Manuel Recio, titular de la Consejería de Empleo, se jactaba este miércoles de que sólo hay 183 empleados relacionados con alguna irregularidad. Esto significaría que el 96,94 por ciento de los 5.982 trabajadores beneficiarios de ayudas no están ligados a ninguna actividad ilegal.
La institución sólo localizó a 72 personas incluidas en los ERE de compañías a las que nunca habían pertenecido. Los 'hombres de paja' suman un fraude de 9 millones de euros. Otros 111 empleados están vinculados a 'discordancias administrativas'. Es decir, que sí habían trabajado en las empresas con las que aparecían relacionadas, pero sus casos contienen alguna cuestión 'que debe ser aclarada y subsanada', explicó Recio.
La labor de los grupos de investigación se completó con el repaso de la documentación relativa a 68 empresas. En 24 de ellas hay 'hombres de paja' y en otras 18 hay 'discordancias administrativas'.
La cantidad defraudada se aleja, según Recio, de la que el PP estimaba en un principio. El partido 'decía que más de 600 millones de euros que hemos destinado en los diez últimos años a la política sociolaboral han estado mal utilizados'. La investigación 'deja bien claro' que los casos que la Consejería de Empleo no puede corroborar representan 'el uno por ciento'. El consejero colgó en Facebook los datos de la investigación.
EL PP-A PIDE AMPARO A LA PRESIDENTA DEL PARLAMENTO ANDALUZ
Fuensanta Coves, presidenta del Parlamento Andaluz, desoyó este miércoles la petición de amparo que le hizo el PP-A. La solicitud se relacionaba con el hecho de que la Junta de Portavoces sólo ha respondido a tres de las 120 preguntas escritas que la oposición registró el 14 de febrero. Todas las cuestiones giraban en torno a la trama de los ERE.
Durante la Junta, la propia Oña hizo la solicitud, argumentando que la situación es 'intolerable', como también lo es que Recio publicase los datos vía Facebook, 'antes de comparecer ante los medios' y de haberlos trasladados al Parlamento. La presidenta pidió a la popular que dejase seguir el orden del día y, tras un 'tira y afloja', la portavoz abandonó la sala, acompañada por Jorge Ramos, secretario general del grupo parlamentario popular.
Las críticas no tardaron en sucederse. Mario Jiménez, portavoz del PSOE andaluz, dijo que la actuación formaba parte de 'una estrategia del PP-A para montar un circo'. El portavoz se mostró satisfecho porque la proporción de recursos defraudados es 'muy pequeña'. De cualquier manera, recalcó que el Gobierno de la comunidad reclamará 'hasta el último céntimo de euro que se haya cobrado ilegalmente por parte de quien lo haya hecho'.
Mercedes Alaya, jueza de Instrucción número 6 de Sevilla, manifiesta en el auto del 11 de marzo que 'de la documentación reclamada, tan sólo se ha recibido la unida a la denuncia de la Junta'. También pide a la Administración autonómica que explique por qué señala menos intrusos de los que ella ha detectado.
En relación 'a la empresa Saldauto', la Junta apunta hacia 'tres intrusos', dice el texto. En cambio, 'salvo que exista otra documentación que demuestre lo contrario', a la jueza le consta que 'el número de intrusos indiciariamente se elevaría a ocho'.
En el caso de Surcolor, 'se señala a dos falsos trabajadores, cuando en realidad (...) son once'. Respecto a Hitemasa, 'únicamente señala a Estrella Blanco'. No obstante, Alaya explica que, 'en virtud del atestado policial', hay más personas incluidas en el ERE a pesar de que nunca trabajaron en la compañía.
Se trata de César Jesús Braña, ex gobernador civil de Cádiz, cuyas prestaciones recibieron sus herederos legales cuando falleció; Juan Lanzas, ex sindicalista de UGT, y su esposa, Patrocinio Sierra. La instructora también señala a María de las Nieves Ruiz, esposa del dirigente de UGT de Jaén Rafael Mesa, y a Josefa Martínez, esposa del dirigente del mismo sindicato Luis García de los Reyes.
En resumen, la institución señala a tres intrusos de ocho en Saldauto, dos de 11 en Surcolor y uno de cinco en Hitemasa. Además, la jueza pedirá explicaciones sobre 'por qué incluye como intruso en Germans a Luis Vera Calzado'. Según sostiene, 'consta como trabajador de dicha empresa desde el 1 de junio de 1979'.
Aparte de eso, el auto recoge que, en la documentación, 'destaca otro dato que contrasta'. Francisco Javier Guerrero el que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social, aprobó una póliza para varias empresas y se comprometió a pagar 'casi 10 millones de euros'. Más tarde, dijo que efectuaría dos pagas de 1.981.000 euros a Bonpunt, para una póliza de 18 trabajadores. Los compromisos tuvieron lugar en abril de 2008 y febrero de 2009.
