La abogada general del Tribunal de Justicia de la UE (TUE), Juliane Kokott, dictaminó ayer que la ley española de desahucios vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza una protección eficaz de los consumidores frente a posibles cláusulas contractuales abusivas en las hipotecas.
El dictamen de la abogada general responde a una cuestión presentada por el juzgado mercantil de Barcelona, que debe dirimir una denuncia presentada por un ciudadano contra CatalunyaCaixa, que forzó su expulsión de la vivienda que ocupaba en enero de 2011 por impago de la hipoteca.
El ciudadano en cuestión solicita que se declare nula una de las cláusulas del préstamo hipotecario y que, en consecuencia, el procedimiento judicial de ejecución hipotecaria sea considerado también nulo.
En sus conclusiones, la abogada general recuerda en primer lugar que, al no existir en el derecho de la UE una armonización de las medidas de ejecución forzosa, corresponde a los Estados miembros establecer las modalidades procesales. No obstante, el dictamen precisa que la regulación procesal nacional no puede conducir a que se obstaculice la invocación de los derechos garantizados al consumidor por la directiva europea contra las cláusulas contractuales abusivas.
CARÁCTER ABUSIVO
En este sentido, la abogada general estima que 'la regulación procesal española es incompatible con la directiva, pues menoscaba la eficacia de la protección que ésta persigue'. Al contrario, la norma europea exige 'que el consumidor disponga de un recurso legal eficaz para demostrar el carácter abusivo de las cláusulas de su contrato de préstamo, merced al cual, si se da el caso, pueda detenerse la ejecución forzosa'.
La abogada general insiste en que el juez debe tener la posibilidad de suspender la ejecución forzosa hasta que se compruebe el carácter abusivo de una cláusula contractual, de modo que se impida un perjuicio del consumidor.
Tras conocer el dictamen europeo, una de las cuatro asociaciones con representación en la carrera judicial, el Foro Judicial Independiente recomendó a los jueces suspender todos los procesos de ejecución hipotecaria pendientes.
Por su parte, el magistrado de Barcelona que llevó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la ley hipotecaria española, José Manuel Fernández Seijo, apludió el dictamen, ya que a su juicio, demuestra la 'debilidad' del sistema jurídico actual y abre la puerta a que los jueces revisen de oficio si existen cláusulas abusivas en el crédito hipotecario y, en su caso, impedir el desalojo instado por el banco.
Asimismo, la Asociación Española de la Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) entregaron ayer al Ministerio de Economía sus datos estadísticos relacionados con los desahucios con el fin de que el Gobierno pueda hacer un balance de la situación y, en función de eso, tomar las decisiones oportunas para solucionar este problema social, informaron ambas patronales.
El ciudadano en cuestión solicita que se declare nula una de las cláusulas del préstamo hipotecario y que, en consecuencia, el procedimiento judicial de ejecución hipotecaria sea considerado también nulo.
En sus conclusiones, la abogada general recuerda en primer lugar que, al no existir en el derecho de la UE una armonización de las medidas de ejecución forzosa, corresponde a los Estados miembros establecer las modalidades procesales. No obstante, el dictamen precisa que la regulación procesal nacional no puede conducir a que se obstaculice la invocación de los derechos garantizados al consumidor por la directiva europea contra las cláusulas contractuales abusivas.
CARÁCTER ABUSIVO
En este sentido, la abogada general estima que 'la regulación procesal española es incompatible con la directiva, pues menoscaba la eficacia de la protección que ésta persigue'. Al contrario, la norma europea exige 'que el consumidor disponga de un recurso legal eficaz para demostrar el carácter abusivo de las cláusulas de su contrato de préstamo, merced al cual, si se da el caso, pueda detenerse la ejecución forzosa'.
La abogada general insiste en que el juez debe tener la posibilidad de suspender la ejecución forzosa hasta que se compruebe el carácter abusivo de una cláusula contractual, de modo que se impida un perjuicio del consumidor.
Tras conocer el dictamen europeo, una de las cuatro asociaciones con representación en la carrera judicial, el Foro Judicial Independiente recomendó a los jueces suspender todos los procesos de ejecución hipotecaria pendientes.
Por su parte, el magistrado de Barcelona que llevó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la ley hipotecaria española, José Manuel Fernández Seijo, apludió el dictamen, ya que a su juicio, demuestra la 'debilidad' del sistema jurídico actual y abre la puerta a que los jueces revisen de oficio si existen cláusulas abusivas en el crédito hipotecario y, en su caso, impedir el desalojo instado por el banco.
Asimismo, la Asociación Española de la Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) entregaron ayer al Ministerio de Economía sus datos estadísticos relacionados con los desahucios con el fin de que el Gobierno pueda hacer un balance de la situación y, en función de eso, tomar las decisiones oportunas para solucionar este problema social, informaron ambas patronales.
