No parece que el compromiso con el desarrollo sostenible coincida con inundar de grandes embalses espacios de alta sensibilidad ecológica de la Ribeira Sacra o el Macizo Central (Iberdrola) o la Agenda 2030 abarque tirar residuos en una zona protegida de A Limia y ni siquiera recogerlos tras ser multados (Banco Santander). La publicidad "verde" y esos códigos de buenas prácticas de ciertas grandes empresas se estrellan después con las sombras de, por ejemplo, el caso Villarejo.
Espiar a aliados o rivales
Las cloacas de Villarejo salpican directamente al Ibex. El juez García-Castellón imputó esta semana como personas jurídicas a Iberdrola Renovables, Caixabank y Repsol: a la primera le atribuye cohecho por presuntamente contratar al comisario jubilado para investigar a la empresa suiza Eólica Dobrogea y a las otras dos les imputa cohecho y prevaricación por hacer lo mismo con el objetivo del presidente de Sacyr, Luis Rivero. El ex presidente de Caixabank, Isidro Fainé, y el presidente de Repsol, Antonio Brufau, ya han declarado como imputados en esta causa. El máximo directivo de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, está también imputado por haber participado presuntamente en la contratación de Villarejo. Según El Confidencial, su compañía habría pagado un millón de euros para espiar a Florentino Pérez (ACS).
Contratar alarmas como “requisito" para los créditos ICO
La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) tiene abierta una investigación contra varias entidades bancarias por forzar a clientes a contratar alarmas y otros servicios a cambio del aval de los créditos públicos ICO durante la crisis del covid. Como avanzó El Mundo, los investigados son Caixabank -con un acuerdo de comercializar alarmas de Securitas Direct-, Bankia, Banco Sabadell y Banco Santander.
Sanciones por un mal tratamiento de los datos de sus clientes o incumplir la lista Robinson
Es un clásico de las empresas eléctricas o de seguros. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) lleva desde su creación incoando sanciones ejemplificadas en la más reciente: Vodafone tendrá que pagar 8,1 millones por no cumplir la normativa y hasta contactar con inscritos en la lista Robinson -directorio para no recibir publicidad; vulnerarlo también le costó multas a Mutua Madrileña o subcontratas de Jazztel-. El expediente de marzo del 2021 retrata cómo se suelen subcontratar los servicios de telemarketing: entre la telefónica y su proveedor hay 15 entidades jurídicas y personas físicas. Esta agencia también tiene pendiente resolver si son legales las cámaras de reconocimiento visual instaladas por Mercadona en varios supermercados.
Los ficheros de morosidad
Es una de las razones más habituales que están detrás de las multas de la AEPD: las listas de morosos se convierten en la práctica en un instrumento de extorsión a manos de las empresas de recobro, que acceden a deudas -en muchos casos no reconocidas o judicializadas- de firmas como Vodafone, Caixabank o Securitas Direct. España y Portugal son los únicos países de la UE sin una legislación específica para este sector, lo que sumado a multas laxas impide frenar los abusos de firmas como ISGF, sí descritos por la AEPD y los tribunales.
Contratación irregular
El veto en 2018 a la venta "puerta a puerta" señaló la magnitud de un problema trasladado al teléfono -al año siguiente se disparó un 50% la contratación por esta vía, según el Panel de Hogares de la CNMC-. En el eje queda hasta qué punto los comerciales que trabajan para las eléctricas informan a los nuevos clientes de las condiciones de contratación. El rosario de multas describe cambios de suministrador sin consentimiento, recomendación de cambios de tarifa sin informar que la nueva es más cara... Naturgy fue multada en 2019 con 1,2 millones por ofertar a 50.000 clientes una tarifa del mercado libre más elevada y Endesa con otros 260.000 euros ese mismo año por no acreditar el consentimiento de 17 clientes para la contratación.
Clientes engañados, condiciones abusivas y opacidad
Según la CNMC, el 14% de los hogares españoles que cambió de oferta de gas natural o electricidad no vio cumplidas las ofertas rebajadas y un 8% detectó costes adicionales en su factura. Este mismo organismo multó en junio a Iberdrola con 1,35 millones por comunicar en 2018 a 45.000 usuarios el cambio de su tarifa de gas de forma automática, sin informar de que la nueva era más cara y que tenían derecho a rescindir sus contratos. En el sector bancario, estos comportamientos se revelaron con toda su crudeza tras la crisis del 2008. Al Santander, y a tantos otros, se le acumulan condenas por colocar productos de alto riesgo a clientes sin que ellos conociesen esa realidad: en 2020 fue condenado a devolver un millón de euros a un cliente que confió los ahorros de su vida a los "Valores Santander", un producto especulativo presentado como depósito de plazo fijo.
Problemas para darse de baja en los servicios contratados
Otra queja recurrente en las oficinas de consumo. A la hora de darse de baja de ciertos servicios se acumulan los problemas. Clientes de Securitas Direct han denunciado cómo es ahí cuando descubren que el dispositivo que ellos pensaban alquilado es de su propiedad. Al rechazar tener que seguir pagando una alarma que no van a usar -con condiciones que desconocían debido a una contratación "borrosa"- acaban en los ficheros de morosos. Y de ahí, el que se mantiene firme, a la justicia o a la AEPD.
Inflar el precio de la luz
Otra investigación de la CNMC: Iberdrola fue multada en 2015 con 25 millones -ha recurrido- por aumentar ficticiamente el coste de la energía hidráulica. En paralelo, la UCO abrió investigación penal. La causa fue reactivada en marzo del 2021 en la Audiencia Nacional.
Publicidad "agresiva"
La presión publicitaria de Securitas Direct (SD) se puede unir a lo que sus críticos denominan la "campaña de miedo". Esto justo fue lo que le recriminó la Policía Municipal de Alcorcón el 15 de junio después de que un vecino explicase en Twitter que un comercial de la empresa le había llamado avisando de "la alta okupación de viviendas" en el municipio. La cuenta policial les acusó de usar "mentiras para atraer clientes". SD señaló que esto "no es acorde a nuestro riguroso código de conducta".
