El consejero andaluz de Economía, Antonio Ávila, cifró ayer en 17 millones de euros las ayudas percibidas irregularmente por los 241 perceptores ilegales de ERE detectados hasta ahora por la Junta, de entre 6.473 beneficiarios, y pidió que no se ofrezca una 'falsa imagen' de corrupción generalizada.
Ávila precisó en la comisión de investigación del Parlamento andaluz sobre estas irregularidades que estos 241 perceptores ilegales suponen sólo el 3,7% de los 6.473 empleados que recibieron ayudas de prejubilación de la Junta entre 2001 y 2010, y el 0,29% de los 81.464 trabajadores andaluces afectados por un ERE.
Sí proclamó que 'no debe permitirse un solo caso fraudulento' del uso de recursos públicos, pero denunció la 'injusta criminalización que, de manera interesada y a veces partidista', se ha hecho de los ERE.
Sí proclamó que 'no debe permitirse un solo caso fraudulento' del uso de recursos públicos, pero denunció la 'injusta criminalización que, de manera interesada y a veces partidista', se ha hecho de los ERE.
