La vicesecretaria de Política Electoral del PP andaluz, Patricia Navarro, manifestó ayer que el nuevo auto de la juez Mercedes Alaya demuestra que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, 'está implicado hasta las cejas' en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, que 'lo supo desde el principio', y que 'ya no cuela aunque Carmen Martínez Aguayo (consejera de Hacienda y Administración Pública) intente quitarle el muerto de encima'.
Navarro indicó que este auto 'marca un punto de inflexión en la investigación oficial sobre este caso, y que supone, sin duda, una nueva etapa en el caso de los ERE', porque la jueza 'va directamente al grano, y pone nombre y apellido a la equis de los ERE'. Además, continúa, el auto incide en 'esta implicación de los máximos dirigentes' del Gobierno andaluz, y lo hace, añade, 'con una declaración textual donde dice que de forma reiterada y explícita tanto el consejero de Economía (hoy presidente de la Junta) como IDEA y el consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, no usaron el procedimiento administrativo adecuado'.
FONDOS PÚBLICOS
Además, Navarro dijo que con el auto se pone de manifiesto que Griñán 'estaba más que al tanto de que el procedimiento utilizado no era el adecuado, y que además esto tenía consecuencia de forma y de fondo, como es el menoscabo de fondos públicos'. 'Una de las consecuencias de fondo es que si se hubiera hecho caso a los informes de intervención de la Junta de Andalucía no se hubieran asumido compromisos de pago por encima de los créditos presupuestarios, y que han supuesto un déficit acumulado desde 2001 a 2007 de más de 39 millones de euros'.
FONDOS PÚBLICOS
Además, Navarro dijo que con el auto se pone de manifiesto que Griñán 'estaba más que al tanto de que el procedimiento utilizado no era el adecuado, y que además esto tenía consecuencia de forma y de fondo, como es el menoscabo de fondos públicos'. 'Una de las consecuencias de fondo es que si se hubiera hecho caso a los informes de intervención de la Junta de Andalucía no se hubieran asumido compromisos de pago por encima de los créditos presupuestarios, y que han supuesto un déficit acumulado desde 2001 a 2007 de más de 39 millones de euros'.
