Los partidos que conforman el tripartito vasco (PNV, EA y EB) y Aralar censuraron hoy la petición de la Abogacía del Estado y el PP al Tribunal Constitucional de que las formaciones vascas no puedan personarse en el proceso sobre la Ley de Consulta. El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, consideró que la oposición tanto del Gobierno como del primer partido de la oposición es 'otra cortina de humo' para la 'paralización de la celebración de la Consulta'.
Del mismo modo, el Gobierno vasco se mostró conforme con la personación pues son 'destinatarios directos y particulares de dicha Ley, dado que les corresponde un papel activo en la misma'.
Tras recibir las alegaciones de PNV, EA, EB y Aralar a la suspensión cautelar de la Ley de Consulta impulsada por el lehendakari, Juan José Ibarretxe, el Tribunal Constitucional solicitó a las partes su opinión sobre la oportunidad de que estos partidos se personaran en el proceso. Ayer, el PP y la Abogacía del Estado pidieron al TC que no tenga en cuenta a las formaciones vascas ya que no tienen la capacidad jurídica de hacerlo, además de que sus argumentos son iguales o incluso copiados de los del Gobierno vasco.
Sin embargo, a juicio de Urkullu, los partidos vascos, que presentaron sus alegaciones 'contemplando sentencias y experiencias contrastadas' tando de instancias europeas como del TC, sí que tienen 'legitimación' para presentar sus alegaciones. El presidente del PNV consideró que 'la estrategia' de la Abogacía del Estado es 'responder a los intereses del Gobierno español', que se 'centran en el impulso de la suspensión automática' de la celebración de la Consulta. En cualquier caso, insistió en que el TC debe dictar sentencia antes del 15 de septiembre, fecha prevista para la celebración de la consulta.
Urkullu aseguró que la petición de la Abogacía del Estado 'no deja de ser otra cortina de humo de la Abogacía del Estado respondiendo a los intereses del presidente del Gobierno español para la paralización de la celebración de la consulta'. En este sentido, recordó que también han presentado sus alegaciones el Parlamento vasco y el Gobierno de Euskadi, por lo que 'hay legitimación suficiente en cada una de las partes actuantes'.
UN ATROPELLO DEMOCRATICO
El secretario de Comunicación de EA, Mijel Irujo, se pronunció en una línea muy similar, considerando que el abogado del Estado es 'un portavoz de Zapatero y de lo que sucede en La Moncloa'. Tras advertir al presidente del Gobierno que 'cerrar la puerta al diálogo, nunca ha tenido nada positivo', Irujo explicó que, a su juicio, 'como partidos políticos y, en definitiva, representantes de la sociedad', son los que tienen 'más derechos que nadie en ser parte en un proceso como éste' cuando 'el derecho a decidir está en tela de juicio'.
En un comunicado, EB afirmó que 'Zapatero y el Gobierno socialista se han quitado definitivamente la careta' con este 'atropello democrático'. 'Están demostrando que su apuesta por el diálogo era falsa y su auténtica naturaleza es la imposición y la intransigencia', añadió la formación de izquierdas, que considera que la decisión de la Abogacía del Estado es en la práctica 'minusvalorar' el papel de los partidos en un Estado de Derecho, limitar 'de facto' sus competencias e impedirles el ejercicio de potestades que tienen como representantes de la ciudadanía.
El coordinador de Aralar, Patxi Zabaleta, por su parte, se limitó a señalar que la Abogacía del Estado ha incurrido en una 'incoherencia' al decir que los partidos vascos no pueden personarse y 'ha confunddido cuáles son las partes de un juicio y los que presentan alegaciones'. 'En todos los juicios todo aquel que tenga interés puede efectuar declaraciones o presentar alegaciones', remarcó el coordinador de Aralar.
En su escrito, el Gobierno vasco considera que el tripartito y Aralar pueden estar presentes en el proceso, posibilidad que, a su juicio, se prevé en el artículo 24.1 Constitución Española, la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y 'la que apuntan diversas resoluciones' del Tribunal Constitucional, 'a fin de que, con plena 'igualdad de armas' respecto a las demás partes procesales, puedan libremente alegar lo que a su derecho convenga en este procedimiento'.
De esta forma, el Gobierno vasco señala en referencia al recurso de inconstitucionalidad 'y atendiendo precisamente a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos' que 'el TC ha considerado teóricamente posible la comparecencia o audiencia de otros sujetos distintos de los legitimados' por la Constitución y la legislación, 'por ejemplo en los casos en los que se examina la constitucionalidad de una Ley singular o de caso único'. Los servicios jurídicos del Gobierno vasco apuntan, en este sentido, que, en este caso, 'la Ley impugnada es una Ley singular al agotar su vigencia con su mera aplicación, y es de caso único'.
