Se cruzan en las últimas semanas varias polémicas contra la imagen de Mercadona. Es tan indiscutible el éxito empresarial y los 100.000 empleados del grupo como que en su modelo de gestión hay varios ángulos ciegos sin corregir. El caso más ruidoso ha sido la contundente sanción de 2,5 millones de euros por la instalación ilegal en medio centenar de supermercados de sistemas de reconocimiento facial para detectar a condenados con órdenes de alejamiento contra la empresa. Pero quizás los más ilustrativos, por recurrentes, son las recientes investigaciones por su modelo laboral y las protestas de los últimos días por el precio de la leche.
Es sorprendente la opacidad con la que se manejó Mercadona en el episodio de los dispositivos biométricos y cómo luego filtró información incorrecta a los medios: tras la sentencia de la Audiencia de Barcelona determinando ilegal este proyecto piloto y aceptada la sanción de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), la cadena difundió una nota señalando que en todo momento habían ido informando del proyecto a las autoridades. Según la propia AEPD, Mercadona no usó “el mecanismo normativo establecido”, la agencia se tuvo que enterar por la prensa del proyecto y las cámaras siguieron activas hasta mayo.
Protestas esta semana
Esta semana se han celebrado varias manifestaciones a las puertas de diferentes centros del grupo organizadas por asociaciones ganaderas. En el punto de mira está el precio de la leche que fija la cadena a sus interproveedores y que acaba en las espaldas de los ganaderos con cantidades “inferiores a los costes de producción”. Las quejas se mimetizan con otras de productores de pollo o aceite contra el modelo de los valencianos y sus exigencias draconianas a las firmas que trabajan para ellos.
Y la relación laboral entre la empresa y sus trabajadores es otro viejo lunar: el expediente abierto por la Inspección de Trabajo en junio en A Coruña refrenda lo denunciado en un “Salvados” del 2016 y sucesivas investigaciones periodísticas, retratando las dificultades del empleado para cogerse una baja o sanciones arbitrarias.
Tensión por los precios de la leche: "Provocan el cierre de las granjas"
En la “Carta abierta a Mercadona: basta de mentiras”, unos 600 ganaderos organizados en Agraprol OPL denunciaron a finales de mayo cómo esta empresa establece unas tarifas para la leche por debajo del precio de coste: “Ustedes, fijando el precio de arriba a abajo consiguen que el brick sea el más barato, destruyendo valor en la cadena. No han conseguido mejor logística, ni una optimización de recursos ni procesos más eficientes. Simplemente pagan por debajo del precio de coste a sus proveedores. Lo que están haciendo es provocar el cierre masivo de granjas”. Según sus cálculos, Mercadona comercializa más del 30% de la leche líquida en España a través de seis grandes interproveedores, abastecidos a su vez por los ganaderos. “Y estos tienen que decir amén y para más escarnio, firmar una cláusula en el contrato que diga que con ese precio cubrimos los costes de producción, a sabiendas que en la gran mayoría de casos es mentira”, dice Agraprol.
Esta semana se celebraron manifestaciones a las puertas de supermercados de la cadena en varios puntos de España. En Lugo, integrantes de la Federación Rural Galega (Fruga) censuraron que Mercadona venda la leche "entre 58 y 62 céntimos el litro. Esos precios no repercuten en el ganadero", lamentó a Europa Press el sindicalista Elías Somoza, que señala responsabilidades: "Mercadona es quien tiene la posición de privilegio en la fijación de precios".
El interés de la empresa por encima de los ciudadanos
Este proyecto nace después de que dos personas fuesen condenadas en 2018 a un año de prisión y el veto a acceder a cualquier Mercadona tras un robo con violencia en Sant Boi de Llobregat. La empresa anunció en julio del 2020 la instalación de dispositivos de reconocimiento facial a la entrada de 48 tiendas para encontrar entre sus clientes a personas con una orden de alejamiento contra la cadena o sus trabajadores y, en ese caso, avisar a la Policía.
A partir de ahí, la polémica. Mercadona ha defendido que se apoyó en 37 sentencias firmes de órdenes de alejamiento, cumplió las reglas y que las imágenes captadas se borran a los 0,3 segundos. Enfrente, los expertos en protección de datos cuestionaron desde el inicio ese manejo de información personal y el origen de la base de datos -¿cómo acceden a las imágenes de los delincuentes?-. Uno de los afectados denunció el caso a la Audiencia de Barcelona y en junio se conoció el auto: la sentencia deniega la autorización para una medida "desproporcionada", ven una "violación de la intimidad" y que no recoge los intereses de la ciudadanía sino los de Mercadona. En paralelo, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) inició una investigación de oficio cuyo resultado se supo hace unos días: multa de 2,5 millones -era de 4 millones pero se rebajó por la conformidad-. La agencia dice que el carácter de prueba del proyecto es irrelevante al tratar datos personales, que Mercadona confunde “utilidad con necesidad", no siguió las normas -la AEPD se enteró por la prensa- ni valoró “los riesgos del sistema contra los trabajadores o personas vulnerables”.
Notables sombras en la relación con sus empleados
En junio trascendió que la Inspección de Trabajo inició un expediente sancionador a la compañía de Juan Roig tras el despido de una trabajadora en uno de los supermercados del grupo en A Coruña. Una denuncia de la CIG en la que explicaba la "indefensión" que sufre el personal debido a las "actas de reprimenda y de compromiso" provocó que Trabajo abriese a Mercadona el expediente por "infracción grave" por su particular método de evaluación, amonestación y, en última instancia, despido. En la resolución avanzada por Economía Digital, la Inspección de Trabajo considera que la cadena amonesta a su plantilla de manera encubierta y sin seguir el procedimiento previsto en el Estatuto de los Trabajadores, con “criterios arbitrarios". La CIG convocó en las últimas semanas varias concentraciones denunciando la “política do medo e represión que padecen os traballadores" de la cadena.
Además, el TSXG obligó en mayo a Mercadona a permitir a una trabajadora con dos hijos trasladarse a la tienda de Vilalba para conciliar. La empresa se había negado en su día, alegando que no había vacantes en ese destino pero el Alto Tribunal lo rebate al entender que la transformación de contratos temporales en indefinidos -como hicieron en ese súper tras rechazar la petición- es equivalente.
