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LEY DE EXTRANJERÍA
PSOE, Sumar y Coalición Canaria han registrado este lunes, 15 de julio, la proposición de Ley para reformar la Ley de Extranjería y han instado al PP a que facilite su aprobación. El debate de toma en consideración se prevé para el Pleno del 23 de julio, con una tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia. La iniciativa modificaría el artículo 35 de la Ley de Extranjería, estipulando el reparto de menores migrantes no acompañados cuando el territorio supere el 150% de su capacidad de acogida.
Fuentes parlamentarias indican en que los grupos confían en, al menos, una abstención del Partido Popular para la toma en consideración. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha destacado que es "muy importante" la posición del PP para que la reforma salga adelante. "Lo que le toca ahora al Partido Popular, porque la pelota está en su campo, es ver qué hace el señor Feijóo, si se pone del lado de los derechos de la infancia o si sigue manteniendo las políticas ultra. Confiemos en que se ponga del lado de la defensa de los derechos de la infancia y de alguna manera facilite la aprobación de esta reforma del artículo 35", ha recalcado.
Según ha explicado a prensa la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, esta modificación va a permitir poner en marcha un mecanismo de acogida para la infancia migrante "de carácter vinculante y solidario" por todos los territorios de España. "Lo que hemos observado hasta la fecha es que el mecanismo vigente, que tenía un carácter voluntario, no estaba haciendo frente a la situación que hay ahora mismo en Canarias. Casi 6.000 niños y niñas están en las islas", ha apuntado.
En cuanto a la posible aprobación de la reforma, Rego ha expuesto que esperan que sea "lo más rápido posible porque se trata de una situación complicada, una situación que requiere una respuesta urgente". Igualmente, la ministra ha precisado que la reforma lleva asociada el mecanismo de acogida aprobado por unanimidad en la conferencia sectorial del año 2022 por parte de todas las comunidades autónomas, que llevaba asociado además un mecanismo de financiación. "Con esta propuesta también se garantiza una financiación suficiente para hacer frente a esta acogida vinculante y solidaria por todo el territorio por parte del gobierno. Por tanto, tiene recogidos todos los ingredientes, entendemos, suficiencia financiera y garantías de suficiencia financiera", ha subrayado.
Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha señalado que, tras registrar la reforma de la Ley de Extranjería, "se acaba, en cierta manera, un proceso interno, difícil y complejo" y ha añadido que "es la única solución que da respuesta definitiva a que los territorios frontera tengan que acoger todos los menores que lleguen a su ámbito".
También ha recalcado que la propuesta preserva el interés de las comunidades autónomas y que la "base" es la Conferencia Sectorial. "Todas tienen voz y tienen voto, que tiene financiación porque lo que hacemos es remitir a la financiación aprobada en septiembre del año 2022 por la Conferencia Sectorial y además damos un plazo de tres meses por si se quieren cambiar esos criterios y hacer un nuevo plan", ha explicado. Ha recordado Canarias tiene 6.000 menores migrantes no acompañados y que su tope son 2.000, por lo que tendrían que salir 4.000, que serían distribuidos en 12 meses en el resto de las comunidades autónomas. Además, añade todos aquellos menores que llegasen actualmente con sus derechos preservados y filiados por los responsables jurídicos, serían derivados en un plazo de 15 días.
En cuanto a la propuesta de Canarias de aprobar un decreto ley para que la acogida solidaria de estos menores se haga de manera inmediata, Torres ha dicho que el Ejecutivo comparte "la urgencia y la emergencia", pero ha agregado que también "hay que ser claros". "Un decreto ley se lleva a un Consejo de Ministros cuando tenemos asegurados en principio los apoyos para su convalidación, que se tiene que convalidar en 30 días. En estos momentos, a día de hoy, no tenemos apoyos. El Partido Popular no ha manifestado su sí y otros grupos han dicho que no", ha apuntado. Además, ha dicho que "aparte de dejar en una inseguridad jurídica a los menores que pudieran haberse desplazado, también sería una irresponsabilidad".
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