El Tribunal encargado del caso Malaya, contra la corrupción en Marbella (Málaga),dio por buenas las declaraciones del principal acusado, Juan Antonio Roca, cuando dijo que no pagó al exalcalde Julián Muñoz y que las iniciales JM asociadas a importes de dinero negro, recogidas en los archivos informáticos de la empresas Maras Asesores, la contabilidad paralela de Roca -que él mismo reconoció y avaló-, no se refieren al exregidor.
Así consta en la sentencia de la Audiencia de Málaga, notificada este pasado viernes, en la que Muñoz fue condenado a dos años de prisión por un delito de fraude y a ocho de inhabilitación por otro de prevaricación, pero que fue absuelto del delito de cohecho, es decir, por recibir dinero para cometer un delito, y también de otros cargos relacionados con convenios urbanísticos. Muñoz se enfrentaba a una petición fiscal de 10 años de cárcel. Según las acusaciones, el principal acusado le habría dado dinero, aunque Roca declaró que las iniciales JM se referían a otra persona, un asesor de la campaña electoral. Ahora, la Sala determina que aunque hubo sospechas iniciales que justificaron las medidas adoptadas, no llegan 'a la firme convicción' como para condenar por un delito continuado de cohecho.
EXALCALDESA
Sobre la exalcaldesa Marisol Yagüe y la que fuera primera teniente de alcalde Isabel García Marcos, la Sala también se ayuda de las declaraciones de Roca sobre las iniciales MY e IGM y los ingresos de dinero asociadas a las mismas, pero en este caso para condenar por un delito de cohecho continuado a ambas. Es más, en el juicio, aparte de reconocer la mayoría de las anotaciones, admitió pagos en sendos careos con ellas, aunque por otros motivos no delictivos.
Así, respecto a Yagüe, la Sala señala que esas anotaciones de los archivos Maras y en parte el testimonio de Roca, incluido el careo, 'vienen a corroborar el contenido de las investigaciones efectuadas por los agentes de la Udyco y plasmadas en los distintos informes policiales emitidos', por lo que considera que las manifestaciones de ella 'negando la realidad obedecen a un vano intento autoexculpatorio que no goza de viso alguno de verosimilitud'.
'La realidad', dice la Sala, es que el principal acusado 'le entregó' a Yagüe varias cantidades, de las que 438.000 euros estaban anotadas en relación con la adquisición de un piso en Madrid. El Tribunal precisa que en este punto Roca intentó 'dulcificar' los hechos 'convirtiendo en préstamos lo que es una simple dádiva propia del delito de cohecho'. Además, se enumeran otras declaraciones incriminatorias.
Yagüe se enfrentaba a 16 años de prisión, aunque ha sido condenada a seis años, dos de ellos y dos millones de multa por este delito continuado de cohecho para acto injusto no realizado. También se le condena por la adjudicación de la estación de autobuses por otro delito de cohecho y por malversación.
En el caso de García Marcos, el Tribunal concluye igual que respecto a Yagüe, que recibió dinero de Roca. Así, se indica que en el registro de su casa, en una caja fuerte camuflada, había 376.000 euros en efectivo en distintos sobres, 11 en total. 'Las cantidades que contienen dichos sobres se corresponden y coinciden en algunos supuestos con las diversas entregas que hacía constar Roca en su contabilidad', dice la sentencia.
'La realidad es que la señora García Marcos falta a la verdad descaradamente. Está en su derecho a mentir, pero no puede hacer creer a la Sala la procedencia lícita del dinero que refiere, sin prueba objetiva', según se pone de manifiesto en la sentencia, en la que se le condena en total a cuatro años de prisión y multa de 700.000 euros por cohecho continuado y alteración del precio de subastas, absolviéndola de los demás cargos.
EXALCALDESA
Sobre la exalcaldesa Marisol Yagüe y la que fuera primera teniente de alcalde Isabel García Marcos, la Sala también se ayuda de las declaraciones de Roca sobre las iniciales MY e IGM y los ingresos de dinero asociadas a las mismas, pero en este caso para condenar por un delito de cohecho continuado a ambas. Es más, en el juicio, aparte de reconocer la mayoría de las anotaciones, admitió pagos en sendos careos con ellas, aunque por otros motivos no delictivos.
Así, respecto a Yagüe, la Sala señala que esas anotaciones de los archivos Maras y en parte el testimonio de Roca, incluido el careo, 'vienen a corroborar el contenido de las investigaciones efectuadas por los agentes de la Udyco y plasmadas en los distintos informes policiales emitidos', por lo que considera que las manifestaciones de ella 'negando la realidad obedecen a un vano intento autoexculpatorio que no goza de viso alguno de verosimilitud'.
'La realidad', dice la Sala, es que el principal acusado 'le entregó' a Yagüe varias cantidades, de las que 438.000 euros estaban anotadas en relación con la adquisición de un piso en Madrid. El Tribunal precisa que en este punto Roca intentó 'dulcificar' los hechos 'convirtiendo en préstamos lo que es una simple dádiva propia del delito de cohecho'. Además, se enumeran otras declaraciones incriminatorias.
Yagüe se enfrentaba a 16 años de prisión, aunque ha sido condenada a seis años, dos de ellos y dos millones de multa por este delito continuado de cohecho para acto injusto no realizado. También se le condena por la adjudicación de la estación de autobuses por otro delito de cohecho y por malversación.
En el caso de García Marcos, el Tribunal concluye igual que respecto a Yagüe, que recibió dinero de Roca. Así, se indica que en el registro de su casa, en una caja fuerte camuflada, había 376.000 euros en efectivo en distintos sobres, 11 en total. 'Las cantidades que contienen dichos sobres se corresponden y coinciden en algunos supuestos con las diversas entregas que hacía constar Roca en su contabilidad', dice la sentencia.
'La realidad es que la señora García Marcos falta a la verdad descaradamente. Está en su derecho a mentir, pero no puede hacer creer a la Sala la procedencia lícita del dinero que refiere, sin prueba objetiva', según se pone de manifiesto en la sentencia, en la que se le condena en total a cuatro años de prisión y multa de 700.000 euros por cohecho continuado y alteración del precio de subastas, absolviéndola de los demás cargos.