También en abril de 2009, 'se compromete al pago de 292.548 euros para 34 asegurados' de Cydeplast, mientras que 'en Springer Arteferro compromete la suma de 2.015.247 euros, más 796.978 euros posteriormente, para un colectivo de 12 trabajadores'. Con estos datos, Alaya pide a la Policía información 'sobre las razones que pueden motivar la diferencia económica en tales prestaciones en relación al número de trabajadores beneficiarios'.
ORGANIGRAMAS DE LAS INSTITUCIONES
La jueza de Instrucción reclama el organigrama de la Consejería de Empleo desde el año 1999 hasta la actualidad, incluidos 'los nombres de los titulares'. Pide lo mismo en el caso de la Viceconsejería, de todas las direcciones generales, asesores directos o indirectos, agencias e institutos dependientes de la Consejería y delegaciones provinciales.
También pide el organigrama de la Consejería de Economía y Hacienda desde el año 1999 y el de la Intervención General de la Junta. Asimismo, la Administración tiene que presentar el esquema de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, y de Presidencia.
Alaya solicita información 'sobre la dependencia, jerárquica o por delegación, de las referidas consejerías de las vicepresidencias del Gobierno'. Además, pide el nombre de sus titulares, 'fecha de toma de posesión y cese' y 'la composición del Consejo de Gobierno de la Junta en las fechas indicadas'. La institución tendrá que agregar a esos datos el nombre de los responsables del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), también desde 1999 hasta ahora.
De la investigación de los ERE de Mercasevilla y los de la Junta 'se deduce' que podría existir una trama 'que tendría por objeto la utilización fraudulenta de ERE'. Alaya dice que el procedimiento se habría llevado a cabo a través de 'planes de prejubilación anticipada mediante pólizas de rentas colectiva'. En este punto, alude a 'la inclusión (...) de personas que nunca habían trabajado en las empresas, con la intervención de éstas y con el indiciario conocimiento de la autoridad laboral'.
Dados los puntos en común, la instructora cree que el asunto 'deberá conocerse en un solo proceso'. En él, acuerda formar piezas separadas por cada una de las empresas investigadas y en las que 'se han detectado irregularidades según la denuncia de la Junta'.
MIENTRAS, LA JUNTA SE JACTA DE QUE SÓLO HA ENCONTRADO UN 1,20 POR CIENTO DE INTRUSOS
Manuel Recio, titular de la Consejería de Empleo, se jactaba este miércoles de que sólo hay 183 empleados relacionados con alguna irregularidad. Esto significaría que el 96,94 por ciento de los 5.982 trabajadores beneficiarios de ayudas no están ligados a ninguna actividad ilegal.
La institución sólo localizó a 72 personas incluidas en los ERE de compañías a las que nunca habían pertenecido. Los 'hombres de paja' suman un fraude de 9 millones de euros. Otros 111 empleados están vinculados a 'discordancias administrativas'. Es decir, que sí habían trabajado en las empresas con las que aparecían relacionadas, pero sus casos contienen alguna cuestión 'que debe ser aclarada y subsanada', explicó Recio.
La labor de los grupos de investigación se completó con el repaso de la documentación relativa a 68 empresas. En 24 de ellas hay 'hombres de paja' y en otras 18 hay 'discordancias administrativas'.
La cantidad defraudada se aleja, según Recio, de la que el PP estimaba en un principio. El partido 'decía que más de 600 millones de euros que hemos destinado en los diez últimos años a la política sociolaboral han estado mal utilizados'. La investigación 'deja bien claro' que los casos que la Consejería de Empleo no puede corroborar representan 'el uno por ciento'. El consejero colgó en Facebook los datos de la investigación.
EL PP-A PIDE AMPARO A LA PRESIDENTA DEL PARLAMENTO ANDALUZ
Fuensanta Coves, presidenta del Parlamento Andaluz, desoyó este miércoles la petición de amparo que le hizo el PP-A. La solicitud se relacionaba con el hecho de que la Junta de Portavoces sólo ha respondido a tres de las 120 preguntas escritas que la oposición registró el 14 de febrero. Todas las cuestiones giraban en torno a la trama de los ERE.
Durante la Junta, la propia Oña hizo la solicitud, argumentando que la situación es 'intolerable', como también lo es que Recio publicase los datos vía Facebook, 'antes de comparecer ante los medios' y de haberlos trasladados al Parlamento. La presidenta pidió a la popular que dejase seguir el orden del día y, tras un 'tira y afloja', la portavoz abandonó la sala, acompañada por Jorge Ramos, secretario general del grupo parlamentario popular.
Las críticas no tardaron en sucederse. Mario Jiménez, portavoz del PSOE andaluz, dijo que la actuación formaba parte de 'una estrategia del PP-A para montar un circo'. El portavoz se mostró satisfecho porque la proporción de recursos defraudados es 'muy pequeña'. De cualquier manera, recalcó que el Gobierno de la comunidad reclamará 'hasta el último céntimo de euro que se haya cobrado ilegalmente por parte de quien lo haya hecho'.