Los comparecientes, argumenta son 'destinatarios privilegiados' de la Ley, pues, como partidos políticos 'la Constitución les atribuyen la misión de encauzar y facilitar la participación política de la ciudadanía, que es precisamente el objeto de la Ley impugnada'. Por último, añade que tripartito y Aralar son 'destinatarios directos y particulares de dicha Ley, dado que les corresponde un papel activo en la misma, con el fin de canalizar dicha participación y, además, porque la segunda de las preguntas sometidas a consulta inquiere sobre el proceder de los partidos políticos vascos'.
Tras recibir las alegaciones de PNV, EA, EB y Aralar a la suspensión cautelar de la Ley de Consulta impulsada por el lehendakari, Juan José Ibarretxe, el Tribunal Constitucional solicitó a las partes su opinión sobre la oportunidad de que estos partidos se personaran en el proceso. Ayer, el PP y la Abogacía del Estado pidieron al TC que no tenga en cuenta a las formaciones vascas ya que no tienen la capacidad jurídica de hacerlo, además de que sus argumentos son iguales o incluso copiados de los del Gobierno vasco.
Sin embargo, a juicio de Urkullu, los partidos vascos, que presentaron sus alegaciones 'contemplando sentencias y experiencias contrastadas' tando de instancias europeas como del TC, sí que tienen 'legitimación' para presentar sus alegaciones. El presidente del PNV consideró que 'la estrategia' de la Abogacía del Estado es 'responder a los intereses del Gobierno español', que se 'centran en el impulso de la suspensión automática' de la celebración de la Consulta. En cualquier caso, insistió en que el TC debe dictar sentencia antes del 15 de septiembre, fecha prevista para la celebración de la consulta.
Urkullu aseguró que la petición de la Abogacía del Estado 'no deja de ser otra cortina de humo de la Abogacía del Estado respondiendo a los intereses del presidente del Gobierno español para la paralización de la celebración de la consulta'. En este sentido, recordó que también han presentado sus alegaciones el Parlamento vasco y el Gobierno de Euskadi, por lo que 'hay legitimación suficiente en cada una de las partes actuantes'.
UN ATROPELLO DEMOCRATICO
El secretario de Comunicación de EA, Mijel Irujo, se pronunció en una línea muy similar, considerando que el abogado del Estado es 'un portavoz de Zapatero y de lo que sucede en La Moncloa'. Tras advertir al presidente del Gobierno que 'cerrar la puerta al diálogo, nunca ha tenido nada positivo', Irujo explicó que, a su juicio, 'como partidos políticos y, en definitiva, representantes de la sociedad', son los que tienen 'más derechos que nadie en ser parte en un proceso como éste' cuando 'el derecho a decidir está en tela de juicio'.
En un comunicado, EB afirmó que 'Zapatero y el Gobierno socialista se han quitado definitivamente la careta' con este 'atropello democrático'. 'Están demostrando que su apuesta por el diálogo era falsa y su auténtica naturaleza es la imposición y la intransigencia', añadió la formación de izquierdas, que considera que la decisión de la Abogacía del Estado es en la práctica 'minusvalorar' el papel de los partidos en un Estado de Derecho, limitar 'de facto' sus competencias e impedirles el ejercicio de potestades que tienen como representantes de la ciudadanía.
El coordinador de Aralar, Patxi Zabaleta, por su parte, se limitó a señalar que la Abogacía del Estado ha incurrido en una 'incoherencia' al decir que los partidos vascos no pueden personarse y 'ha confunddido cuáles son las partes de un juicio y los que presentan alegaciones'. 'En todos los juicios todo aquel que tenga interés puede efectuar declaraciones o presentar alegaciones', remarcó el coordinador de Aralar.
En su escrito, el Gobierno vasco considera que el tripartito y Aralar pueden estar presentes en el proceso, posibilidad que, a su juicio, se prevé en el artículo 24.1 Constitución Española, la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y 'la que apuntan diversas resoluciones' del Tribunal Constitucional, 'a fin de que, con plena 'igualdad de armas' respecto a las demás partes procesales, puedan libremente alegar lo que a su derecho convenga en este procedimiento'.
De esta forma, el Gobierno vasco señala en referencia al recurso de inconstitucionalidad 'y atendiendo precisamente a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos' que 'el TC ha considerado teóricamente posible la comparecencia o audiencia de otros sujetos distintos de los legitimados' por la Constitución y la legislación, 'por ejemplo en los casos en los que se examina la constitucionalidad de una Ley singular o de caso único'. Los servicios jurídicos del Gobierno vasco apuntan, en este sentido, que, en este caso, 'la Ley impugnada es una Ley singular al agotar su vigencia con su mera aplicación, y es de caso único'.
Los comparecientes, argumenta son 'destinatarios privilegiados' de la Ley, pues, como partidos políticos 'la Constitución les atribuyen la misión de encauzar y facilitar la participación política de la ciudadanía, que es precisamente el objeto de la Ley impugnada'. Por último, añade que tripartito y Aralar son 'destinatarios directos y particulares de dicha Ley, dado que les corresponde un papel activo en la misma, con el fin de canalizar dicha participación y, además, porque la segunda de las preguntas sometidas a consulta inquiere sobre el proceder de los partidos políticos vascos'.
