La Policía Nacional registró ayer una sede del Instituto Nóos en Barcelona por la investigación del presunto desvío de 2,3 millones de euros por parte del Ejecutivo del expresidente balear Jaume Matas al instituto cuando éste estaba presidido por el Duque de Palma, Iñaki Urdangarín.
El juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, mantiene imputados al fundador de la entidad, Diego Torres, al director general de Deportes en la última legislatura del PP, José Luis 'Pepote' Ballester, y del ex gerente del Instituto Balear de Turismo (Ibatur), Raimundo Alabern.Los dos últimos firmaron dos convenios entre Ibatur y la Fundació Illesport con Nóos por 1,2 millones de euros en 2005 y 1,1 millones en 2006 para la celebración de un foro sobre turismo y deporte, si bien el destino de estos fondos no ha sido justificado. De acuerdo a las pesquisas llevadas a cabo, el gasto que en su día se presupuestó para la celebración del Forum Illes Balears Tour Sport no fue acreditado.
El Ejecutivo autonómico abonó a Nóos, a través de la Fundació Illesport y el Ibatur, un total de 2,3 millones de euros a pesar de que el evento duró tres días -entre el 22 y el 25 de noviembre de 2005-.
Son unos hechos investigados en la pieza número 25 de este complejo caso, que a nivel global investiga el presunto desvío de más de cincuenta millones de euros públicos durante la construcción del velódromo palmesano (2005-2007).
El propio Torres, quien sucedió a Urdangarín al frente de Nóos después de que el Duque de Palma abandonase el cargo, manifestó que los trabajos para los que se destinaron los fondos públicos se llevaron a cabo, y por tanto se dio cumplimiento a la pretensión de los dos convenios firmados para el foro. Sobre los convenios investigados en el caso, Matas admitió en su declaración como imputado que recomendó firmar los convenios y que 'lo volvería a hacer', tal y como recalcó el ex jefe del Ejecutivo a preguntas de la Fiscalía. Fue de este modo como Matas defendió la utilidad de los convenios y su tramitación, al asegurar que 'todo se hizo de forma correcta'. Sin embargo, sobre estos hechos ya se había interesado el Ministerio Público en otras comparecencias del caso.
Así, al respecto fue interrogada la entonces jefa de Gabinete de Matas, Dulce Linares, quien aseveró ante el juez, también en calidad de imputada, que la decisión de gestar el convenio fue adoptada por Matas, aunque negó que el ex jefe de la Administración autonómica le diese orden alguna para que prescindiera del control del gasto presupuestado.
También fue preguntado el entonces conseller de Turismo, Joan Flaquer, que defendió que con esta iniciativa el Ejecutivo pretendía apostar 'por la armonización del turismo y el deporte'.
El Ejecutivo autonómico abonó a Nóos, a través de la Fundació Illesport y el Ibatur, un total de 2,3 millones de euros a pesar de que el evento duró tres días -entre el 22 y el 25 de noviembre de 2005-.
Son unos hechos investigados en la pieza número 25 de este complejo caso, que a nivel global investiga el presunto desvío de más de cincuenta millones de euros públicos durante la construcción del velódromo palmesano (2005-2007).
El propio Torres, quien sucedió a Urdangarín al frente de Nóos después de que el Duque de Palma abandonase el cargo, manifestó que los trabajos para los que se destinaron los fondos públicos se llevaron a cabo, y por tanto se dio cumplimiento a la pretensión de los dos convenios firmados para el foro. Sobre los convenios investigados en el caso, Matas admitió en su declaración como imputado que recomendó firmar los convenios y que 'lo volvería a hacer', tal y como recalcó el ex jefe del Ejecutivo a preguntas de la Fiscalía. Fue de este modo como Matas defendió la utilidad de los convenios y su tramitación, al asegurar que 'todo se hizo de forma correcta'. Sin embargo, sobre estos hechos ya se había interesado el Ministerio Público en otras comparecencias del caso.
Así, al respecto fue interrogada la entonces jefa de Gabinete de Matas, Dulce Linares, quien aseveró ante el juez, también en calidad de imputada, que la decisión de gestar el convenio fue adoptada por Matas, aunque negó que el ex jefe de la Administración autonómica le diese orden alguna para que prescindiera del control del gasto presupuestado.
También fue preguntado el entonces conseller de Turismo, Joan Flaquer, que defendió que con esta iniciativa el Ejecutivo pretendía apostar 'por la armonización del turismo y el deporte'.
