El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid acordó hoy tramitar un nuevo decreto que regula las condiciones en las que los porteros han de realizar su trabajo en locales en copas y discotecas, y que establece que los aspirantes a ser 'puertas' deberán superar unas pruebas en la Academia de Policía Local que consistirán en un test psicotécnico y psicológico, y en un examen sobre los conocimientos básicos relacionados con esta materia.
Esta normativa se ha acelerado en la última semana después de la muerte, supuestamente a manos de los porteros de la discoteca 'El Balcón de Rosales', del joven Alvaro Ussía. Precisamente hoy, un auto firmado por el juez que lleva el caso señala que los tres porteros acusados permanecerán en prisión al existir numerosos indicios que los implican en el l crimen.
Según informó hoy en rueda de prensa el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, las personas que quieran trabajar de porteros de discotecas deberán ser mayores de edad, tener nacionalidad española o el permiso de residencia o de trabajo, no tener antecedentes penales por delitos contra las personas o contra el patrimonio, y superar las pruebas de la Academia de Policía. Una vez cumplimentados estos requisitos, los candidatos recibirán un carné que les acredite como porteros de discoteca y que tendrá validez por cinco años. Cumplido ese tiempo, estos profesionales deberán renovar su permiso.
Concretamente, los conocimientos se basan en un examen de conocimientos básicos relacionados con esta materia en el que se les preguntará por los derechos y las libertades, por las medidas de seguridad, los derechos de admisión, el horario de cierre y el régimen jurídico de los menores de edad. Así, deberán comprobar la edad de las personas que vayan a entrar en el local, así como la adquisición de la entrada o la localidad por parte de los asistentes; cobrar los billetes o entradas que dan acceso a los locales y vigilar que no se exceda el aforo autorizado. Del mismo modo, podrán requerir la intervención del personal del servicio de vigilancia de las instalaciones si lo hubiera y, en el caso de que no existiese, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para que se impida el acceso de las personas que incumplan las condiciones específicas de admisión autorizadas.
Entre sus funciones también está la de informar de los incidentes que tengan lugar en la sala y, si fuera necesario, ayudar a las personas que se encuentren heridas, así como ponerse en contacto con los servicios de emergencias cuando se requiera su presencia. Granados explicó que, a partir de la entrada en vigor de la normativa, los porteros tendrán que asegurar y facilitar el acceso de las personas discapacitadas, comprobar el estado de las instalaciones y el orden de la sala, garantizando el libre acceso a vestíbulos, pasillos escaleras o puertas de salida; así como controlar el tránsito en las zonas reservadas y llevar un control de los libros de reclamaciones existentes en el local.
Sanciones
Este decreto se aplicará al personal de cafés-espectáculo, salas de fiestas, discotecas y salas de baile, bares especiales y espectáculos o actividades recreativas con carácter extraordinario. En caso de incumplimiento, será el dueño de la sala el que pague las consecuencias, que serán consideradas como faltas graves. Así, podrán ser sancionados con una multa de 30.000 euros, con el cierre temporal del local o con su precinto definitivo en el caso de que se salten algún aspecto del nuevo decreto de manera continuada.
Granados precisó que será la policía quien se encargue de las labores de inspección de los locales, mientras que la Comunidad de Madrid será quien imponga la sanción por falta grave al empresario. Así, explicó que el trabajador, en este caso el portero, 'no puede tener ninguna culpa' en el caso de que se produzca alguna incidencia porque la policía no le considerará empleado en tanto en cuanto no esté documentado.
Tras hacerse pública esta nueva regulación, los empresarios de ocio nocturno se mostraron esperanzados, aunque temen que esta normativa se haya hecho 'en caliente', a raiz del caso de Alvaro Ussía. 'Me parece muy bien que la Comunidad de Madrid la saque ahora pero hay un temor a la hora de que regular y legislar en caliente pueda poner en riesgo el no hacerlo con la tranquilidad y con todos los puntos de vista y la concurrencia de todos aquellos que tienen algo que decir', señalo el presidente de la Asociación de Empresarios de Calidad del Ocio Nocturno (ECO), Dionisio Lara, quien señaló que su colectivo debería estar presenta en la elaboración de este texto por su conocimiento en el tema.
En prisión
Por otra parte, los porteros detenidos por la muerte del joven Ussía, seguirán en prisión por orden del juez que lleva el caso. De este modo, Antonio S.S., David S.G. y David A.A. continuarán en la cárcel de Soto del Real al considerar que había suficientes indicios de su participación en el crimen. En un auto dictado hoy el magistrado fundamenta su decisión en los indicios que existen contra los tres porteros tras las diligencias practicadas hasta ahora. Menciona las ruedas de reconocimiento en las que los testigos directos 'identificaron a los acusados como autores de los hechos'. También alude a los reconocimientos fotográficos realizados en sede policial.
Ahora, los tres acusados están a la espera del juicio, un proceso en el que el colegio Monte Tabor, en donde estudiaba la víctima. se personará como acusación particular, en calidad de perjudicado. 'Queremos Justicia. Que estos matones respondan por lo que hicieron', aseveraron las mismas fuentes. Los compañeros de Ussía han emprendido una serie de movilizaciones desde su muerte para reclamar a las instituciones que incrementen la seguridad en los locales de ocio nocturno para que no se repitan más asesinatos similares.
