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MÁXIMOS RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL
Así consta en un atestado en el que los agentes de la UCO dejan claro que, situados en la “cúspide de la dirección”, eran “imprescindibles para el funcionamiento de la organización debido a su capacidad económica, sus vinculaciones empresariales, contactos y conocimientos del sector de los hidrocarburos”.
El Instituto Armado pone en valor el control que De Aldama y Rivas ejercían “en todas las áreas de actuación de la organización criminal: logística, fiscal, bancaria e inmobiliaria”. “Sin ellos, la organización no tendría capacidad operativa ni delictiva al no existir otro miembro con los contactos necesarios para sustituirles, por lo que quedaría inoperativa”, señaló el informe.
Como máximos dirigentes de la estructura empresarial, aducen los agentes, controlaban y dirigían “la interposición de testaferros en los órganos de administración de las empresas suministradoras y en la operadora, para desvincularse de la responsabilidad derivada de la operativa fraudulenta investigada”.
La Guardia Civil sitúa a sendos empresarios como “los responsables últimos del presunto fraude cometido en entre noviembre del 2022 y febrero de 2024, cuantificado por la Agencia Tributaria en más de 182,5 millones de euros”. En los registros, la UCO de la Guardia Civil incautó ocho dispositivos móviles, tres Rolex, un Range Rover y 23.730 euros en efectivo a Claudio Rivas.
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