Mientras el PSOE ha pedido la comparecencia del alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, en el Pleno de la próxima semana para que explique los motivos por los que El Balcón de Rosales seguía abierto a pesar de contar con ocho solicitudes de cierre firmadas por la Policía Municipal. 'Creemos que el alcalde debe contestarnos y no esconderse tras lo que dicen los reglamentos. Además, debe hacerlo en el máximo órgano de representación democrática, el Pleno', señaló el portavoz socialista municipal, David Lucas. La Comunidad de Madrid también ha pedido, aunque en este caso al Ministerio del Interior, para que aclare si la seguridad del local donde ocurrió el suceso estaba habilitada para llevar a cabo sus funciones.
Según informó hoy en rueda de prensa el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, las personas que quieran trabajar de porteros de discotecas deberán ser mayores de edad, tener nacionalidad española o el permiso de residencia o de trabajo, no tener antecedentes penales por delitos contra las personas o contra el patrimonio, y superar las pruebas de la Academia de Policía. Una vez cumplimentados estos requisitos, los candidatos recibirán un carné que les acredite como porteros de discoteca y que tendrá validez por cinco años. Cumplido ese tiempo, estos profesionales deberán renovar su permiso.
Concretamente, los conocimientos se basan en un examen de conocimientos básicos relacionados con esta materia en el que se les preguntará por los derechos y las libertades, por las medidas de seguridad, los derechos de admisión, el horario de cierre y el régimen jurídico de los menores de edad. Así, deberán comprobar la edad de las personas que vayan a entrar en el local, así como la adquisición de la entrada o la localidad por parte de los asistentes; cobrar los billetes o entradas que dan acceso a los locales y vigilar que no se exceda el aforo autorizado. Del mismo modo, podrán requerir la intervención del personal del servicio de vigilancia de las instalaciones si lo hubiera y, en el caso de que no existiese, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para que se impida el acceso de las personas que incumplan las condiciones específicas de admisión autorizadas.
Entre sus funciones también está la de informar de los incidentes que tengan lugar en la sala y, si fuera necesario, ayudar a las personas que se encuentren heridas, así como ponerse en contacto con los servicios de emergencias cuando se requiera su presencia. Granados explicó que, a partir de la entrada en vigor de la normativa, los porteros tendrán que asegurar y facilitar el acceso de las personas discapacitadas, comprobar el estado de las instalaciones y el orden de la sala, garantizando el libre acceso a vestíbulos, pasillos escaleras o puertas de salida; así como controlar el tránsito en las zonas reservadas y llevar un control de los libros de reclamaciones existentes en el local.
Sanciones
Este decreto se aplicará al personal de cafés-espectáculo, salas de fiestas, discotecas y salas de baile, bares especiales y espectáculos o actividades recreativas con carácter extraordinario. En caso de incumplimiento, será el dueño de la sala el que pague las consecuencias, que serán consideradas como faltas graves. Así, podrán ser sancionados con una multa de 30.000 euros, con el cierre temporal del local o con su precinto definitivo en el caso de que se salten algún aspecto del nuevo decreto de manera continuada.
Granados precisó que será la policía quien se encargue de las labores de inspección de los locales, mientras que la Comunidad de Madrid será quien imponga la sanción por falta grave al empresario. Así, explicó que el trabajador, en este caso el portero, 'no puede tener ninguna culpa' en el caso de que se produzca alguna incidencia porque la policía no le considerará empleado en tanto en cuanto no esté documentado.
Tras hacerse pública esta nueva regulación, los empresarios de ocio nocturno se mostraron esperanzados, aunque temen que esta normativa se haya hecho 'en caliente', a raiz del caso de Alvaro Ussía. 'Me parece muy bien que la Comunidad de Madrid la saque ahora pero hay un temor a la hora de que regular y legislar en caliente pueda poner en riesgo el no hacerlo con la tranquilidad y con todos los puntos de vista y la concurrencia de todos aquellos que tienen algo que decir', señalo el presidente de la Asociación de Empresarios de Calidad del Ocio Nocturno (ECO), Dionisio Lara, quien señaló que su colectivo debería estar presenta en la elaboración de este texto por su conocimiento en el tema.
En prisión
Por otra parte, los porteros detenidos por la muerte del joven Ussía, seguirán en prisión por orden del juez que lleva el caso. De este modo, Antonio S.S., David S.G. y David A.A. continuarán en la cárcel de Soto del Real al considerar que había suficientes indicios de su participación en el crimen. En un auto dictado hoy el magistrado fundamenta su decisión en los indicios que existen contra los tres porteros tras las diligencias practicadas hasta ahora. Menciona las ruedas de reconocimiento en las que los testigos directos 'identificaron a los acusados como autores de los hechos'. También alude a los reconocimientos fotográficos realizados en sede policial.
Ahora, los tres acusados están a la espera del juicio, un proceso en el que el colegio Monte Tabor, en donde estudiaba la víctima. se personará como acusación particular, en calidad de perjudicado. 'Queremos Justicia. Que estos matones respondan por lo que hicieron', aseveraron las mismas fuentes. Los compañeros de Ussía han emprendido una serie de movilizaciones desde su muerte para reclamar a las instituciones que incrementen la seguridad en los locales de ocio nocturno para que no se repitan más asesinatos similares.
Mientras el PSOE ha pedido la comparecencia del alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, en el Pleno de la próxima semana para que explique los motivos por los que El Balcón de Rosales seguía abierto a pesar de contar con ocho solicitudes de cierre firmadas por la Policía Municipal. 'Creemos que el alcalde debe contestarnos y no esconderse tras lo que dicen los reglamentos. Además, debe hacerlo en el máximo órgano de representación democrática, el Pleno', señaló el portavoz socialista municipal, David Lucas. La Comunidad de Madrid también ha pedido, aunque en este caso al Ministerio del Interior, para que aclare si la seguridad del local donde ocurrió el suceso estaba habilitada para llevar a cabo sus funciones.
